Panamá y Costa Rica: el choque técnico que paraliza el agro
- 19/05/2026 15:45
El conflicto fitosanitario por lácteos y frutas mantiene bloqueadas plantas de ambos países, a la espera de la OMC o de un acuerdo bilateral
Detrás de las declaraciones políticas y los tribunales internacionales, el corazón de la disputa comercial entre Panamá y Costa Rica reside en una profunda divergencia sobre la seguridad sanitaria y fitosanitaria. Mientras Panamá defiende su derecho soberano a proteger su patrimonio agropecuario, Costa Rica denuncia que estas medidas carecen de sustento científico y funcionan como barreras comerciales encubiertas.
La diferencia entre ambos países fronterizos cobró relevancia luego de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, afirmó el viernes 15 de mayo que el diferendo escaló de la esfera comercial a la diplomática. No obstante, la Cancillería de Panamá mantiene su postura de no ceder a presiones y rechazó cualquier narrativa que exponga la actual diferencia comercial como una acción unilateral o arbitraria por parte del Estado panameño.
Previo a la escalada diplomática, los ministerios de Comercio de ambos países mostraron disposición para negociar un acuerdo al margen de la Organización Mundial del Comercio (OMC); sin embargo, los compromisos de agenda dificultaron los acercamientos.
En el plano técnico, uno de los puntos más críticos de la disputa es la denominada «Medida 4», que restringe la entrada de plátano y banano costarricense. Panamá justificó esta acción como una defensa necesaria contra el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), una plaga devastadora para la región. Sin embargo, el Grupo Especial de la OMC determinó que el objetivo real de las autoridades panameñas no era prevenir esta plaga.
El fallo del organismo multilateral se basó en tres hallazgos clave: Costa Rica está oficialmente libre del hongo Foc R4T; Panamá nunca solicitó información específica a su contraparte sobre este patógeno antes de aplicar la restricción en 2019; y las notas originales enviadas ese año por Panamá omitieron mencionar una plaga concreta, limitándose a señalar una «revisión de requisitos».
Otro frente científico se abrió con la «Medida 1», que prohíbe la importación de fresas costarricenses tras la detección del plaguicida oxamilo. Panamá sostuvo que actuó para proteger la salud de su población, pero el fallo de la OMC señaló que el país no siguió las Directrices del Codex sobre gestión de riesgos. Según los árbitros, una suspensión total de importaciones debe ser el último recurso para casos de «grave riesgo» o incumplimientos reiterados, situaciones que Panamá no demostró al basarse en un solo evento de detección.
En el sector agroalimentario, las diferencias en los planes de monitoreo de residuos y sustancias tóxicas, así como la no renovación de permisos, provocaron afectaciones cruzadas con el bloqueo total de ocho plantas procesadoras panameñas.
En el ámbito lácteo, Costa Rica inhabilitó en 2021 a Nestlé (Planta #115-L) y a Productos Lácteos San Antonio - Prolacsa (Planta #238-L) —dedicadas a la exportación de leche evaporada y queso procesado— a pesar de que ambas empresas mantuvieron un historial comercial de más de 16 años en ese mercado.
La restricción costarricense se extiende además a los sectores avícola y de carne bovina de Panamá a través de suspensiones de larga data:
Al respecto, las autoridades panameñas señalaron que estas plantas procesadoras, que operan activamente en mercados internacionales como China y Japón, continúan sin soluciones concretas a pesar de las gestiones técnicas y diplomáticas realizadas para reactivar los flujos de exportación hacia Costa Rica.
Panamá, por su parte, mantiene la inhabilitación de 16 plantas procesadoras costarricenses por la no renovación de aprobaciones sanitarias. Las autoridades panameñas argumentaron que las instituciones de Costa Rica no entregaron la documentación técnica requerida a tiempo, o que las inspecciones realizadas desde 2014 revelaron incumplimientos que fueron manejados con prórrogas y extensiones que vencieron el 30 de junio de 2020.
Panamá elevó este conflicto al Órgano de Apelación de la OMC el 24 de enero de 2025, tras alegar que el informe inicial contiene interpretaciones jurídicas incorrectas que limitan su soberanía regulatoria. El Estado insiste en que tiene la obligación de proteger la salud pública y la sanidad animal y vegetal con base en su propia normativa nacional, por lo que rechazó la imposición de condiciones que vulneren su seguridad alimentaria.
Con el proceso de apelación suspendido por la falta de jueces en la OMC, la disputa de los laboratorios permanece en un limbo legal donde cada país se atrinchera en sus propios estándares técnicos.