Gremios advierten que prohibición de vapeadores chocaría con el TPC

La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AMCHAM) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) advirtieron que el anteproyecto de ley 336 de 2025, que propone prohibir el uso, importación y comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, podría entrar en conflicto con las obligaciones internacionales asumidas por Panamá en el marco del Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos.

Ambos gremios hicieron llegar sus observaciones técnicas a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, donde coincidieron en que una prohibición total no solo plantea dudas desde el punto de vista de la política pública, sino que también podría exponer al país a riesgos legales y comerciales en la esfera internacional.

Desde la perspectiva del sector industrial, el SIP señaló que las medidas de prohibición absoluta representan un retroceso regulatorio. Recordó que en mayo de 2024 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una prohibición similar, al considerar que vulneraba los principios de igualdad y libre competencia.

El gremio subrayó que un enfoque prohibicionista desconoce precedentes jurídicos recientes y puede generar efectos contrarios a los objetivos de salud pública, al incentivar el comercio ilícito y limitar la capacidad del Estado para ejercer controles sanitarios y fiscales.

En contraste, el SIP respaldó un esquema de regulación integral, como el contemplado en el proyecto de ley 467 de 2025, también en discusión en la Asamblea Nacional. Según el gremio, este modelo permitiría establecer controles específicos para prevenir el acceso de menores de edad, fortalecer la supervisión sanitaria y aduanera, combatir el contrabando y formalizar un mercado que actualmente opera sin regulación ni aportes fiscales.

Por su parte, AMCHAM puso el énfasis en las implicaciones internacionales de la propuesta. El gremio advirtió que una prohibición de estos productos podría contravenir los compromisos asumidos por Panamá en el TPC con Estados Unidos, particularmente los principios de necesidad, proporcionalidad, no discriminación y transparencia establecidos en el Capítulo 21 del tratado.

AMCHAM señaló que la adopción de medidas que no se ajusten a estos estándares podría dar lugar a reclamaciones internacionales, arbitrajes o eventuales sanciones comerciales, además de afectar la confianza de inversionistas y socios comerciales en el país.

En ese contexto, el gremio exhortó a la Asamblea Nacional a revisar cuidadosamente el contenido del anteproyecto de ley 336 a la luz de las obligaciones internacionales de Panamá, así como a solicitar criterios técnicos al Ministerio de Comercio e Industrias y al Ministerio de Relaciones Exteriores antes de avanzar en su discusión.

Asimismo, recomendó abrir espacios de consulta con el sector privado y los gremios empresariales para evaluar de manera integral el impacto económico, comercial y jurídico de la iniciativa legislativa.

Tanto AMCHAM como el SIP reiteraron su disposición a colaborar con el Órgano Legislativo y las autoridades competentes en la construcción de un marco regulatorio que proteja la salud pública, respete el orden constitucional y fortalezca la seguridad jurídica, la formalidad y la competitividad de Panamá.