Panamá analiza ventajas y riesgos para su ingreso en la OCDE

Lo acercamiento de Panamá a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un tema que divide opiniones entre quienes lo ven como una oportunidad de modernización y quienes lo consideran un riesgo para la soberanía fiscal.

El foro CADE 2026, organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), se convirtió en ese escenario de un intenso debate sobre el futuro institucional y económico del país.

El asesor en política pública y experto en comercio exterior, Leroy Sheffer, planteó que Panamá enfrenta un momento clave para definir su visión de país. A su juicio, el acercamiento a la OCDE debe asumirse como un ejercicio de evaluación nacional que permita revisar los estándares actuales en materia de gobernanza, políticas públicas y desarrollo económico.

“El acercarse a la OCDE nos ofrece la oportunidad de poder definir estándares, los estándares hacia donde queremos llevar nuestro país, la gobernanza y o la gobernabilidad de futuras generaciones”, afirmó el exjefe negociador del Tratado de Promoción Comercial.

Sheffer explicó que este proceso abre la puerta a discusiones estructurales sobre disciplina fiscal, equidad social y fortalecimiento de sectores productivos, considerados pilares de la economía panameña.

Según dijo, se trata de “tomar una radiografía del país de hoy para llevarlo al país del futuro”, en un ejercicio que permitiría comparar el desempeño nacional con el de socios comerciales que han alcanzado mayores niveles de desarrollo inclusivo.

En cuanto a la hoja de ruta, el especialista señaló que corresponde al Gobierno Nacional definir los pasos formales. Sin embargo, advirtió que el sector privado debe prepararse para una revisión profunda de sus estructuras productivas.

En ese sentido, destacó que gremios y profesionales independientes tendrán que adaptarse a posibles cambios derivados de esta evaluación, lo que podría implicar transformaciones en la forma tradicional de hacer negocios en Panamá. Para Sheffer, el proceso representa una oportunidad para modernizar el sistema de gobierno y fortalecer la competitividad del país en un entorno global cada vez más exigente.

La visión optimista de Sheffer contrastó con la postura crítica del abogado y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Enrique Linares Franco, quien reiteró su rechazo a una eventual adhesión.

Durante un panel centrado en la conveniencia de integrarse a la OCDE, Linares expuso argumentos que ha sostenido por más de dos décadas en contra de esa posibilidad.

“Ingresar a la OCDE sería un error garrafal”, afirmó, al considerar que el organismo no opera bajo las normas tradicionales del derecho internacional público y que, en la práctica, funciona como un grupo de países que busca proteger sus bases fiscales y establecer estándares que podrían afectar a economías más pequeñas.

El jurista advirtió que la adhesión comprometería la soberanía fiscal del país, al limitar la capacidad de Panamá para definir su propio régimen tributario.

“La fiscalidad es una parte fundamentalísima de esa soberanía”, enfatizó Linares, quien además, cuestionó los mecanismos de presión utilizados por la OCDE, como la inclusión en listas discriminatorias, que —según dijo— buscan influir en las decisiones de países que no adoptan sus lineamientos.

El abogado también se refirió a propuestas legislativas relacionadas con la llamada “ley de sustancia”, que —según afirmó— podría modificar en la práctica el régimen fiscal territorial del país al imponer requisitos adicionales.

Para Linares, este tipo de iniciativas reflejan la influencia de organismos internacionales en la política interna y constituyen un riesgo para la autonomía de Panamá.

Insistió en que cualquier relación con organismos internacionales debe darse en condiciones de igualdad y respeto mutuo. “Tiene que ser una relación entre pares”, concluyó, dejando claro que, en su opinión, Panamá no debe aceptar imposiciones que comprometan su soberanía.