Promotores inmobiliarios rechazan incentivos para compra de viviendas usadas

La nueva presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), Katherine Reyes Espino, manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley No. 252, que busca establecer incentivos económicos para la adquisición de viviendas usadas en Panamá.

Reyes Espino explicó que, aunque participaron en la mesa de trabajo en la Asamblea Nacional, el gremio considera que la propuesta tal cual está presentada “no atiende” de manera equilibrada las necesidades del sector.

“Tenemos que aportar mejoras y es por eso que estamos conformando parte de la mesa de trabajo, para que este proyecto de ley pueda atender al sector, pero también respetar las inversiones de las promotoras que desarrollan primera vivienda”, señaló.

Entre los puntos que generan preocupación, la presidenta de Acobir mencionó el alto inventario de propiedades reposeídas y en reventa, lo cual, a su juicio, no se está abordando de manera adecuada en la iniciativa.

Además, advirtió que la reciente modificación a la ley de interés preferencial ha incrementado los costos operativos de los promotores, al excluirlos de la exoneración del pago del 2% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando realizan más de diez ventas al año.

“Definitivamente el rango de casas más golpeado son las de interés preferencial. Por eso, junto con la Alianza Intergremial, vamos a sentarnos en una mesa de trabajo para avanzar en un marco que permita que el público en general pueda obtener su casa”, afirmó.

Pese a las críticas, Reyes Espino se mostró optimista sobre la posibilidad de encontrar soluciones consensuadas: “Nos mantenemos optimistas y sabemos que siempre hay una solución cuando todos los actores son atendidos y escuchados de manera óptima. No puede ser que por poco señalemos a muchísimas empresas con trayectoria en nuestro país”.

Este miércoles 25 de marzo, la subcomisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional avanzó en el análisis del proyecto de ley No. 252.

El debate, presidido por el diputado Luis Duke, se centró en mecanismos que permitan a más familias optar por propiedades de segunda mano, consideradas una alternativa más asequible dentro del mercado inmobiliario, especialmente en zonas con infraestructura ya desarrollada.

La proponente del proyecto, la diputada Yamireliz Chong, explicó que la iniciativa apunta a cubrir una brecha existente en el acceso a vivienda. “Esta iniciativa pretende crear una nueva oportunidad para las personas que están buscando una vivienda y que, en sus áreas, no tienen acceso a una vivienda nueva y puedan acceder a una vivienda de segunda”, sostuvo.

Entre los elementos bajo evaluación de la subcomisión están medidas fiscales orientadas a reducir la carga económica de los compradores, incluyendo incentivos tributarios y condiciones más favorables para la adquisición de estos inmuebles.

Las herramientas buscan hacer más viable la compra de viviendas usadas, un segmento que, según lo discutido, podría convertirse en una vía más inmediata para atender la demanda habitacional.

Los diputados coincidieron en la necesidad de impulsar alternativas que contribuyan a reducir el déficit habitacional y, al mismo tiempo, dinamizar el sector inmobiliario. La propuesta también abre la posibilidad de revalorizar propiedades existentes y fomentar el aprovechamiento de zonas urbanas ya consolidadas.

El análisis del proyecto continuará el próximo 7 de abril, fecha en la que se prevén incorporar nuevas propuestas y escuchar a otros actores interesados.