Obra pluvial de $3.6 millones en Limajo abre riesgo de demanda millonaria contra el MOP
- 02/02/2026 00:00
Fallas técnicas, daños estructurales y 11 años de afectaciones colocan al Estado ante una posible demanda por hasta $10 millones
Lo que debía ser la solución definitiva a una crisis de inundaciones que arrastra más de 11 años en el sector de Limajo, distrito de San Miguelito, se ha transformado en un potencial conflicto financiero para el Estado panameño. Mientras el Ministerio de Obras Públicas (MOP) reporta un avance superior al 96 % en el proyecto de mejora del sistema pluvial, propietarios del PH Comerciales Limajo denuncian fallas de diseño que —aseguran— han provocado daños estructurales irreversibles y advierten sobre una demanda de indemnización que podría alcanzar los $10 millones.
El proyecto fue adjudicado mediante licitación por mejor valor a la empresa Centroequipos S.A. por un monto de $3,688,007.68. El contrato No. UAL-1-02-2024 contemplaba el estudio, diseño y construcción de un nuevo sistema pluvial para reemplazar la tubería de 42 pulgadas colapsada en 2015, incluyendo un sistema de retención y 284 metros de tubería para desviar la cuenca hacia el río abajo o uno de sus ramales.
Sin embargo, el cumplimiento técnico del contrato ha sido cuestionado. Según informes y denuncias presentadas por Manuel Núñez, propietario mayoritario del PH afectado, la constructora no respetó los lineamientos de seguridad que exigían una separación mínima de 2.50 metros respecto a las estructuras existentes, edificando a apenas 1.30 metros del muro perimetral del edificio.
Para Núñez, quien posee el 69 % del PH Comerciales Limajo desde 2011, la obra no solo falló en integrarlo al nuevo sistema pluvial, sino que terminó por condenar su activo comercial. Con la elevación del nivel de la nueva laguna de retención hasta la cota del sótano, la propiedad quedó atrapada en un “hueco hidráulico”, sin posibilidad de desagüe natural.
El modelo de negocio del PH se basa en el alquiler de locales comerciales y depósitos con estacionamientos soterrados. Este último componente se volvió inutilizable debido a las inundaciones recurrentes, agravadas por la laguna que se produce por la mezcla de aguas pluviales con aguas servidas provenientes de una fosa séptica ubicada en la servidumbre de torres de alta tensión de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
El impacto financiero, según Núñez, se traduce en cifras alarmantes:
Desde 2015, el empresario asegura que se ha visto obligado a operar de forma permanente un sistema de bombeo para evitar inundaciones, lo que le ha impedido alquilar, vender o utilizar plenamente su propiedad.
“He presentado por tercera ocasión un derecho de petición al Ministerio de Obras Públicas para que me expliquen cómo voy a desaguar mis aguas pluviales, pero no he recibido una respuesta concreta”, señaló.
“Que la obra esté en su fase final es un avance, pero el problema de Limajo no ha sido solo técnico. Mi propiedad quedó por debajo del nivel de la nueva pluvial y me dijeron que siguiera bombeando el agua”, agregó.
La situación alcanzó un punto crítico. En una reciente visita de La Estrella de Panamá al sótano del PH Comerciales Limajo se constató el nivel de sedimentación de lodo seco, las marcas del nivel del agua en las paredes y la presión hidráulica generada tras el relleno del muro de retención donde se forma la laguna por la mezcla de aguas.
Según documentación presentada por Núñez mediante derechos de petición, esta presión habría provocado que el piso de concreto armado del sótano colapsara parcialmente, evidenciando la socavación de las bases del edificio. Un riesgo estructural que —según sostiene— no existía antes de la intervención del MOP.
Frente a los reclamos, el MOP ha sostenido que cumplió con el alcance contractual. En respuesta firmada por el ingeniero Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales, la entidad afirma que no tiene facultades legales para intervenir en propiedades privadas ni rehabilitar tuberías ubicadas bajo edificaciones particulares.
El ministerio argumenta que el nuevo sistema “elimina la causa principal de las inundaciones” y que la responsabilidad de adecuaciones internas y del desagüe de la finca PH41412 —donde se ubica el PH Comerciales Limajo— recae exclusivamente en sus propietarios.
En la nota OPE-2025-12-1226, Peregrina explicó que las obras ejecutadas consistieron en adecuaciones topográficas para proyectar un nuevo punto bajo de captación, clausurando la entrada de aguas pluviales al sistema antiguo de 42 pulgadas, con el objetivo de eliminar la escorrentía que atravesaba los edificios.
El MOP también señaló que las tuberías existentes de 42 pulgadas solo manejarán aportes pluviales de techos y estacionamientos de los edificios construidos sobre esa línea, y que cualquier solución interna debe ser diseñada mediante un estudio hidráulico privado.
El conflicto no es nuevo. En 2018, La Estrella de Panamá documentó las afectaciones que alcanzaban a más de 80 familias y comercios tras el colapso parcial de la tubería pluvial subterránea. Ese mismo año, el MOP ordenó la demolición de tres edificio al considerar que habían sido construidos sobre una servidumbre pluvial pública, en aplicación de la Ley 11 de 2006.
Las demoliciones fueron suspendidas tras la presentación de amparos de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. En 2021, el MOP revocó las órdenes y modificó las sanciones económicas, reconociendo la existencia de terceros adquirentes de buena fe y la complejidad técnica del caso.
La tubería se encuentra obstruida desde 2015. No obstante, PH Comerciales Limajo fue construido en 1997; PH Madison Tower, con 65 residencias, en 2012; y PH Operadora Universal en 2015. En julio de 2017, este último PH envió una carta al MOP asumiendo la responsabilidad de la obstrucción.
Con el cierre administrativo del caso por parte del MOP, Manuel Núñez sostiene que la vía judicial es el único camino restante. “Nos condenaron a inundarnos de por vida. No me dejan otra opción que demandar al Estado”, afirmó.
El caso Limajo se perfila como un ejemplo de cómo una inversión pública millonaria, si no resuelve el daño patrimonial previo y genera nuevos riesgos estructurales, podría terminar costándole al Estado el triple de su valor original en indemnizaciones.