Las claves para entender el proyecto de ley sobre sustancia económica

El proyecto de ley de sustancia económica es una de las mayores modificaciones al Código Tributario en la historia panameña. Se trata de una iniciativa que nos alinea con estándares internacionales adoptados por múltiples jurisdicciones y espera ser clave para la salida de Panamá de la lista gris de la Unión Europea. Sin embargo, no hay garantía de que Panamá salga del listado aún aplicando el cambio y múltiples abogados están preocupados por el texto tal cual fue presentado, llamándolo incluso “cataclísmico” si no se hacen modificaciones.

¿Qué es?

La sustancia económica es definida en el proyecto de ley como “la existencia y utilización efectiva en el territorio de la República de Panamá de recursos humanos adecuados, activos y gastos operativos adecuados, así como la dirección y control necesarios para la realización de actividades principales directamente vinculadas a la generación de rentas pasivas de fuente extranjera.”

En palabras más sencillas, se trata de que las empresas efectivamente hagan lo que dicen hacer en papel, tengan domicilio y personal en Panamá.

La legislación está dirigida específicamente a “entidades integrantes de grupos multinacionales constituidas o domiciliadas en la República de Panamá que obtengan rentas pasivas de fuente extranjera”.

Las empresas que no cumplan a cabalidad con todos los requisitos deberán pagar una tarifa fija de 15% sobre su renta bruta obtenida.

Uno de los puntos que despierta preguntas sobre la ley es que no se define exactamente que es “recurso humano adecuado”, ni exactamente cómo se calcula el “gasto operativo adecuado”.

Otras jurisdicciones que han adoptado legislaciones similares las han presentado junto el borrador de su reglamentación. En el caso de Panamá, todavía hace falta ver como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la reglamentaría.

Presiones internacionales

El presidente de la República, José Raúl Mulino, convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para debatir este tema con el objetivo de tener una ley discutida, consensuada y reglamentada antes de octubre, cuando se llevará a cabo la próxima reunión de la Unión Europea para revisar la inclusión de países en las llamadas “listas de paraísos fiscales”.

Para el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, la decisión va más allá de las solicitudes europeas.

“Este proyecto de ley es una decisión soberana, inteligente y estratégica de un país que entiende que el mundo ha cambiado y que los que se adaptan ganan”, declaró el titular del MEF. “Panamá es y seguirá siendo un centro de negocios internacional de primer nivel. Nuestra posición geográfica, nuestra infraestructura, nuestro talento humano, nuestro sistema financiero, todo eso sigue siendo una ventaja competitiva enorme. Esta ley no viene a debilitarla, viene a blindarla”, aseguró.

Chapman resaltó que las “empresas serias” serán beneficiadas con esta ley ya que reduce costos, elimina fricciones financieras con su país de origen, les da certeza jurídica y les abre las puertas que hoy están cerradas porque Panamá figura en listas. Enfatiza que Panamá no está renunciando a su régimen territorial y que no se trata de hacerle un favor a Europa sino a los propios panameños.

Por su parte, el exdefensor del Pueblo y abogado de Signature Regional Law Firm, Eduardo Leblanc, compartió algunas preocupaciones sobre el proyecto de ley.

“Mi posición técnica en la ley es favorable, pero con unas reformas puntuales. El texto como está considero que puede afectar las inversiones legítimas, las empresas SEM y otras empresas previamente registradas y elevar un poco la incertidumbre jurídica y generar una litigiosidad innecesaria”, advirtió Leblanc. “Debe evitarse un discurso que satanice de forma abstracta las estructuras sin operación o actividad económica directa. En Panamá, no toda estructura pasiva, llámese holding, llámese tesorería o de patrimonio, es abusiva”, resaltó.

Leblanc previno que si el país transmite la idea de que toda estructura no operativa es sospechosa por definición, se podrían afectar decisiones reales de localización, reestructuración, establecimiento de plataformas regionales. “Esa señal sería especialmente sensible para grupos que comparan a Panamá con otras jurisdicciones”, concluyó.

El objetivo para Leblanc es atraer inversión de calidad, mejorar la reputación del país y fortalecer la certeza jurídica. Pero advierte que si no se atienden puntos claves el resultado sería enfriar la inversión ya que se podría considerar menos predecible el ambiente en el país.

El abogado citó los casos de Singapur y Hong Kong, que han aplicado legislaciones similares, pero con definiciones más cerradas y criterios claramente reglamentados. “La lección para Panamá no es copiar esta fórmula, sino hacer un traje nosotros a nuestra medida”, concluyó.