Panamá: Plan de ordenamiento territorial le costará $50 millones al Gobierno
- 27/03/2026 00:00
El Miviot hizo este anuncio en el marco del foro ‘Panamá hacia una ciudad sostenible’, organizado junto a la Senacyt, donde autoridades e investigadores coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas con base en evidencia científica y participación ciudadana
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) anunció una inversión de $50 millones para la elaboración y ejecución de planes de ordenamiento territorial en distintas regiones del país, como parte de los esfuerzos por impulsar un desarrollo urbano sostenible y planificado.
El anuncio se realizó en el marco del foro “Panamá hacia una ciudad sostenible”, organizado junto a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), donde autoridades, investigadores y especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer las políticas públicas con base en evidencia científica y participación ciudadana.
Durante su participación, el viceministro de Ordenamiento Territorial, Frank Osorio Abadía, explicó que actualmente se trabaja en planes de ordenamiento en Arraiján, La Chorrera, Santa Isabel en Colón, así como en un plan parcial vinculado al área de influencia del Metro. También se adelantan procesos de actualización normativa en Chitré y Tonosí, mientras que los planes de Tierras Altas y Boquete están en fase final previa a su aprobación.
“La inversión destinada a estos proyectos supera los $5 millones, con apoyo de organismos multilaterales, y el objetivo es estructurar una visión de planificación a largo plazo, de 15, 25 y hasta 30 años, que permita ordenar el crecimiento del país de manera coherente y sostenible”, comentó.
El viceministro subrayó que el interior del país representa la gran esperanza para un desarrollo que llegue a todos los territorios, considerando que cerca del 50% de la población vive en áreas metropolitanas, mientras que el otro 50% en el interior también necesita crecer con planificación.
En cuanto al proceso de elaboración de los planes, Osorio recalcó que se realizan consultas públicas y talleres participativos abiertos a la ciudadanía, ya que la construcción de un plan de ordenamiento territorial, aunque tiene un componente técnico, se alimenta de las aspiraciones y decisiones de las comunidades. “Aspectos culturales, patrimoniales, turísticos y de identidad son variables que se toman en cuenta para formular los planes que finalmente son aprobados en los consejos municipales”, dijo.
El viceministro insistió en que es fundamental comunicar en un lenguaje claro los beneficios de la planificación, vinculando problemas cotidianos como la falta de agua, la congestión vehicular y el manejo de desechos con el crecimiento desordenado, para que la ciudadanía comprenda la importancia de contar con una hoja de ruta que evite que esos problemas se agraven en el futuro.
Lugraciela Cruz, jefa del Departamento de Desarrollo de Capacidades al Investigador de Senacyt, advirtió que, aunque Panamá cuenta con planes de ordenamiento territorial desde hace décadas, el desafío ha sido su ejecución, pues al cambiar los gobiernos muchas veces se olvidan de las políticas de largo plazo y los planes quedan engavetados. “Esto genera consecuencias graves como el caos vehicular, los altos costos de transporte y la falta de servicios básicos en comunidades alejadas. No se trata solo de transporte, sino de bienestar social y económico”, puntualizó.
Cruz además explicó que en el foro se presentaron 10 resúmenes de políticas elaborados por investigadores de distintos centros académicos y que abordan temas como urbanismo, resiliencia, cambio climático, bienestar, salud de la población y movilidad, todos ellos vinculados directamente con la vida cotidiana en las ciudades.
Cruz destacó que la intención es que los tomadores de decisiones fundamenten sus políticas en evidencia científica, ya que los investigadores han trabajado durante años en estudios que hoy se presentan de manera sencilla, abordando problemas específicos como la ventilación en viviendas, la movilidad peatonal y la inequidad en el acceso a servicios.