Linares propone reformar FECI para incluir agroindustria
- 24/04/2026 00:00
El ministro de Desarrollo Agropecuario advirtió que la interpretación del FECI limita el acceso a financiamiento a la agroindustria; en 2025 la SBP desembolsó $64.4 millones a la banca
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, planteó la necesidad de reformar la Ley del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), al advertir que la interpretación actual del marco legal podría estar limitando el acceso de la agroindustria a este beneficio financiero.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, Linares cuestionó la aplicación del criterio de “materia prima 100% nacional” utilizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), al señalar que no se ajusta a la realidad productiva del país.
El ministro sostuvo que Panamá no produce todos los insumos necesarios para la actividad agropecuaria, lo que genera dificultades para que productores y agroindustrias accedan a los beneficios del FECI, incluso cuando utilizan materia prima nacional en sus procesos.
“Panamá no produce todos los insumos necesarios para la actividad agropecuaria”, reconoció Linares ante los diputados.
El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) explicó que la interpretación del numeral 8 del artículo 6 de la Ley 98 de 2019 podría estar excluyendo a sectores que dependen de insumos complementarios no producidos localmente.
Según indicó, la entidad cuenta con información documentada sobre agroindustrias que se ven afectadas por esta lectura restrictiva, lo que limita su acceso a financiamiento en condiciones preferenciales.
La situación, advirtió, genera un escenario contradictorio: productores que incorporan materia prima nacional en sus procesos quedan fuera del beneficio por utilizar insumos adicionales importados que no se fabrican en el país.
Ante este panorama, Linares recomendó modificar el numeral 8 del artículo 6 de la Ley 4 de 1994, con el objetivo de establecer criterios más claros que eliminen ambigüedades en la aplicación del FECI.
La propuesta busca diferenciar entre materia prima base y materia prima funcional o complementaria, de modo que la agroindustria no quede excluida por requisitos que no responden a las condiciones reales del mercado.
Como parte de las acciones ya emprendidas, el ministro destacó que la Dirección de Agroindustria del MIDA realizó una capacitación técnica dirigida a la gerencia del FECI en la SBP, en la que se abordaron estos criterios.
Linares también puso a disposición de la Asamblea Nacional el equipo técnico y legal del ministerio para contribuir en la formulación de los ajustes normativos necesarios.
La comparecencia del ministro reabre el debate sobre el alcance y la aplicación del FECI, en un contexto donde distintas entidades han planteado posiciones sobre su administración, distribución y uso.
El fondo, creado para apoyar al sector agropecuario mediante la compensación de tasas de interés, enfrenta cuestionamientos sobre si su diseño actual responde a la dinámica productiva del país.
El Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) se financia con una sobretasa del 1 % aplicada a préstamos personales y comerciales superiores a $5.000 otorgados por bancos. Estos recursos se utilizan para subsidiar tasas de interés en el sector agropecuario. Entre enero y diciembre de 2025, el fondo desembolsó $64.4 millones en reembolsos por descuento en la tasa de interés a la banca, según datos oficiales.
La SBP administra el fondo, mientras que el Ejecutivo define el porcentaje de su distribución.
El señalamiento del MIDA introduce un elemento clave en la discusión: la brecha entre el marco legal vigente y la estructura real del sector agroindustrial.
La exigencia de “materia prima 100% nacional” plantea retos en una economía donde muchas cadenas productivas dependen de insumos importados, lo que podría limitar el alcance del FECI como herramienta de fomento.
En ese sentido, la propuesta de reforma apunta a actualizar la normativa para evitar que el fondo, en lugar de facilitar el financiamiento, se convierta en una barrera de acceso.
La discusión ahora se traslada a la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Asuntos Agropecuarios deberá evaluar la viabilidad de introducir cambios a la legislación vigente.