Gobierno Central con déficit fiscal de $5,275.4 millones a septiembre

El déficit fiscal del Gobierno Central alcanzó $5,275.4 millones entre enero y septiembre de 2025, equivalente al 5.82 % del PIB, según el más reciente informe del Balance Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Una vez más, el balance fiscal muestra un ahorro corriente negativo, esta vez por $3,158 millones. El Estado continúa recurriendo al endeudamiento para cubrir gastos corrientes. Estos gastos comprenden la planilla estatal, los subsidios, los intereses de la deuda pública y las transferencias del Gobierno Central a otras entidades.

La situación del déficit fiscal podría empeorarse cuando el gobierno cumpla con el aporte que se comprometió a dar de $960 millones al año al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social (CSS). Sobre este asunto, algunos expertos advierten que el gobierno podría optar por pagar con bonos a la CSS para evitar un aumento del déficit fiscal, como ocurre cuando paga los intereses preferenciales.

El elemento más preocupante del reporte oficial es la fuerte disminución de la inversión pública. El año pasado, de enero a septiembre de 2024, el Gobierno Central ejecutó $3,054.9 millones en inversión pública (gasto de capital). En el mismo periodo de 2025, la cifra cayó a $2,117.5 millones. Esto representa $937.4 millones menos destinados a obras, infraestructura y proyectos de desarrollo.

El pasado 7 de noviembre, el MEF comunicó que la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó su reporte de recaudación. El informe reveló que los ingresos corrientes del Gobierno Central se encuentran $1,890.7 millones por debajo de lo presupuestado en los primeros nueve meses de 2025. La meta era recaudar $7,626.8 millones, pero lograron $5,736.2 millones, situándose un 24.2 % por debajo de lo esperado.

Los ingresos generados por impuestos tributarios acumulados fueron de $4,738.5 millones, pero presupuestaron un objetivo de $7,747 millones, resultando en un déficit de $3,008.5 millones en esta categoría. A pesar del incumplimiento de la meta, los ingresos corrientes mostraron un aumento de $710.7 millones (+13.8 %) en comparación con el mismo período de 2024, lo que sugiere una recuperación en la actividad económica.

El MEF atribuye lo recaudado al reflejo de “un entorno económico en recuperación y un mayor dinamismo en la actividad productiva nacional, estimulados por la mejora en el empleo, el aumento del consumo interno y un clima macroeconómico estable”.

Varios analistas coinciden en que el presupuesto de ingresos para 2025 fue elaborado con “proyecciones infladas”. Lo delicado es que esas mismas proyecciones se usaron para elaborar el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2026 por $34,901 millones, y que aún se mantiene debate en la Asamblea Nacional. Si la realidad vuelve a desmentir el papel, las consecuencias serán las mismas: más déficit, más deuda y menor capacidad de inversión.

El déficit del Gobierno Central es la principal causa del aumento de la deuda pública. Por eso los economistas suelen decir que “el déficit fiscal de hoy es la deuda de mañana”. Hasta septiembre de 2025, el déficit fiscal acumulado se ubicó en $5,275 millones, mientras que la deuda pública creció $6,320 millones en este mismo periodo. En septiembre de 2024, la deuda sumaba $52,374 millones; un año después alcanzó los $58,694 millones, representando un 12 %.

El límite máximo de déficit permitido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF) para el Sector Público No Financiero (SPNF) en 2025 es del 4.0 % del PIB.

El incremento de la deuda obedece al canje de pagarés del Fondo de Ahorro de Panamá por bonos del Estado por $1,475 millones, a emisiones internas por $1,310 millones y a colocaciones de Bonos Globales por $696 millones, además de desembolsos multilaterales y bancarios que superan los $700 millones. Las amortizaciones alcanzaron $2,017 millones, lo que compensó parcialmente los nuevos préstamos.

Del total de la deuda, el 82 % proviene de fuentes externas y el 18 % de internas. Los Bonos Globales suman $32,281 millones, con un costo promedio de 5.27 %. El gasto en intereses representa el 7 % de los ingresos corrientes del Estado, una proporción mayor a la observada en 2004, cuando era del 4 %.

El Gobierno ha intentado controlar el gasto y mejorar la recaudación, pero los resultados indican que no es suficiente. Panamá sigue financiando sus operaciones con deuda pública. No obstante, los expertos advierten que el déficit fiscal presionará la deuda y la credibilidad del país.

Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, manifestó que “el déficit fiscal acumulado del Estado al mes de septiembre —es decir, hasta el tercer trimestre— es de -4.56 % del PIB, lo que representa un 0.56 % por encima de lo permitido por la LRSF. En un PIB nominal estimado de $90,573 millones, eso significa un déficit superior al 4 % legalmente permitido por unos $531 millones, que el Gobierno debe buscar cómo reducir para no violar la ley”.

Añadió que “cómo lo hará, no se sabe. Podría recortar gastos del presupuesto en octubre, noviembre y diciembre o acudir a la Asamblea Nacional para que modifique el porcentaje, aunque eso ya parece muy tarde. Con un déficit permitido de aproximadamente $3,600 millones, la única opción para cubrirlo es más deuda, lo que implica que la deuda pública será mayor al cierre del año”.

Respecto al compromiso del Estado con la CSS, Gordón advirtió que “pagar lo que por ley prometió, no lo podrá hacer en efectivo; si lo hace mediante bonos, traerá problemas a la CSS y seguirá perdiendo credibilidad ante las calificadoras de riesgo y ante la población”.

El académico agregó que “el cierre del año será con un déficit de 4 % o más, equivalente a unos $3,600 millones, lo que incrementará la deuda”.

Sobre el desempeño económico, sostuvo que “un crecimiento de 3.5 % no es motivo de alegría, porque no reduce el desempleo ni ayuda a resolver los problemas sociales del país. Estamos teniendo un crecimiento económico sin desarrollo sostenible, y eso es preocupante”.

Por su parte, el economista Víctor Cruz manifestó que “la variación negativa de la recaudación fiscal a septiembre de 2025 refleja el excesivo apalancamiento sobre el cual el Gobierno Nacional sustenta sus acciones. Esto implica que el crecimiento del aparato gubernamental no va aparejado con los ingresos que recauda el Estado. Sin embargo, parece pesar más el impulso por crear entidades y financiarlas con una varita mágica llamada deuda”.

Dijo que “no se pueden estar creando instituciones por el simple hecho de hacerlo o por responder a ciertas corrientes de opinión. Nadie se pregunta cómo se financiarán o si las entidades existentes ya podrían suplir esas supuestas nuevas necesidades”.

Explicó que “si los $960 millones que el Gobierno se comprometió a destinar al futuro del IVM se respaldan con bonos, estos instrumentos financieros podrían servir como aval. Pero no hay que olvidar que los bonos rinden intereses, que deben pagarse conforme a las condiciones de emisión”.

Cruz enfatizó que “el Gobierno mantiene un déficit corriente persistente, y eso no es sostenible. La prueba de ello es el incremento de la deuda que heredó la administración actual, lo que genera una presión excesiva sobre las finanzas públicas y afecta el riesgo soberano del país. Esa situación ya provocó la pérdida de varios peldaños en el grado de inversión, que tanto costó recuperar”.

Alertó además que “no existe tal cosa como un ahorro corriente negativo. Eso es simple y llanamente déficit fiscal”.

El economista sostuvo que “el servicio de la deuda este año carcome la ejecución presupuestaria, ya que se requiere pagar alrededor de $5 mil millones. Es una enorme irresponsabilidad haber incrementado la deuda a los niveles actuales sin generar fuentes de recuperación. Un endeudamiento como el que hoy enfrenta Panamá afecta negativamente la relación deuda/PIB, y eso repercute en el riesgo soberano y en la calificación crediticia del país”.

Finalmente, Cruz propuso que “las acciones que debería seguir el Gobierno incluyen un análisis de cadena de valor. Bajo ese esquema se podría evaluar la estructura gubernamental y el peso específico de cada entidad para resolver las necesidades de la población. Este método permitiría determinar si una institución existente, futura o redundante debe mantenerse, eliminarse o crearse, considerando también su impacto presupuestario”.

Tanto Gordón como Cruz coinciden en que el país enfrenta una situación fiscal delicada que exige decisiones responsables y transparentes. Coinciden que el manejo del déficit y de la deuda pública será determinante para mantener la estabilidad económica, la credibilidad del Estado ante los organismos internacionales y la confianza de los ciudadanos en la gestión fiscal.

Otros economistas, como Ernesto Bazán y Raúl Moreira, coincidieron en que la situación fiscal del país refleja un desequilibrio estructural que compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El economista y magister en Finanzas con MBA, Ernesto Bazán explicó que los ingresos corrientes del Estado se ubicaron $1,890 millones por debajo de lo proyectado, y advirtió que el cierre de 2025 podría reflejar una brecha cercana a los $2,500 millones.

Agregó que para 2026 se podría registrar un faltante similar, lo que implicaría que en dos años el país acumularía cerca de $5,000 millones no recaudados debido a errores de estimación.

Según Bazán, esta situación obligará al Estado a endeudarse solo para cubrir los desajustes en los ingresos, con una deuda adicional estimada entre $3,000 y $3,500 millones por año.

“Si el pago del MEF a la CSS por la aportación comprometida se realiza mediante bonos, se incurriría en deuda para cumplir con una obligación legal. Esa modalidad no aumenta el déficit, pero sí la deuda pública, y eso es lo más preocupante”, afirmó.

El especialista consideró que no sería una buena práctica pagar obligaciones del Estado con bonos, porque “se evitaría registrar esas salidas en efectivo, generando la percepción de que el déficit se controla cuando no es así”. Recalcó que lo más transparente sería que el MEF cumpla con los pagos a la CSS, al FAP y a los bancos de forma convencional.

Bazán señaló que Panamá enfrenta un problema estructural: las finanzas públicas solo pueden equilibrarse mediante deuda.“Eso no es sostenible y genera una peligrosa dependencia —una bola de nieve— porque los intereses crean más deuda y así sucesivamente”, advirtió.

Agregó que el aumento del pago de intereses obliga a recortar otros gastos, como en salud, educación o seguridad, lo que termina afectando a la población de menores recursos. “Si las finanzas públicas no cambian su forma de administrarse, será inminente que las calificadoras de riesgo reduzcan la nota soberana, dificultando la reactivación y la atracción de inversiones”, concluyó Bazán.

Por su parte, Raúl Moreira, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, señaló que las proyecciones optimistas de ingresos no se han cumplido, y que en condiciones normales eso habría requerido un fuerte ajuste del gasto público. Sin embargo, recordó que el Gobierno ya aplica una contención significativa, por lo que “nuevos recortes afectarían gravemente la atención de las necesidades de la población”.

El economista explicó que el pago del compromiso del Estado con la CSS mediante bonos aumentaría la deuda pública, aunque podría beneficiar a la CSS, al permitirle recibir el monto adeudado y los intereses asociados.“De esa forma, el Gobierno aliviaría su flujo de caja sin afectar su liquidez, aunque su imagen se vería comprometida por no poder cumplir el pago en efectivo”, dijo Moreira.

Aclaró que esta estrategia de pago con bonos debería aplicarse únicamente a deudas grandes y no recurrentes, ya que hacerlo con compromisos corrientes podría afectar la liquidez de proveedores y acreedores.“En el caso de obligaciones laborales con funcionarios, podrían volver a utilizar pagarés, como en años anteriores”, añadió.

Sobre el ahorro corriente negativo, Moreira consideró que este refleja un componente estructural, pero también arrastra rezagos derivados del manejo de los recursos durante la pandemia. “El pago de intereses de la deuda pública absorbe los aportes que realiza el Canal de Panamá, limitando la capacidad del Estado para invertir en servicios e infraestructura”, advirtió.

Según sus proyecciones, el Gobierno registrará un crecimiento cercano al 4 % en 2025, “pero ese crecimiento no se traduce en mejora del empleo ni en bienestar para la población”. Añadió que la actual situación fiscal genera preocupación entre las agencias calificadoras de riesgo, ya que eleva las tasas de interés que debe pagar el país.

No obstante, destacó que “Panamá continúa cumpliendo sus obligaciones y mantiene un crecimiento positivo, lo que hace menos probable una degradación adicional de su calificación soberana”.