Papa, cebolla y lácteos: El duro choque que enfrenta a Panamá y Costa Rica
- 18/05/2026 15:56
San José acusa un “bloqueo” a sus productos, mientras el gobierno panameño responde con firmeza: las reglas sanitarias no son negociables
El prolongado diferendo entre Panamá y Costa Rica ha tomado un nuevo giro político. Este 15 de mayo de 2026, la recién asumida presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció que el conflicto ha superado las instancias de negociación técnica del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y será trasladado directamente a la esfera diplomática. Fernández ordenó a su canciller, Manuel Tovar, intervenir de inmediato ante lo que califica como un “bloqueo” a las exportaciones agrícolas costarricenses, afectando especialmente a productores de papa, cebolla y lácteos.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores reaccionó con firmeza el mismo día, rechazando categóricamente cualquier narrativa que presente la diferencia comercial como una acción “unilateral o arbitraria”. El gobierno panameño sostuvo que sus medidas se basan en el derecho soberano de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando siempre bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Este endurecimiento de posturas ocurre tras un intento fallido de acercamiento a inicios de año. Desde enero de 2026, ambos países habían manifestado su disposición para retomar las conversaciones bilaterales; sin embargo, la concreción de estas reuniones se vio complicada por temas de agenda de las autoridades, lo que mantuvo el diálogo técnico en un punto muerto hasta el cambio de mando en Costa Rica.
Para entender la magnitud del conflicto, es necesario remontarse a sus raíces, las cuales varían según la perspectiva de cada país:
El conflicto escaló hasta un Panel de Árbitros de la OMC, que inicialmente falló a favor de Costa Rica en varios puntos relativos a medidas sobre lácteos, carne, banano y fresas. No obstante, el 24 de enero de 2025, Panamá presentó un recurso de apelación formal, argumentando que el informe contenía interpretaciones jurídicas incorrectas que limitaban su soberanía regulatoria.
Actualmente, el proceso se encuentra en una fase de suspensión de plazos debido a la falta de operatividad del Órgano de Apelación de la OMC. Mientras Panamá aboga por una solución bilateral basada en la reciprocidad y el respeto mutuo, el nuevo gobierno de Costa Rica ha dejado claro que no consentirá lo que considera un desequilibrio comercial, marcando una nueva etapa de confrontación política en la frontera.