Gobierno captaría $14.8 millones con nuevo cobro para jubilados

El futuro financiero de unos 95,000 pensionados por vejez o jubilados en Panamá ha quedado supeditado al desempeño de los muelles nacionales. De aprobarse en tercer debate y recibir la sanción del presidente José Raúl Mulino, el proyecto de ley 491, impulsado por la diputada Grace Hernández, establecería un mecanismo de recaudación que, basado en las cifras de enero a diciembre de 2025 de movimiento portuario, podría inyectar millones de dólares al programa de pensiones.

El eje central de la propuesta es el establecimiento de un pago adicional de $1.50 por cada contenedor de 20 pies (TEU) que arribe y sea procesado en las terminales panameñas. Tomando como referencia los datos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que reportó un crecimiento del 3.6% en 2025 alcanzando los 9.9 millones de TEU, el Gobierno Nacional tendría el potencial de captar cerca de $14.8 millones anuales para el nuevo fideicomiso de pensiones.

Este flujo de “dinero fresco”, como lo describe la proponente, busca cubrir la brecha de ingresos para aquellos panameños que actualmente perciben menos de $600 al mes. Sin embargo, la medida ha provocado un cisma con el sector empresarial.

Mientras el proyecto avanza en la Asamblea Nacional tras ser aprobado por unanimidad en comisión, los gremios advierten sobre las secuelas sistémicas. La Cámara Marítima de Panamá (CMP) rechazó enérgicamente la imposición de nuevas cargas al movimiento de contenedores, advirtiendo que Panamá compite directamente con otros hubs de la región por los mismos flujos de carga.

El gremio enfatizó que cualquier incremento en los costos puede provocar un “desvío de carga y debilitamiento de la posición competitiva nacional”. Asimismo, la CMP señaló que el impacto no se limitaría a los puertos, sino que alcanzaría a una “plétora de pequeñas y medianas empresas” y a las Industrias Marítimas Auxiliares que dependen del volumen de embarcaciones que transitan por el país.

Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) ha sido enfática en que el sector logístico representa el 11.8% del producto interno bruto (PIB), y cualquier carga adicional podría desviar la carga hacia puertos vecinos más económicos.

En igual postura, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) sostiene que este modelo de financiamiento carece de estudios actuariales y podría generar riesgos legales por posibles conflictos con contratos de concesión vigentes.

A pesar del rechazo gremial, la iniciativa fue suspendida este jueves 30 de abril al llegar a tercer debate. La propuesta se fundamenta en la premisa de no aumentar impuestos directos a los ciudadanos, utilizando la actividad del hub logístico como motor de bienestar para la tercera edad.