Presupuesto 2026: Economistas y financistas advierten que sin reformas estructurales, el recorte será insuficiente

Los economistas Olmedo Estrada y Francisco Alvarez De Soto coinciden en que la decisión del nuevo gobierno de no aumentar el Presupuesto General del Estado para 2026 —manteniendo la cifra en un ‘reajuste’— es un paso ‘oportuno’ y necesario para cumplir con el tope de déficit fiscal del 4 %, exigido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Sin embargo, ambos expertos advierten que esta contención del gasto es solo una medida inicial y será insuficiente si el país no aborda los problemas estructurales que drenan las finanzas públicas.

Durante la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino, este jueves, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, defendió la estrategia fiscal y la necesidad de mantener la prudencia. Recalcó que el presupuesto no estará sujeto a un aumento, pero si a un reajuste, en medio de las recomendaciones que puede hacer esta semana la Asamblea Nacional, quien ha adelantado que va a priorizar sectores como: salud, educación y agro.

Chapman destacó que dos grandes compromisos fiscales consumen una parte significativa del presupuesto: el aporte a la Caja de Seguro Social (CSS), que asciende a $8.200 millones (una cifra inédita) y el servicio de la deuda pública (intereses y amortizaciones), que supera los $8.000 millones, equivalentes al 23 % del presupuesto.

Resaltó que, desde el inicio del gobierno, se han logrado ahorros de aproximadamente $400 millones debido a la política fiscal prudente, lo que ha ayudado a reducir la percepción de riesgo y, en consecuencia, la tasa de interés de la deuda. El objetivo, dijo, es desacelerar el crecimiento de la deuda hasta detenerlo por completo “al final de la década”.

Estrada, también especialista en finanzas, en este contexto, comentó que la raíz del problema es la insuficiencia de ingresos frente a un gasto que sigue creciendo, lo que genera un déficit “crónico”.

“La contención del gasto es lo que yo hablo [...] el ingreso es donde tenemos los problemas, que no hay manera de que el ingreso corriente aumente y si no aumenta, por supuesto que el gasto sí va a aumentar y es ahí donde tenemos que poner nosotros la mirada de cómo controlar el gasto público”, afirmó.

Para Estrada, la necesidad de no aumentar el presupuesto es una realidad impuesta por las cifras. Aunque sectores vitales como salud, educación y obras públicas, dijo, claman por más fondos, el gobierno debe priorizar la administración del gasto.

Mientras tanto, Alvarez De Soto, también excanciller de la República de Panamá, agregó que las prioridades como salud y educación, deben financiarse mediante el recorte de gastos en partidas del Estado que no son imprescindibles, en lugar de recurrir a más deuda o impuestos.

Celebró la decisión de frenar el crecimiento presupuestario del 2026, calificándola de “valiente y muy necesaria”, y sugirió que, idealmente, se debería incluso reducir más.

“El que hayan tomado la decisión de no elevar [el presupuesto] para el año que viene creo que es una medida oportuna y ojalá se hubiera hecho antes [...] No es sostenible en el tiempo,” sostuvo Alvarez de Soto, quien además argumentó que la situación actual es producto de lo que denominó una “fiesta de millones” y una política económica keynesiana crónica, donde el Estado impulsa la economía con proyectos financiados con deuda.

Alvarez De Soto respaldó totalmente la intención del ministro Chapman de modificar las jubilaciones y salarios especiales, ya que considera estas estructuras como “pseudo subsidiadas” e insostenibles.

Estrada, por su parte, enfatizó en que la solución real pasa por aumentar la recaudación tributaria mediante una fiscalización rigurosa para combatir la evasión de impuestos (estimada en más de $4.000 millones) y el incumplimiento en el cobro del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (7 %).

Además, criticó la rigidez del gasto en leyes especiales, salarios, y subsidios, así como también lo hizo De Soto, quien propuso una simplificación del aparato estatal, eliminando o subsumiendo ministerios y autoridades, para reducir la burocracia y hacer más ágil la administración.

Estrada instó a realizar una revisión “minuciosa” de los subsidios para eliminar aquellos que no son necesarios, cuantificando su carga en más de $2.500 millones.

Alvarez de Soto también respaldó totalmente la intención del ministro Chapman de modificar las jubilaciones y salarios especiales, ya que considera estas estructuras como “pseudo subsidiadas” e insostenibles.

Estrada, además, señaló que el financiamiento a los partidos políticos también es un gasto que debe eliminarse.

Sin embargo, Alvarez De Soto sugirió crear incentivos fiscales (como deducciones del impuesto sobre la renta) para los ciudadanos que usen servicios privados de salud y educación para aliviar la carga financiera del Estado en estos sectores.

Las agencias calificadoras de riesgo han emitido advertencias serias sobre el manejo del gasto público y el deterioro fiscal de Panamá, lo que ha puesto en grave riesgo el preciado grado de inversión del país.

Las tres principales agencias como Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s - S&P han centrado sus preocupaciones en la trayectoria fiscal de Panamá, señalando que la combinación de un déficit fiscal persistentemente alto, el rápido aumento de la deuda pública y una baja recaudación tributaria amenazan la sostenibilidad financiera del país a largo plazo.

El factor principal de la preocupación es la rigidez y la ineficiencia del gasto público y la dependencia de los ingresos del gobierno frente a compromisos de gastos crecientes, lo que ha generado un alto endeudamiento.

Ambos economistas coincidieron en que el manejo del gasto público y el cumplimiento de la meta fiscal son cruciales para evitar una rebaja en la calificación crediticia.

Estrada advirtió que Panamá está en un “hilo muy delgado de perder el grado de inversión”, especialmente después de que Fitch ya lo hiciera en 2024. Explicó que si el déficit de 2025 supera el 4 % (como él teme que suceda debido a la falta de contención de gastos y la baja recaudación), las agencias calificadoras, como Moody’s, usarán ese indicador para degradar la deuda soberana.

Alvarez De Soto matizó que las agencias no ejercen “presión”, sino que simplemente dan una “visión y un análisis” de una situación de riesgo que el país se auto-impuso.

El resultado de este mal manejo, dijo, es que una porción mayor de los recursos presupuestarios se destina al servicio de la deuda, restando competitividad y obligando al gobierno a tomar la decisión pragmática de “parar la fiesta” de gasto.