Gobierno evaluaría ‘apoyos especiales’ y ‘transferencias monetarias’ para ley de descuento de jubilados
- 11/09/2026 14:11
La iniciativa busca actualizar los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 ante el aumento del costo de vida y las necesidades económicas de los adultos mayores
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el gobierno analiza distintas opciones para otorgar nuevos beneficios a jubilados, luego de la reunión sostenida esta semana entre el presidente de la República, José Raúl Mulino, representantes del sector privado y organizaciones de jubilados.
“Muy buena reunión. Yo creo que hubo una disposición a conversar y se reconoció que en la población hay retos importantes, situaciones de vulnerabilidad que deben ser atendidas”, señaló Chapman.
El titular del MEF destacó que las mesas de trabajo permitirán explorar ideas innovadoras que vayan más allá de iniciativas bien intencionadas pero insuficientes para resolver los problemas más urgentes.
Entre las alternativas mencionadas figuran ‘apoyos especiales’ y ‘transferencias monetarias’, aunque Chapman subrayó que “todas las ideas están sobre la mesa” para atender un problema claramente identificado.
El ministro recalcó su disposición a escuchar y aportar soluciones. “Reconozco esos retos que no son de ahora. Como ciudadano los he visto en todo lo que va de este siglo. En la medida que uno puede contribuir con ideas que logren mejorar la calidad de vida de esas personas, es una responsabilidad”, dijo.
Las discusiones entorno a los beneficiados de los jubilados se da entorno al proyecto de ley 226.
El proyecto, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, establece descuentos de 50% de lunes a jueves y de 40% los viernes, sábados y domingos, aplicables sobre tarifas regulares y promocionales de hospedaje.
La iniciativa busca actualizar los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 ante el aumento del costo de vida y las necesidades económicas de los adultos mayores.
El proyecto también establece sanciones para los establecimientos que se nieguen a aplicar los beneficios establecidos.
Las personas naturales o jurídicas que incumplan podrán ser sancionadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) con multas de entre $500 y $10,000.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) fue uno de los gremios que pidió vetar en su totalidad la iniciativa.
Aseguró que comparte la necesidad de proteger a este sector de la población, pero advirtió que la ampliación de beneficios debe hacerse bajo criterios de sostenibilidad económica y fiscal, sin trasladar de manera creciente los costos al sector privado, particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La Cámara sostuvo que los descuentos establecidos por ley representan para las MiPymes una reducción directa en sus ingresos, mientras que gastos como salarios, alquiler, energía, insumos, financiamiento e impuestos permanecen iguales o continúan aumentando.
Agregó que ante un incremento permanente de los costos, las empresas podrían verse obligadas a reducir sus márgenes, aumentar precios, postergar inversiones, limitar contrataciones o incluso dejar de operar.