Gobierno Central pagó planilla con deuda y recortó inversión en 2025

En 2025, el esfuerzo fiscal no logró revertir la inercia estructural de las finanzas públicas. Aunque el déficit del Sector Público No Financiero cerró en 3.68 % del producto interno bruto (PIB) y cumplió el tope legal de 4 %, el balance del Gobierno Central muestra que el Estado continuó recurriendo al endeudamiento para financiar gastos corrientes.

Durante el año pasado, el Gobierno Central utilizó deuda pública para cubrir planilla estatal, subsidios, transferencias e intereses, es decir, su funcionamiento básico.

Desde el punto de vista contable, esta situación se conoce como ahorro corriente negativo: cuando los gastos corrientes superan los ingresos corrientes.

En 2025, el gasto corriente ascendió a $12,554.2 millones, mientras que los ingresos corrientes sumaron $10,552.7 millones. El resultado fue un déficit de ahorro corriente de $2,001.5 millones. Esto confirma que el Gobierno no generó recursos suficientes para cubrir sus operaciones y tuvo que endeudarse para sostenerlas.

El ajuste fiscal se reflejó con mayor fuerza en la inversión pública.

En 2025, el gasto de capital del Gobierno Central se redujo en $1,017 millones, una caída de 27.2 % respecto a 2024. Mientras ese año la inversión alcanzó $3,734 millones, en 2025 descendió a $2,718 millones.

La inversión pública constituye el principal componente del gasto que impulsa infraestructura, obras y crecimiento económico. Su contracción evidencia que el equilibrio fiscal se logró principalmente mediante recortes en este rubro.

En términos simples, el déficit se redujo, pero a costa de una menor ejecución de proyectos.

Para Ernesto Bazán, economista y consultor en gestión de riesgos con más de 20 años de experiencia en calificación crediticia y asesoría a entidades financieras en América Latina, el problema es más profundo.

“El presupuesto de 2025 y el de 2026 no significaron una reducción real del gasto. Esto deja abierta la posibilidad de que el déficit continúe mediante traslados de partidas que aprueba la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Ahí tenemos una ventana abierta que dificulta gestionar el déficit fiscal”, explicó.

“En Panamá el déficit se cubre con deuda. Más deuda implica más intereses y menos recursos disponibles para servicios públicos para la ciudadanía”, precisó.

Para Bazán, la reducción del déficit no implica una corrección estructural.

“La estrategia de la gestión macroeconómica está equivocada. El hecho de que el déficit esté por debajo del 4 % no significa que la situación esté resuelta”, detalló.

El economista manifestó que parte de los gastos del último trimestre de 2025 fueron postergados para 2026.

“Los pagos correspondientes a facturas presentadas en el último trimestre se trasladan al año siguiente. Por lo tanto, el déficit de 2025 no incorpora todos los compromisos y no es representativo de la verdadera situación fiscal”, sostuvo

El economista comentó la necesidad de medidas más drásticas.

Entre sus recomendaciones mencionó aplicar una política de austeridad que limite gastos administrativos y superfluos, suspender temporalmente aumentos automáticos de salarios mediante reforma legal, y revisar la regla que destina el 7 % del PIB al sector educación, ya que distorsiona completamente la estructura del presupuesto.

“El presupuesto debe construirse en función de ingresos reales, no del PIB”, dijo.

También propuso revaluar subsidios, eliminar exoneraciones tributarias que no generen beneficios económicos y fortalecer la recaudación, incluyendo la ampliación de la facturación electrónica para mejorar la fiscalización.

Consideró que el país necesita un ajuste fiscal más contundente.

Bazán también insistió en que el ajuste no puede basarse solo en recortes.

“Es necesario hacer un gran esfuerzo por mejorar la recaudación tributaria. Se observan algunas mejorías hacia el final de 2025, pero persisten problemas estructurales”, señaló.

El economista indicó que la facturación electrónica no se aplica a todos los servicios profesionales, lo que limita la fiscalización y el cruce de información.

“Si la facturación electrónica no cubre todos los sectores, la capacidad de control es menor y eso afecta la eficiencia de la recaudación”, apuntó.

A su juicio, fortalecer los mecanismos de control tributario permitiría reducir el déficit sin depender exclusivamente de recortes en inversión o mayor endeudamiento.

“La situación es grave. Si no se corrige con firmeza, el país seguirá endeudándose y trasladando el costo a las futuras generaciones”, advirtió.

Para el economista Víctor Cruz, el problema va más allá del resultado de 2025.

“Yo sí creo que el déficit fiscal en Panamá es estructural porque no hay un solo año en que equilibremos el presupuesto sin recurrir a deuda. Mientras eso ocurra todos los años, el déficit se convierte en estructural”, afirmó.

Cruz restó importancia al leve superávit corriente de 0.04 % registrado en el Sector Público No Financiero. “Ese superávit es prácticamente insignificante. El peso del servicio de la deuda, que aumentó en los últimos años, se convierte en un lastre para que el Gobierno pueda mejorar su balance fiscal y ejecutar más obras”, aseguró.

El economista sostuvo que el alto nivel de endeudamiento limita por completo la capacidad de maniobra.

“Con una deuda de $59,000 millones, margen fiscal no hay. Cerca del 20 % del presupuesto se destina al pago de capital e intereses. Mientras los ingresos sigan siendo menores que los gastos, esa diferencia se cubre con deuda. Por eso no existe margen fiscal”, detalló.

Cruz también apuntó a la estructura institucional del Estado. “El país está recargado de muchas entidades y eso eleva el gasto. Es necesario reducir el tamaño del Estado, pero sin eliminar funciones esenciales. Se requiere una reestructuración gubernamental que preserve lo importante y elimine duplicidades”, dijo.

Además del frente fiscal, Cruz advirtió que las agencias calificadoras observan otros factores.

“Las calificadoras no miran solo el déficit. También evalúan el desempeño institucional, la ejecución de obras y la seguridad jurídica”, argumentó.

En ese sentido, mencionó que decisiones como la anulación del contrato de los puertos de Cristóbal y Balboa por parte de la Corte Suprema de Justicia forman parte del análisis de riesgo país.

“Cuando la seguridad jurídica se percibe en entredicho, esa percepción se transmite a los inversionistas. Las calificadoras reportan esas señales y eso influye en las decisiones de inversión. Panamá es evaluada tanto por su desempeño fiscal como por la fortaleza de sus instituciones”, dijo.

En 2025, el déficit del Gobierno Central ascendió a $4,701 millones, equivalente al 5.2 % del PIB, una mejora frente a los $6,557 millones o 7.6 % del PIB registrados en 2024.

Sin embargo, el desequilibrio del Gobierno Central sigue siendo el principal motor del crecimiento de la deuda pública.

La reducción del déficit es un avance en términos porcentuales. El desafío ahora es lograr que los ingresos corrientes cubran el funcionamiento del Estado sin recurrir al endeudamiento y sin debilitar la inversión pública.