‘No es minar, es procesar’: el destino del cobre acumulado en Donoso

La administración de los recursos minerales en Panamá atraviesa un periodo de definiciones técnicas y operativas de alta trascendencia. Tras el cese de operaciones en noviembre de 2023, la atención se ha volcado hacia el material acumulado en la mina de Cobre Panamá, en Donoso. Recientemente, el Gobierno Nacional oficializó la resolución que autoriza la remoción y traslado fuera del país de este material, una medida que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) califica como “crítica para mitigar riesgos ambientales en la zona”.

Esta decisión no constituye un reinicio de la extracción primaria (voladuras y excavación), sino una respuesta técnica a un inventario de 38 millones de toneladas de roca ya minada que, de permanecer estática, representa una vulnerabilidad ecológica.

Cheryl Watemberg, consultora internacional en gestión estratégica minera con 25 años de trayectoria, es enfática al delimitar el alcance de esta medida: “Aquí nadie está hablando del proceso minero per se, sino del material almacenado”. Para la experta, se trata de una acción de responsabilidad que busca dar salida al stockpile (reservas) para proteger el entorno y dinamizar las finanzas públicas.

Según Watemberg, la minería ha funcionado como “un seguro y una póliza de vida para el fisco y para la estabilidad económica del país cuando más lo ha necesitado”.

Para comprender el impacto de esta medida, es necesario explicar la naturaleza técnica del proceso autorizado. El stockpile se refiere al material que ya fue extraído de la tierra pero que aún no ha pasado por la planta de procesamiento. Watemberg aclara que “esta operación no está habilitándose, se está habilitando simplemente el curso del stockpile”. El flujo de trabajo implica reactivar la planta de proceso —una infraestructura de talla mundial concebida hace 15 años con tecnología de punta— para transformar esa roca en producto terminado.

El procedimiento técnico consiste en:

Watemberg subraya que en este esquema “no hay nada del proceso de voladura, no hay nada de carga, acarreo, minado y todo lo que pasa dentro”.

El objetivo es meramente dar curso a lo que ya está en superficie. La experta estima que “este proceso de comisionamiento y ejecución tomará aproximadamente 11 meses para culminar con la salida del material vuelto concentrado”.

La urgencia de esta medida se fundamenta en el quinto informe del proceso de Auditoría Integral, presentado por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el cual registra un avance del 88.84%.

Este documento es la base técnica que justifica la intervención inmediata sobre el material acumulado. Según el informe, de un total de 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) categoría III, 147 han sido analizados y están en fase final de validación, mientras que 223 permanecen en proceso de cierre.

El hallazgo más relevante de la auditoría identifica la presencia de material de mediana y baja ley expuesto a condiciones climáticas sin procesamiento. Debido a la presencia de minerales sulfurosos, esta situación representa un riesgo potencial de generación de drenaje ácido de roca (DAR), el cual podría afectar la calidad de aguas superficiales y subterráneas.

El informe de MiAmbiente -que además detectó detecta fallas en reforestación y publicación de reportes- plantea que la remoción, tratamiento o procesamiento de este material es una medida técnicamente viable para reducir estos riesgos. Las conclusiones y los hallazgos de la auditoría se presentarán en mayo próximo.

Watemberg coincide con este diagnóstico: “Las condiciones en las que se presentó el plan de preservación y manejo seguro de este material a convertirse en concentrado, lo que garantiza es que elimina 100% el riesgo en el período en el que lo estipularon”.

La consultora añade que el material ha estado almacenado desde noviembre de 2023 en condiciones para las que no fue diseñado a tan largo plazo, por lo que procesarlo es un acto de coherencia ambiental.

Desde el ángulo financiero, el impacto de procesar y exportar este concentrado es masivo. El ministro del MICI, Julio Moltó, indicó que la resolución permite a la compañía iniciar la extracción y traslado del material fuera del país. “Ya estamos para dar el paso... para que la compañía pueda iniciar a remover este material para poderlo sacar del país”, expresó Moltó el 7 de abril.

Esta movilización ocurre en un momento en que el cobre cumple récords a nivel mundial debido a la transición energética.

Al contrastar las cifras, el impacto en la balanza comercial es evidente. Watemberg señala que el volumen de concentrado que se puede obtener es “cercano a tres veces lo que el año pasado se exportó porque ya lo tenían en bodega listo para ser exportado en su momento”.

Según cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones de bienes de Panamá totalizaron $1.319,9 millones, un incremento de 37% frente a 2024. Este repunte estuvo marcado por los envíos de cobre, por $339,8 millones, después de que en 2024 no se registraran exportaciones del mineral.

Esto sugiere que los ingresos para el Estado por concepto de regalías podrían triplicarse. “Los beneficios en regalías para el país pueden ser cercanos conforme al precio ley de oferta y demanda y del cobre en este momento a tres veces lo que vendieron el año pasado”, afirma la consultora. En septiembre de 2025, se exportaron poco más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre que permanecían almacenadas en la mina ubicada en Donoso, una operación que generó regalías por más de $29 millones, informó Moltó a finales de diciembre del apo pasado.

Para la especialista, es fundamental recordar que, antes del cierre de 2023, la minería en Panamá representaba aproximadamente el 5% del PIB y alcanzaba entre el 75% y 78% de las exportaciones del país en concentrado de cobre. Watemberg sostiene que el mundo requiere cobre para cumplir las metas de cambio climático de 2030 y 2050, y Panamá cuenta con un recurso estratégico que es un “jugador clave” en esta transición.

La dimensión social de la resolución del MICI se traduce en una reactivación del mercado laboral en Colón y Coclé. El proceso requiere la creación de 1,000 nuevas plazas directas para operar la planta, además de activar un encadenamiento que involucra a unas 1,200 compañías proveedoras. Watemberg estima que, sumando los servicios de alimentación, transporte, logística y mantenimiento, se crearán unas 3,000 plazas indirectas, beneficiando a un total de 4,000 familias.

En un momento donde el desempleo en Panamá supera el 10.45%, esta reactivación es vista como parte de la solución. El interés ciudadano es innegable: cuando se habilitó el portal para recibir hojas de vida, 60,000 panameños se postularon, sostuvo. “Imagínate que llenemos el estadio Rommel Fernández, no una vez, sino dos veces. Son 60,000 panameños que dijeron aquí estoy y yo quiero aportar a hacer minería bien hecha”, destaca Watemberg.

La especialista define a la industria como un “elevador de la calidad de vida... un elevador social que cuando llega a un municipio y a un territorio impacta en protección ambiental, en educación, en formación y nuevas oportunidades para jóvenes”.

En conclusión, la autorización para procesar el stockpile en Donoso representa un equilibrio entre la urgencia ambiental dictada por MiAmbiente y la necesidad fiscal y social gestionada por el MICI. Con una hoja de ruta de 11 meses, Panamá busca demostrar que puede manejar sus recursos de manera responsable y transparente. Watemberg enfatizó que este proceso es la oportunidad de mostrar que la minería puede ser “productiva, competitiva y sostenible”, posicionando al país como un actor relevante en la conversación de la transición energética mundial.