MEF: Alza del combustible sí representará un desafío para las finanzas públicas

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que los precios de los combustibles continúan en aumento y que esta situación representa un desafío para las finanzas públicas del país.

“La mala noticia es que siguen aumentando los precios de los combustibles”, señaló el ministro, al tiempo que aseguró que los programas de subsidio al transporte público, escolar y de alimentos se mantendrán para proteger a la población.

Chapman explicó que el costo de estos subsidios es mayor al previsto y que la incertidumbre internacional complica las estimaciones. “Esperemos que finalice mayo para dar un cálculo más preciso, porque la estimación que le dé hoy puede variar la próxima semana”, indicó.

Hasta ahora, el rango de gasto oscila entre $10 y $15 millones, aunque el último incremento superó las proyecciones de los analistas.

Ante la volatilidad de los precios del petróleo provocada por la guerra en el Medio Oriente, el Gobierno Nacional activó a finales de marzo un fondo inicial de $100 millones para el nuevo programa de subsidio a los combustibles, a través de la Resolución de Gabinete 20-2026. En abril, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó al MEF un traslado de partida por $30 millones para cubrir la primera fase.

El subsidio cubrirá la gasolina de 91 y 95 octanos, así como el diésel, beneficiando en su primera fase a unos 45,000 vehículos del transporte selectivo y colectivo, que se encuentran registrados en la plataforma Panamá Conecta, la cual hasta ahora alcanza los 60,000 usuarios y un millón de transacciones.

El costo semanal estimado del subsidio es de $4.2 millones, con topes de consumo definidos para cada tipo de transporte, ya sea pesca artesanal, transporte de carga de alimentos o maquinaria agrícola.

Mediante la Resolución N.° 24-26, se autorizó al MEF a fijar topes a los precios de los combustibles de $3.33 por galón (0.88 por litro) para la gasolina de 91 octanos y $3.41 por galón (0.90 por litro) para el diésel bajo en azufre. La medida tendrá una vigencia de hasta diez meses.

El ministro del MEF precisó que alrededor del 12% de la flota vehicular del país está inscrita en el programa Panamá Conecta, principalmente transporte colectivo. Subrayó que el gobierno también continuará manteniendo el subsidio con el objetivo de mitigar el impacto del alza de los combustibles en los precios de los alimentos.

Además, confirmó que se mantendrá la protección en el consumo de energía eléctrica y el subsidio al gas licuado de petróleo, cuyo costo anual ya rondaba los $100 millones y podría subir entre 5% y 10% debido a la crisis internacional.

Chapman enfatizó que no se requerirán nuevas partidas presupuestarias, sino traslados y medidas de ahorro en otras áreas del Estado para financiar estos programas. “Estamos identificando esas fuentes de ahorro para garantizar que los panameños estén protegidos”, afirmó.

El programa de subsidio al combustible no alteraría de manera significativa las proyecciones de crecimiento económico ni el perfil crediticio del país, ya que los recursos provienen de ahorros en el servicio de la deuda, logrados tras operaciones de refinanciamiento y cancelaciones anticipadas de bonos que redujeron el costo de intereses, explicó el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, durante su paso por la Comisión de Credenciales.

“No estamos dejando de pagar la deuda, estamos utilizando los ahorros generados por la reducción de tasas”, enfatizó Fernández, quien además agregó que esto significa que el gasto en subsidios se compensa con menores pagos de deuda, manteniendo un impacto fiscal neutro.

“El efecto en el déficit es de cero, porque lo que ahorramos en intereses lo estamos utilizando para financiar el programa”, dijo.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció que “mantener las tarifas en el subsidio del combustible implica un esfuerzo fiscal gigante todos los días y todos los meses, mientras dure una crisis mundial que no avizora un final próximo. El Estado compensa la diferencia entre lo que realmente vale y lo que se paga en favor de los usuarios y demás sectores de la población”.

En un análisis realizado por La Estrella de Panamá sobre cómo las tensiones en el Medio Oriente, a través de la volatilidad del combustible, pondrían a prueba la disciplina fiscal de Panamá, economistas y financistas coincidieron en que los choques externos complican el cumplimiento de la regla fiscal, aunque difieren respecto a las alternativas de respuesta.

Para el financista Allan Corbett, el eventual incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal no afectaría la imagen internacional de Panamá, dado que se trata de un problema global. En todo caso, sugirió retrasar proyectos públicos que aún no han iniciado y explorar alianzas público-privadas como mecanismo de reactivación económica.

El economista Patricio Mosquera, por su parte, advirtió que los subsidios generalizados deterioran la calidad del gasto público. A su juicio, “lo recomendable es avanzar hacia medidas temporales y focalizadas, dirigidas a los sectores más vulnerables, para equilibrar el alivio social con la disciplina fiscal que el país necesita para conservar credibilidad”.

Mientras que el economista Raúl Moreira insistió en que antes de aumentar el déficit o recurrir a mayor endeudamiento, el Gobierno debe mostrar evidencias de racionalización del gasto, entre ellas un mayor control en la movilización de vehículos oficiales, reducción de viáticos y ajustes en jornadas laborales. Solo después de esos pasos, dijo, debería evaluarse recurrir al Fondo de Ahorro de Panamá o a nueva deuda.