Panamá reglamenta la Ley de Sustancia Económica para rentas pasivas extranjeras
- 02/09/2026 16:59
La medida busca garantizar que las entidades multinacionales domiciliadas en Panamá cuenten con operaciones reales y verificables
El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 32 publicado en la Gaceta Oficial, reglamentó el Capítulo II del Título I del Libro IV del Código Fiscal, relativo a las reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.
normativa desarrolla lo establecido en la Ley 526 de 28 de mayo de 2026 y busca dotar de seguridad jurídica a las entidades multinacionales que operan en el país.
El decreto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la autoridad competente para administrar, supervisar y verificar el cumplimiento de las condiciones de sustancia económica.
La medida busca garantizar que las entidades multinacionales domiciliadas en Panamá cuenten con operaciones reales y verificables, evitando estructuras meramente instrumentales que generen ingresos pasivos sin actividad sustancial en el país.
La reglamentación aplica a entidades constituidas o domiciliadas en Panamá que formen parte de un grupo multinacional y obtengan rentas pasivas de fuente extranjera, tales como dividendos, intereses, regalías o ingresos derivados de activos intangibles. También incluye a aquellas que se dediquen exclusivamente a la tenencia de participaciones patrimoniales o bienes inmuebles.
Entre las principales obligaciones destacan:
El decreto contempla reglas específicas para las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de participaciones patrimoniales o bienes inmuebles.
Estas deberán limitarse a gestiones inherentes a su naturaleza, sin desarrollar actividades comerciales o de inversión sustancial. Se presume el cumplimiento de la condición de recursos humanos cuando cuenten con al menos un director o administrador residente en Panamá, debidamente remunerado y calificado.
La reglamentación responde a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 526, que ordenaba al Órgano Ejecutivo emitir las normas en un plazo máximo de 90 días.
Con esta medida, Panamá busca reforzar su credibilidad internacional y cumplir con los estándares exigidos por organismos multilaterales y la Unión Europea en materia de transparencia y lucha contra la evasión fiscal.