Panamá redefine su lucha contra el lavado de activos y marco empresarial

En un momento crucial para la integridad financiera de la región, Panamá ha consolidado su posición estratégica al asumir, desde el pasado 1 de enero, la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), explicó a La Estrella de Panamá que este liderazgo para el periodo 2026 no es solo un reconocimiento a los avances del país, sino una plataforma para ejecutar un ambicioso plan de trabajo que busca blindar los sistemas económicos contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Durante este año, la gestión panameña se enfocará en fortalecer la transparencia de los beneficiarios finales y en potenciar la relación entre el sector público y la sociedad civil.

Vecchio destacó que la comunicación abierta es el eje central de esta presidencia, por lo que se ha diseñado un calendario nacional de capacitaciones que iniciará formalmente el próximo 26 de febrero.

Este ciclo, dijo, comenzará en la Zona Libre de Colón, abordando las evaluaciones de riesgo de sectores no financieros, y se extenderá posteriormente a provincias como Chiriquí, Coclé y Veraguas.

“El objetivo es que los sujetos obligados dominen la aplicación de medidas de debida diligencia, tanto simplificadas como ampliadas, basándose en el conocimiento real de los riesgos a los que están expuestos sus sectores”, mencionó la secretaria técnica del CNBC.

Esta labor de capacitación y cumplimiento es el resultado de una alianza estratégica constante entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Vecchio enfatizó que la colaboración con el MICI es fundamental, dado su rol como regulador de las zonas francas y su participación activa dentro de la CNBC.

“Esta sinergia institucional se extiende también a la Cancillería, fortaleciendo una diplomacia financiera que proyecta a Panamá como un jurisdicción cooperadora y transparente”, destacó.

“Un indicador de este éxito es el Registro de Beneficiarios Finales, que actualmente mantiene un nivel de cumplimiento de entre el 92 % y 94 %, una cifra dinámica y altamente positiva que demuestra el compromiso del sector privado y las autoridades reguladoras”, añadió.

Mirando hacia el futuro cercano, la secretaria técnica adelantó que el país ya se encuentra trabajando intensamente en los preparativos para la Quinta Ronda de Evaluación del GAFI, cuyo proceso formal de evaluación mutua para Panamá arrancará en agosto de 2027.

En esta etapa, el país debe actualizar sus normativas y evaluaciones de riesgo, incluyendo temas críticos como la proliferación de armas de destrucción masiva y los nuevos estándares internacionales.

“El proceso de evaluación, que suele durar entre 12 y 18 meses, requerirá una defensa técnica sólida basada en la data recolectada durante este año de gestión.

Adicionalmente, como parte de las estrategias para fortalecer la transparencia, el MEF anunció recientemente que el Gobierno trabaja en la actualización del marco normativo, incluyendo una modificación puntual a la Leyes 51 y 52, que impactan directamente el régimen de las sociedades constituidas bajo la histórica Ley 32 de 1927, limitada exclusivamente a la prohibición expresa de la emisión de acciones al portador. Esta adecuación responde a las recientes actualizaciones de la Recomendación 24 del GAFI, que refuerzan los requerimientos sobre identificación y acceso a la información de beneficiarios finales.

La modificación no representa un cambio disruptivo para el sector privado, ya que la emisión de acciones al portador no es una práctica vigente en Panamá. “Se trata de consolidar legalmente una realidad operativa existente, aportar claridad jurídica y evitar observaciones en futuras evaluaciones internacionales”, afirmó la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.

Según Sáiz, estas acciones están alineadas con los estándares del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Dirección General de Ingresos avanza en posibles ajustes a las leyes 51 y 52 de 2016, como parte de la hoja de ruta para la salida de Panamá de listados internacionales.

“En la medida que te acercas al lenguaje OCDE, limitas cualquier interpretación discrecional y fomentas la transparencia”, explicó la funcionaria, subrayando que la claridad normativa es fundamental para la reputación internacional de la jurisdicción.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la precisión técnica sobre los registros contables. Sáiz adelantó que los cambios buscan disipar las ambigüedades y confusiones que persisten en la normativa vigente. Las modificaciones darán mayor claridad sobre cómo deben mantenerse estos registros y su tipología específica, facilitando el cumplimiento para los agentes residentes y sus clientes.

En cuanto al tema de la sustancia económica, la viceministra reveló que el proceso se encuentra en una etapa de consulta activa. El MEF está recibiendo y analizando el feedback de diversos grupos de interés y especialistas del sector privado. Sáiz calificó estas recomendaciones como “válidas” y confirmó que muchas están siendo incorporadas en el borrador final para asegurar que la ley sea práctica y ejecutable.

Sobre los tiempos para la implementación de estas reformas, el MEF maneja un cronograma definido para el primer trimestre del año. Se espera que las propuestas formales de modificación sean presentadas ante la Asamblea Nacional a finales de febrero o potencialmente durante el mes de marzo.

Con estos ajustes, Panamá busca no solo cumplir con los organismos evaluadores, sino también modernizar una estructura legal que data de casi un siglo, adaptándola a las exigencias de un entorno global que demanda mayor trazabilidad y orden contable en el manejo de entidades jurídicas.

Uno de los desafíos más vanguardistas en esta agenda es la regulación de los activos digitales y criptomonedas. Vecchio reveló que se mantienen reuniones semanales con reguladores y representantes de la sociedad civil para redactar una normativa que responda a las realidades del mercado actual.

La funcionaria fue enfática en señalar que Panamá no busca simplemente replicar leyes de otras jurisdicciones, sino crear un marco legal propio que proteja al sistema financiero del blanqueo de capitales sin sacrificar la competitividad y robustez que caracteriza al centro financiero panameño. “Con la evaluación de riesgo de activos virtuales en marcha, el país busca adelantarse a las vulnerabilidades tecnológicas para garantizar un entorno de inversión seguro y moderno”, concluyó.