Mipymes reducen su facturación hasta en 50 % en medio de protestas
- 21/05/2025 01:00
El presidente de Unpyme, Franklin Martínez, comentó que las empresas están regulando la compra de insumos por temor a un cierre total de las calles Para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), responsable del 70 % del empleo formal en el país, los cierres continuos de calles son muy negativos, pues generan pérdidas en la facturación de hasta el 50 %; así lo indicó el presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), Franklin Martínez, a este medio.
Las palabras de Martínez surgen en un momento en el que el país experimenta 27 días de protestas y cierres de calles en rechazo a la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
Aunque el sector de las Mipymes reconoció que los cierres de calles no se asemejan a los experimentados en 2023, Martínez comentó que el problema radica en la “percepción” que se está generando en el comercio local. “El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que iba a hacer lo que estuviera a su alcance para preservar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Aun así, el presidente no puede evitar que se genere incertidumbre en el comercio local, producto de las acciones de los grupos manifestantes”, indicó.
La pérdida de la certeza sobre el libre tránsito ha hecho que, según Martínez, la facturación de las Mipymes se reduzca hasta en 50 %, producto tanto de la falta de compradores como de la reducción en la compra de insumos para evitar pérdidas.
“La gente no está gastando plata porque está ahorrando y utilizando sus fondos para comprar víveres, y las empresas están comprando menos insumos para evitar que se pierdan ante un potencial cierre”, detalló.
Desde Unpyme alegaron que el problema de los cierres de calle es que no afecta al causante del malestar, sino a la clase trabajadora, lo que tiene un efecto perjudicial en la creación de nuevos empleos, así como en la conservación de los ya existentes. “Al comprar menos insumos, el precio de las cosas se eleva, haciendo que tengamos que prescindir de algunos trabajadores”, lamentó.
Un sector golpeado “En el año 2019, teníamos un parque empresarial saludable, con más de 96.000 empresas que tenían más de 25 años de trayectoria. En la actualidad, la cifra se incrementó a 202.000 empresas, las cuales, en su gran mayoría, tienen menos de cinco años”, detalló Martínez.
El líder de Unpyme explicó que el problema radica en que se trata de empresas con una realidad muy frágil, ya que, durante los primeros años de vida de un negocio, se comienza a crear la base de clientes y muchas veces no se generan ganancias reales hasta que se recupera la inversión inicial.
Ese “valle de la muerte”, como lo denomina, hace que cerca del 85 % de las empresas pueda quedar en la quiebra si no desarrollan su actividad comercial de manera constante y exitosa.
Según Martínez, cada día de cierre se traduce en $14,5 millones en pérdidas, dentro de un sector que es responsable del 34,5 % del producto interno bruto del país.
“La microempresa es eminentemente social. Es la madre que tiene un pequeño local que le permite enviar a sus hijos al colegio, el dueño de una panadería, una chapistería o una barbería. Son prestadores de servicios que trabajan a diario para llevar el sustento a sus hogares, y si les cortas el poder trabajar, es muy difícil”, puntualizó.
De allí que se estarán viendo en la necesidad de regular sus gastos para evitar el impacto de un potencial cierre.
El presidente de Unpyme pidió a la ciudadanía saber llevar sus críticas y propuestas a los espacios adecuados. “Nosotros no vamos a entrar a valorar las posturas políticas sobre la ley. En donde sí tenemos razón es en pedir paz. Las condiciones mínimas para desarrollar nuestro oficio sin incertidumbre”, sentenció.
“Están pidiendo que deroguen una ley que fue discutida de manera democrática en la Asamblea Nacional y que pasó por todas las etapas de consultas correspondientes. Si por cada ley que no les guste van a bloquear el país, adónde se supone que vamos a llegar. Esa ley no afecta a los educadores, a las personas de Bocas del Toro, a los doctores o enfermeras. Acá piden que se derogue una ley, pero no proponen nada”, acotó.
“La anterior ley [de la CSS] llevaba el país a la quiebra. Mi llamado a la población es que no se dejen agarrar de tontos y lean la ley”, concluyó.
Un salario limitado La idea de que la facturación de las Mipymes se esté reduciendo es producto de una disminución en las compras de los ciudadanos. Está en consonancia con los resultados del más reciente informe de Konzerta sobre los salarios de los panameños.
La investigación muestra que el 87 % de los encuestados gasta todo su salario en la primera semana, producto del pago de deudas, alimentos, alquileres, transporte, salud y educación. Solo el 2 % de los panameños logra que su salario le rinda el mes completo.
A esto hay que sumarle que el 34 % de los encuestados considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, el 55 % cree que está igual y solo el 11 % afirmó que mejoró.
“El informe es una radiografía de cómo prioriza el panameño cada centavo que cobra, mostrando que las necesidades básicas como alimentación, transporte, vivienda y el pago de deudas no solo son los gastos prioritarios, sino que consume más del 71 % del salario de una persona. De hecho, solo 23 % logra ahorrar algo a final del mes, mientras que para un 34 % de las personas trabajadoras su poder adquisitivo ha empeorado en los últimos meses”, explicó Jeff Morales, gerente de marketing de Konzerta.
Los panameños destinan la mayor parte de su salario a cubrir necesidades básicas, siendo la alimentación el gasto principal con un 17 %. Le siguen los pagos relacionados con vivienda, transporte y deudas, con 14 %, respectivamente. En un nivel intermedio se encuentran los gastos en educación (12%) y salud (11 %). Finalmente, en los últimos lugares del presupuesto mensual figuran vestimenta (8%), recreación (6 %) y otros gastos, que ocupan la menor proporción con un 4 %.
El 99 % de las personas trabajadoras desearía recibir un aumento salarial. De ese ingreso adicional, el 45% lo destinaría principalmente al pago de deudas, un 27 % optaría por ahorrarlo, el 17 % lo invertiría, un 6 % lo utilizaría para consumo personal y el 5 % restante lo emplearía en otros fines.
Se trata de un estudio elaborado por Konzerta, en el que participaron 950 personas trabajadoras en Panamá. La investigación analiza la evolución reciente de los salarios y cómo los panameños distribuyen sus ingresos mensuales.
Franklin MartínezPresidente de UnpymeLa microempresa es eminentemente social. Es la madre que tiene un pequeño local que le permite enviar sus hijos al colegio, el dueño de una panadería, una chapistería o una barbería. Son prestadores de servicios que trabajan a diario para llevar el sustento a sus hogares, y si les cortas el poder trabajar, es muy difícil”.
Para el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), responsable del 70 % del empleo formal en el país, los cierres continuos de calles son muy negativos, pues generan pérdidas en la facturación de hasta el 50 %; así lo indicó el presidente de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas (Unpyme), Franklin Martínez, a este medio.
Las palabras de Martínez surgen en un momento en el que el país experimenta 27 días de protestas y cierres de calles en rechazo a la Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS).
Aunque el sector de las Mipymes reconoció que los cierres de calles no se asemejan a los experimentados en 2023, Martínez comentó que el problema radica en la “percepción” que se está generando en el comercio local. “El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que iba a hacer lo que estuviera a su alcance para preservar el derecho al libre tránsito de los ciudadanos. Aun así, el presidente no puede evitar que se genere incertidumbre en el comercio local, producto de las acciones de los grupos manifestantes”, indicó.
La pérdida de la certeza sobre el libre tránsito ha hecho que, según Martínez, la facturación de las Mipymes se reduzca hasta en 50 %, producto tanto de la falta de compradores como de la reducción en la compra de insumos para evitar pérdidas.
“La gente no está gastando plata porque está ahorrando y utilizando sus fondos para comprar víveres, y las empresas están comprando menos insumos para evitar que se pierdan ante un potencial cierre”, detalló.
Desde Unpyme alegaron que el problema de los cierres de calle es que no afecta al causante del malestar, sino a la clase trabajadora, lo que tiene un efecto perjudicial en la creación de nuevos empleos, así como en la conservación de los ya existentes. “Al comprar menos insumos, el precio de las cosas se eleva, haciendo que tengamos que prescindir de algunos trabajadores”, lamentó.
“En el año 2019, teníamos un parque empresarial saludable, con más de 96.000 empresas que tenían más de 25 años de trayectoria. En la actualidad, la cifra se incrementó a 202.000 empresas, las cuales, en su gran mayoría, tienen menos de cinco años”, detalló Martínez.
El líder de Unpyme explicó que el problema radica en que se trata de empresas con una realidad muy frágil, ya que, durante los primeros años de vida de un negocio, se comienza a crear la base de clientes y muchas veces no se generan ganancias reales hasta que se recupera la inversión inicial.
Ese “valle de la muerte”, como lo denomina, hace que cerca del 85 % de las empresas pueda quedar en la quiebra si no desarrollan su actividad comercial de manera constante y exitosa.
Según Martínez, cada día de cierre se traduce en $14,5 millones en pérdidas, dentro de un sector que es responsable del 34,5 % del producto interno bruto del país.
“La microempresa es eminentemente social. Es la madre que tiene un pequeño local que le permite enviar a sus hijos al colegio, el dueño de una panadería, una chapistería o una barbería. Son prestadores de servicios que trabajan a diario para llevar el sustento a sus hogares, y si les cortas el poder trabajar, es muy difícil”, puntualizó.
De allí que se estarán viendo en la necesidad de regular sus gastos para evitar el impacto de un potencial cierre.
El presidente de Unpyme pidió a la ciudadanía saber llevar sus críticas y propuestas a los espacios adecuados. “Nosotros no vamos a entrar a valorar las posturas políticas sobre la ley. En donde sí tenemos razón es en pedir paz. Las condiciones mínimas para desarrollar nuestro oficio sin incertidumbre”, sentenció.
“Están pidiendo que deroguen una ley que fue discutida de manera democrática en la Asamblea Nacional y que pasó por todas las etapas de consultas correspondientes. Si por cada ley que no les guste van a bloquear el país, adónde se supone que vamos a llegar. Esa ley no afecta a los educadores, a las personas de Bocas del Toro, a los doctores o enfermeras. Acá piden que se derogue una ley, pero no proponen nada”, acotó.
“La anterior ley [de la CSS] llevaba el país a la quiebra. Mi llamado a la población es que no se dejen agarrar de tontos y lean la ley”, concluyó.
La idea de que la facturación de las Mipymes se esté reduciendo es producto de una disminución en las compras de los ciudadanos. Está en consonancia con los resultados del más reciente informe de Konzerta sobre los salarios de los panameños.
La investigación muestra que el 87 % de los encuestados gasta todo su salario en la primera semana, producto del pago de deudas, alimentos, alquileres, transporte, salud y educación. Solo el 2 % de los panameños logra que su salario le rinda el mes completo.
A esto hay que sumarle que el 34 % de los encuestados considera que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses, el 55 % cree que está igual y solo el 11 % afirmó que mejoró.
“El informe es una radiografía de cómo prioriza el panameño cada centavo que cobra, mostrando que las necesidades básicas como alimentación, transporte, vivienda y el pago de deudas no solo son los gastos prioritarios, sino que consume más del 71 % del salario de una persona. De hecho, solo 23 % logra ahorrar algo a final del mes, mientras que para un 34 % de las personas trabajadoras su poder adquisitivo ha empeorado en los últimos meses”, explicó Jeff Morales, gerente de marketing de Konzerta.
Los panameños destinan la mayor parte de su salario a cubrir necesidades básicas, siendo la alimentación el gasto principal con un 17 %. Le siguen los pagos relacionados con vivienda, transporte y deudas, con 14 %, respectivamente. En un nivel intermedio se encuentran los gastos en educación (12%) y salud (11 %). Finalmente, en los últimos lugares del presupuesto mensual figuran vestimenta (8%), recreación (6 %) y otros gastos, que ocupan la menor proporción con un 4 %.
El 99 % de las personas trabajadoras desearía recibir un aumento salarial. De ese ingreso adicional, el 45% lo destinaría principalmente al pago de deudas, un 27 % optaría por ahorrarlo, el 17 % lo invertiría, un 6 % lo utilizaría para consumo personal y el 5 % restante lo emplearía en otros fines.
Se trata de un estudio elaborado por Konzerta, en el que participaron 950 personas trabajadoras en Panamá. La investigación analiza la evolución reciente de los salarios y cómo los panameños distribuyen sus ingresos mensuales.