Gremio de la construcción plantea ajustes a la Ley APP para ampliar la participación de empresas panameñas
- 26/11/2025 12:45
La Cámara Panameña de la Construcción advierte que la mayoría de los proyectos bajo el modelo APP superan los $250 millones, un nivel que limita la participación local sin mecanismos que incentiven la integración de firmas nacionales
La Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) afina una agenda técnica que presentará en 2026 ante la próxima legislatura de la Asamblea Nacional, con dos prioridades: introducir ajustes al marco legal que regula las Asociaciones Público-Privadas (APP) y evaluar el impacto fiscal de la propuesta de incentivos para viviendas de segunda mano. Según Alejandro Ferrer, presidente del gremio, ambos puntos son esenciales para fortalecer la competitividad, la sostenibilidad y la participación equitativa del sector.
Ferrer explicó que la Ley 93 de 2019 —que establece el régimen APP en Panamá— aún se encuentra en una fase temprana de implementación y apenas comienza a aplicarse con proyectos como la intervención del proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Este, cuya etapa de construcción inició hace cinco meses. Esta obra, estructurada en tres fases —estructuración, construcción y mantenimiento durante 14 años—, será el primer caso completo que permitirá evaluar de forma integral el funcionamiento del modelo bajo el marco legal vigente.
A la vez, continúa pendiente la adjudicación del tramo carretera Panamericana Oeste–Santiago, que se convertiría en la segunda obra de gran escala bajo el régimen APP.
“Panamá tiene experiencia en concesiones administrativas, como los corredores, pero bajo el marco APP este es el primer gran proyecto”. Sin embargo, destacó que este es el momento de poner a prueba la ley. “Pero también creemos importante que el marco legal permita una mayor participación de empresas panameñas, ya sea mediante consorcios o a través de sistemas de evaluación que otorguen puntaje adicional a quienes incluyan contratistas locales”, señaló Ferrer.
El presidente de la CAPAC recordó que la mayoría de los proyectos APP superan los $250 millones, lo que calificó como “una escala elevada para nuestro mercado”.
Precisó que “por eso proponemos que se permita la participación en consorcios y que, dentro del sistema de evaluación, los consorcios que incluyan contratistas nacionales reciban un puntaje adicional. Es una forma realista de abrir oportunidades a las empresas locales”.
Las APP son contratos de largo plazo entre el sector público y el privado destinados a crear, desarrollar, mejorar o mantener infraestructuras destinadas a la prestación de servicios públicos.
El gremio también propondrá en la nueva legislatura una discusión técnica sobre la propuesta de extender incentivos fiscales a la compra de viviendas de segunda mano. Aunque CAPAC no rechaza la idea, Ferrer advirtió que el Estado debe evaluar cuidadosamente su sostenibilidad, especialmente en un contexto de alto endeudamiento público.
Explicó que la Ley de Interés Preferencial —vigente únicamente para viviendas nuevas— tiene un universo acotado de proyectos, lo que permite medir y limitar su costo fiscal. En cambio, dijo, “no tenemos objeciones a que se evalúe un incentivo para viviendas de segunda mano; sin embargo, entendemos que el Gobierno está siendo muy cuidadoso con la cantidad de incentivos que puede asumir debido al alto nivel de endeudamiento actual”.
Y agregó: “En viviendas nuevas podemos identificar cuántos proyectos califican dentro del interés preferencial. Es un universo limitado. Pero en viviendas de segunda, ¿cuál sería ese número? Son todas las que ya tienen dueño. Por eso, cualquier incentivo para este segmento tendría un alcance fiscal muy amplio y sin techo”.
Ferrer reconoció que “no parece el mejor momento para que el Estado se comprometa con un incentivo de esa magnitud, aunque si se presenta una propuesta coherente y financieramente viable, no tendríamos inconveniente”.
CAPAC también identificó los proyectos que considera críticos para el próximo año, con el acceso al agua potable como principal preocupación. Ferrer recordó que sin nuevas fuentes y capacidad de producción, no es viable desarrollar proyectos residenciales o comerciales.
Ferrer advirtió que la ejecución de estos proyectos será determinante para dinamizar la economía, generar empleo y contener presiones al alza en la tasa de desempleo del sector construcción.