¿Incentivos turísticos hasta 2036? Así es el proyecto de ley que impulsa la ATP

Panamá busca un nuevo régimen de incentivos para el desarrollo turístico, con vigencia hasta diciembre de 2036, para seguir generando empleo, ampliar la capacidad de alojamiento, desarrollar nuevas regiones turísticas, fortalecer el turismo comunitario y promover la sostenibilidad ambiental.

Para ello, el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) presentó este lunes a la Asamblea Nacional el proyecto de ley 31-26, que establece el régimen jurídico de incentivos fiscales aplicable a las inversiones en la actividad turística en el país.

El rediseño plantea un balance entre la sostenibilidad fiscal y la necesidad de acelerar la transformación tecnológica, en consonancia con los lineamientos del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2025-2030, y establece un tratamiento diferenciado para los territorios con deterioro urbano.

La iniciativa es fruto de un consenso interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de la Presidencia, Promtur y la Cámara de Turismo de Panamá.

El ministro encargado de MICI, Omar Torres de León, comentó que con esta propuesta se busca convertir los incentivos en una herramienta estratégica, transparente y con beneficios trazables y medibles para la economía nacional frente a la competencia internacional por captar capitales.

Durante la sustentación de la propuesta, la administradora general de la ATP, Gloria de León, enfatizó que el sector turístico ha evolucionado hacia la búsqueda de experiencias completas por parte de los visitantes.

En consecuencia, dijo, el proyecto expande el catálogo de actividades incentivadas más allá de los hospedajes convencionales, contemplando cinco ejes principales.

El proyecto contempla una diferenciación territorial para acortar las brechas de inversión privada.

El régimen con mayores beneficios estará enfocado en el Caribe panameño, donde los proyectos de hospedaje con una inversión mínima de $500,000 podrán optar por una exoneración del Impuesto sobre la Renta (ISR) y del Impuesto de Inmueble por un periodo de 15 años, además de facilidades en materiales de construcción y equipamiento.

Asimismo, se contemplan incentivos específicos para desarrollos fuera del distrito de Panamá con el mismo tope mínimo de inversión ($500,000), promoviendo encadenamientos económicos locales para guías de turismo, artesanos, productores, restaurantes y transportistas.

Para evitar distorsiones tributarias, De León remarcó que el proyecto contempla mecanismos de fiscalización conjunta entre la ATP y el MEF, fianzas de cumplimiento, registro obligatorio de beneficiarios y auditorías costo-beneficio.

En caso de incumplimiento, simulación o uso indebido, el Estado podrá revocar los beneficios, ejecutar fianzas y cobrar los tributos exonerados.

La propuesta excluye expresamente de los beneficios fiscales a:

Otro aspecto del proyecto de ley es la regulación tributaria para los alquileres turísticos de corta duración (comercializados a través de plataformas digitales o de forma directa). La iniciativa propone fijar una tarifa diferenciada del 15% del ITBMS para este tipo de arrendamiento.

La administradora de la ATP aclaró que esta medida responde a una diferenciación intencional respecto a la hotelería regulada, la cual mantiene requisitos normativos e inversiones continuas.

Asimismo, subrayó que el pago de dicho impuesto “no constituye un permiso para operar ni legaliza actividades que se encuentren prohibidas” por la normativa local vigente.

Para reducir la burocracia y mejorar la competitividad del país frente a otros inversionistas extranjeros, el proyecto dispone la creación de la Ventanilla Única Turística, bajo la administración de la ATP.

Esta herramienta unificará la inscripción y certificación de elegibilidad en un procedimiento único, con un plazo máximo de respuesta de 60 días hábiles una vez entregada la documentación requerida.