Panamá y Costa Rica exploran salida bilateral ante estancamiento en la OMC

Panamá y Costa Rica exploran nuevamente una salida diplomática a la disputa comercial que ambos países mantienen desde hace varios años ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), un conflicto que ha afectado el intercambio de productos agroindustriales y que, pese a un fallo de primera instancia favorable a Costa Rica, permanece estancado debido al debilitamiento del sistema de apelaciones del organismo multilateral.

El acercamiento ocurre en un contexto internacional marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro, crecientes tensiones geopolíticas y un sistema de comercio global cada vez más fragmentado. A ello se suma un momento políticamente sensible para Costa Rica, que se encamina a un proceso electoral presidencial. No obstante, el ministro de Comercio Exterior costarricense, Manuel Tovar, ha insistido en que el calendario político no es un obstáculo para resolver la controversia y aseguró que se mantendrá en funciones hasta el último día de gobierno.

“Esto no se resuelve con tiempo, se resuelve con voluntad política”, afirmó Tovar en una entrevista reciente con La Estrella de Panamá, al subrayar que la disputa puede solucionarse en una sola jornada de trabajo si ambas partes deciden sentarse con un mandato claro.

Aunque ambos países coinciden en la necesidad de diálogo, las versiones de Panamá y Costa Rica difieren en aspectos clave sobre la génesis del conflicto y la interpretación del proceso ante la OMC.

Desde la óptica de Costa Rica, el origen de la disputa se remonta a una serie de medidas sanitarias y fitosanitarias adoptadas por Panamá en 2020 durante la administración anterior, que —según San José— restringieron injustificadamente el ingreso de productos costarricenses, en violación de las reglas multilaterales del comercio. Esas medidas llevaron a Costa Rica a presentar una reclamación formal ante la OMC, que culminó con un fallo de primera instancia favorable al país centroamericano.

Panamá, sin embargo, sostiene que la historia es más compleja. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, recordó que durante años empresas panameñas de los sectores cárnico, lechero y avícola contaron con plantas certificadas para exportar a Costa Rica, habilitaciones que —según explicó— dejaron de renovarse sin una justificación clara.

“Panamá comenzó a hacer valer sus medidas fitosanitarias para proteger su sistema sanitario y su sector productivo”, señaló Moltó, quien rechaza la idea de que el país haya sido condenado por la OMC. A su juicio, el proceso aún no ha concluido y hablar de una condena definitiva es incorrecto, ya que Panamá ejerció su derecho legal internacional de apelar.

Tovar también respondió a los señalamientos del sector agroindustrial panameño, que sostiene que Costa Rica habría suspendido desde 2015 la habilitación de plantas panameñas para exportar productos cárnicos y otros agroindustriales, y que esa situación antecede a las medidas adoptadas por Panamá.

El ministro costarricense sostuvo que, si bien pueden existir otros desacuerdos comerciales entre ambos países, la disputa que llegó formalmente a la OMC tiene un origen específico y documentado. “La controversia que derivó en el proceso ante la OMC se origina por medidas que Panamá adoptó contra productos costarricenses, justificándolas como sanitarias y fitosanitarias”, explicó.

Añadió que, aun si se argumenta una restricción previa de Costa Rica, ello no altera el objeto del litigio ante la OMC, que se centra en la justificación técnica de las medidas aplicadas por Panamá. “Si esas medidas no respondieron a razones de salud humana, animal o vegetal, sino a represalias comerciales, eso refuerza lo señalado por el fallo preliminar del grupo especial”, afirmó.

Tovar subrayó que cualquier inconformidad de Panamá respecto a la autorización de plantas o permisos de exportación es un asunto distinto, que puede y debe abordarse mediante diálogo bilateral, pero que no justifica la aplicación de medidas sanitarias sin sustento técnico, como exige el marco normativo de la OMC.

El sector agroindustrial panameño sostienen una versión distinta sobre el origen del conflicto comercial entre ambos países. Según esta postura, las restricciones al intercambio bilateral se remontan a varios años antes de que Costa Rica presentara formalmente el caso ante la OMC en 2021.

De acuerdo con la agroindustria panameña, desde 2015 Costa Rica habría comenzado a limitar el ingreso de productos panameños alegando incumplimientos sanitarios, lo que afectó de manera progresiva a plantas de los sectores avícola, cárnico y lácteo. Posteriormente, en 2021, al vencerse las habilitaciones de establecimientos panameños que exportaban a Costa Rica, las autoridades costarricenses se habrían negado a renovar las certificaciones bajo los procedimientos establecidos para nuevas habilitaciones.

El sector señala que cerca de ocho plantas procesadoras panameñas fueron afectadas con las restricciones. Entre ellas figuran empresas avícolas que exportaban productos de valor agregado; plantas cárnicas dedicadas a embutidos, hamburguesas y cortes de carne bovina; y procesadoras lácteas con más de una década de presencia en el mercado costarricense. Algunas de estas compañías aseguran que mantienen acceso a mercados exigentes asiáticos como China, Japón y otros países de Centroamérica, pero no han logrado reactivar sus exportaciones hacia Costa Rica.

Desde esta perspectiva, la agroindustria panameña considera que las limitaciones impuestas por Costa Rica anteceden a las medidas sanitarias adoptadas posteriormente por Panamá y que ambas decisiones han impactado negativamente el comercio bilateral.

El principal punto de tensión entre ambos gobiernos no es la apelación en sí, sino el mecanismo utilizado. Tovar fue enfático en señalar que Panamá, aun teniendo derecho a apelar, optó por hacerlo dentro de un sistema que no funciona, debido a la falta de árbitros en el Órgano de Apelación de la OMC, una situación que se arrastra desde hace años por la falta de consenso entre los miembros.

“Apelar bajo ese mecanismo tiene un efecto práctico: perpetuar la disputa en un limbo jurídico”, sostuvo Tovar, quien aseguró que Costa Rica propuso de buena fe a Panamá acogerse a un mecanismo alternativo de apelación, utilizado por otros países, que garantiza plazos claros y una resolución definitiva.

Desde la perspectiva panameña, la apelación responde a una discrepancia de fondo con el fallo de primera instancia. Moltó insiste en que Panamá busca reglas claras y simétricas que permitan a los sectores productivos de ambos países comerciar bajo las mismas condiciones. “Panamá no está de acuerdo con lo que ahí se dice y por eso apela”, afirmó.

Pese a las diferencias, ambos ministros coinciden en que el diálogo bilateral es el camino para destrabar el conflicto. Moltó confirmó que Panamá presentará una contraoferta a Costa Rica para fijar una fecha de reunión, luego de que San José propusiera un encuentro este enero.

El ministro panameño explicó que la agenda local, sumada a compromisos internacionales como el Foro Económico Mundial en Davos, dificultó aceptar la fecha inicial. No obstante, reiteró que Panamá siempre ha estado dispuesto a sentarse a conversar, incluso antes de presentar la apelación.

“Panamá se quiere sentar desde el día uno. Vamos a responder con una fecha propuesta para tomar una decisión y avanzar”, aseguró Moltó en declaraciones ofrecidas a finales de 2025.

Tovar, por su parte, expresó apertura total para reunirse en cualquier momento, incluso en Panamá, aunque advirtió que encuentros paralelos a grandes foros como el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe del CAF podrían no ser el espacio más adecuado. Su planteamiento es claro: una reunión cerrada, con los ministros directamente involucrados, sin levantarse de la mesa hasta alcanzar un acuerdo.

Uno de los elementos que rodea este nuevo intento de acercamiento es la proximidad de las elecciones presidenciales en Costa Rica el 1 de febrero. Moltó reconoció que el país vecino atraviesa un momento político relevante, pero sostuvo que estas decisiones no deben politizarse.

Tovar fue aún más directo al descartar cualquier impacto electoral en la negociación. Aseguró que la disputa fue heredada de gobiernos anteriores y que su gestión continuará hasta el cierre del mandato. “El tema electoral no tiene absolutamente nada que ver con esto”, afirmó a este medio.

Ambos ministros coincidieron en que el conflicto comercial contrasta con la profundidad de la relación bilateral. Panamá y Costa Rica comparten la única frontera desmilitarizada del mundo y mantienen una cooperación histórica en temas de seguridad, migración y comercio.

Tovar insistió en que prolongar la disputa resulta contraproducente en un escenario global marcado por guerras, tensiones arancelarias y disrupciones logísticas. “No son momentos para fastidiarnos entre nosotros”, señaló, al destacar el potencial de ambos países para complementarse: Panamá como hub logístico y de servicios, y Costa Rica como plataforma de manufactura avanzada.

Moltó también subrayó que el objetivo final es que las empresas panameñas y costarricenses puedan intercambiar productos sin obstáculos injustificados, en beneficio de ambos sectores productivos.

Pese a que la disputa ante la OMC sigue su curso formal, el tono de ambas partes sugiere que existe un espacio real para una solución política negociada. La clave estará en si Panamá y Costa Rica logran acordar un mecanismo que permita cerrar el capítulo sin menoscabar sus posiciones jurídicas ni sentar precedentes adversos.

Mientras tanto, el conflicto continúa siendo una prueba de fuego para dos países que, pese a sus diferencias, reconocen que su mayor fortaleza está en la cooperación y no en el litigio prolongado.