Productores de arroz exigen reglamentación del subsidio de $7.50
- 09/09/2025 15:48
Según los arroceros, producir un quintal de arroz cuesta en promedio $26.40, mientras que la industria molinera paga entre $26.00 y $27.50, reduciendo aún más este precio con parámetros de calidad La Cadena Agroalimentaria de Arroz solicitó este martes al Gobierno una propuesta inmediata para la reglamentación del artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo de $7.50 por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto que debe revisarse cada tres años.
“Este subsidio permitiría dar un respiro al sector, evitar la quiebra de pequeños y medianos productores, y garantizar la paz social en medio de la crisis económica y laboral que atraviesa el país”, contó la Cadena,en un comunicado.
Los arroceros además advirtieron que la próxima zafra 2025-2026 enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por precios de compra inferiores a los costos de producción, altos riesgos financieros y el impacto del fenómeno de El Niño sobre la calidad de los cultivos.
Omar Spiegel, presidente del Comité, explicó que producir un quintal de arroz cuesta en promedio $26.40, mientras que la industria molinera paga entre $26.00 y $27.50, reduciendo aún más este precio con parámetros de calidad.
“Esto coloca a los productores en una pérdida recurrente y pone en riesgo la sostenibilidad del primer eslabón de la cadena agroalimentaria”, denunció Spiguel.
Causas de la crisis De acuerdo con los arroceros, la situación se ha visto agravada por el ingreso irregular de importaciones.
Entre los casos que mencionaron se encuentra el arribo de un barco privado (462.000 quintales) entró al país antes del inicio de la cosecha, pese a que la Ley 17 de 2018 establece que en periodo de precosecha —dos meses antes de levantar la producción nacional— no se pueden autorizar importaciones.
Posteriormente, agregaron, el Gobierno, a través del Instituto de Mercado Agropecuario, autorizó el ingreso de otro barco (577.000 quintales), lo que saturó el mercado, desincentivó la compra del grano local y presionó a la baja los precios que paga la industria.
Los productores recordaron que el arroz es declarado cultivo de seguridad alimentaria nacional mediante la Ley 17 del 22 de febrero de 2018.
Sin embargo, advirtieron que la situación actual amenaza la capacidad del país de mantener un abastecimiento estable y accesible para las familias
Además, el Comité planteó la necesidad de una hoja de ruta de transformación del sector arrocero, que contemple investigación, financiamiento y modernización de sistemas productivos, con el objetivo de migrar progresivamente hacia el riego y el secano favorecido.
“El arroz es más que un cultivo: es la base de nuestra seguridad alimentaria y la vida económica de miles de familias rurales. Sin un mecanismo de apoyo, Panamá corre el riesgo de perder su soberanía alimentaria en los próximos años”, advirtió Spiegel.
La Cadena Agroalimentaria de Arroz solicitó este martes al Gobierno una propuesta inmediata para la reglamentación del artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo de $7.50 por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto que debe revisarse cada tres años.
“Este subsidio permitiría dar un respiro al sector, evitar la quiebra de pequeños y medianos productores, y garantizar la paz social en medio de la crisis económica y laboral que atraviesa el país”, contó la Cadena,en un comunicado.
Los arroceros además advirtieron que la próxima zafra 2025-2026 enfrenta una crisis sin precedentes, marcada por precios de compra inferiores a los costos de producción, altos riesgos financieros y el impacto del fenómeno de El Niño sobre la calidad de los cultivos.
Omar Spiegel, presidente del Comité, explicó que producir un quintal de arroz cuesta en promedio $26.40, mientras que la industria molinera paga entre $26.00 y $27.50, reduciendo aún más este precio con parámetros de calidad.
“Esto coloca a los productores en una pérdida recurrente y pone en riesgo la sostenibilidad del primer eslabón de la cadena agroalimentaria”, denunció Spiguel.
De acuerdo con los arroceros, la situación se ha visto agravada por el ingreso irregular de importaciones.
Entre los casos que mencionaron se encuentra el arribo de un barco privado (462.000 quintales) entró al país antes del inicio de la cosecha, pese a que la Ley 17 de 2018 establece que en periodo de precosecha —dos meses antes de levantar la producción nacional— no se pueden autorizar importaciones.
Posteriormente, agregaron, el Gobierno, a través del Instituto de Mercado Agropecuario, autorizó el ingreso de otro barco (577.000 quintales), lo que saturó el mercado, desincentivó la compra del grano local y presionó a la baja los precios que paga la industria.
Los productores recordaron que el arroz es declarado cultivo de seguridad alimentaria nacional mediante la Ley 17 del 22 de febrero de 2018.
Sin embargo, advirtieron que la situación actual amenaza la capacidad del país de mantener un abastecimiento estable y accesible para las familias
Además, el Comité planteó la necesidad de una hoja de ruta de transformación del sector arrocero, que contemple investigación, financiamiento y modernización de sistemas productivos, con el objetivo de migrar progresivamente hacia el riego y el secano favorecido.
“El arroz es más que un cultivo: es la base de nuestra seguridad alimentaria y la vida económica de miles de familias rurales. Sin un mecanismo de apoyo, Panamá corre el riesgo de perder su soberanía alimentaria en los próximos años”, advirtió Spiegel.