Justicia de Perú avala supervisión estatal sobre el puerto de Chancay
- 06/07/2026 16:35
La justicia peruana restablece la supervisión estatal sobre el megapuerto de Chancay, una decisión que impacta el debate sobre inversión privada y regulación
La justicia de Perú revocó la sentencia que limitaba las facultades del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) sobre el puerto de Chancay, una decisión que refuerza el papel del Estado en la fiscalización de una de las mayores inversiones chinas en América Latina y abre una nueva etapa del litigio con Cosco Shipping Ports.
La resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo presentada por la empresa china y sostuvo que las actuaciones del regulador forman parte del ejercicio legítimo de sus competencias. La información fue difundida por la agencia estatal Andina y reportada por EFE.
Los magistrados concluyeron que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay constituye una infraestructura de transporte de uso público. En consecuencia, indicaron que la empresa que explota el puerto está sujeta a las funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción que la legislación peruana asigna a Ositran.
La decisión revoca una sentencia emitida en enero que ordenaba al regulador abstenerse de intervenir en las operaciones del puerto.
Además, el tribunal precisó que cualquier controversia derivada de actuaciones administrativas debe resolverse mediante los procedimientos previstos por la legislación peruana y no mediante una acción de amparo.
La empresa china anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Constitucional del Perú.
De acuerdo con el medio China en las Américas, el abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, sostuvo que el fallo cambia las reglas para la inversión privada y cuestionó que el proceso se resolviera con rapidez y sin analizar, a su juicio, el fondo del conflicto.
La defensa de Cosco argumenta que la Ley del Sistema Nacional de Puertos excluye de la supervisión de Ositran a las infraestructuras desarrolladas íntegramente con capital privado y sin contratos de concesión con el Estado.
También recordó que, según su interpretación, el propio regulador había sostenido en informes emitidos en 2017 que no tenía competencia para supervisar empresas sin concesión estatal.
El caso trasciende el ámbito judicial porque involucra al puerto llamado a convertirse en uno de los principales centros logísticos del Pacífico sudamericano.
Chancay inició operaciones comerciales hace un año con la expectativa de reducir a unos 20 días el tiempo promedio de transporte marítimo entre la costa oeste de Sudamérica y China, lo que podría fortalecer las cadenas comerciales entre ambos mercados.
En los últimos días, Cosco también sufrió otro revés judicial cuando un juzgado rechazó una demanda que buscaba frenar una investigación técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
El litigio mantiene abierto el debate sobre el alcance de la regulación estatal sobre grandes infraestructuras privadas consideradas de uso público, un tema que también resulta de interés para otros países latinoamericanos que impulsan inversiones estratégicas en puertos, logística y transporte.