Panamá y SIECA: debate por el etiquetado frontal
- 06/04/2026 00:00
En medio de los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea, el país enfrenta el reto de equilibrar la protección de la salud pública y sus compromisos regionales
El debate sobre el Proyecto de Ley 265 de Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional ha puesto en evidencia las tensiones entre los compromisos regionales de Panamá en el marco del Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y las iniciativas legislativas nacionales.
Mientras distintos gremios empresariales piden suspender la discusión, sectores de salud pública reclaman avanzar de inmediato y organismos regionales como el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca) aclaran el alcance jurídico de las normas comunitarias.
El presidente del Sindicato Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, insistió en que Panamá debe priorizar la adopción de los Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA) en materia de etiquetado general y nutricional antes de discutir el etiquetado frontal.
Según Jurado, el país se encuentra en mora respecto a sus compromisos regionales: “Somos los únicos (Panamá) que hemos quedado por fuera y para nosotros es muy importante que eso se logre negociar. Eso le corresponde al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) avanzar en esa negociación”.
Consultado sobre el tema, desde el MICI se conoció que hay una mesa técnica que estará encargada de evaluar este tema. Sin embargo, Jurado advierte que iniciativas legislativas paralelas en la Asamblea podrían generar un choque de normas y afectar la competitividad del país.
Para el SIP, el debate no es si regular o no, sino cómo regular bien, garantizando que la normativa sea técnicamente sólida, jurídicamente consistente y alineada con los compromisos regionales de Panamá.
La directora del Movimiento de Alimentación Saludable, Betty Cruzado, sostiene que el etiquetado frontal debe implementarse de inmediato, respaldado por la evidencia científica disponible.
Cruzado recuerda que el Artículo 36 de la Ley 45 de 2007 ya obliga a incluir advertencias en productos que representen riesgo para la salud, por lo que los sellos octagonales no crean una obligación nueva, sino que desarrollan una norma vigente.
Además, subraya que Panamá cuenta con su propio estudio, realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Movimiento de Alimentación Saludable, en el que participaron 1,200 panameños en 31 supermercados.
Los resultados, según Cruzado, demostraron que los sellos octagonales fueron hasta 15 veces más efectivos para identificar exceso de nutrientes críticos en comparación con otros sistemas de etiquetado. “El símbolo que la Cámara minimiza es el que mejor funciona con la población real de Panamá”, puntualizó Cruzado, quien también refutó los argumentos de la industria sobre posibles aumentos de precios o reducción de variedad en el mercado, citando la experiencia de Chile, donde la implementación incentivó la reformulación de alimentos sin encarecerlos ni reducir la oferta.
La Secretaría Ejecutiva del Comisca emitió un comunicado oficial en marzo de 2026, dirigido al Ministerio de Salud de Panamá, en el que aclaró el marco jurídico aplicable.
El documento señala que los instrumentos regionales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) adquieren carácter obligatorio únicamente cuando han sido formalmente adoptados y han entrado en vigor conforme al procedimiento comunitario.
La sola existencia de una propuesta de normativa en discusión en el marco del SICA no suspende ni limita el ejercicio de la potestad normativa interna de los Estados, hasta que se encuentre formalmente adoptado y vigente un instrumento regional”, indicó Comisca.
Al mismo tiempo, el organismo recordó el compromiso de los países con los procesos de armonización regional y la construcción progresiva de consensos técnicos y políticos. En otras palabras, Panamá puede legislar en materia de etiquetado mientras no exista un RTCA vigente, aunque debe procurar que sus decisiones se alineen con los procesos regionales en curso.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) junto con otros gremios empresariales ya habían solicitado a la Asamblea Nacional suspender la discusión del Proyecto de Ley 265.
En una carta conjunta, los gremios recordaron que Panamá es parte del SIECA y participa en la discusión de los RTCA sobre etiquetado. “Emitir una nueva regulación de manera unilateral nos coloca en riesgo de incumplir la normativa centroamericana y representa un retroceso del proceso de armonización”, advirtieron.
Señalaron que la medida podría afectar la competitividad de la industria alimentaria panameña, al obligar a cumplir con un etiquetado diferenciado para el mercado interno y para las exportaciones regionales. Subrayaron que “la realidad económica mundial, junto a la ya maltrecha cadena de suministro, nos impone ser cuidadosos y prudentes con medidas que pudiesen aumentar más el efecto inflacionario y disminuir nuestra competitividad regional”.