Protección de datos en Panamá: clave para atraer inversión y fortalecer la competitividad

En el complejo ecosistema económico de 2026, la protección de datos personales ha dejado de ser una nota al pie en los manuales de cumplimiento para convertirse en el eje central de la competitividad empresarial en Panamá.

Armando Lin Barsallo, representante regional para Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Privacidad (ALAP) y exdirector de Protección de Datos Personales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), sostiene una tesis clara: una empresa con protocolos de protección fortalecidos no solo cumple con la ley, sino que construye una muralla reputacional que opera directamente a su favor en la proyección de mercado.

Durante una entrevista con La Estrella de Panamá, Lin Barsallo destaca que, en la medida en que un ciudadano sabe con certeza qué hará una empresa con sus datos y recibe una comunicación transparente al respecto, se genera un vínculo de seguridad que fomenta la continuidad de la relación comercial.

Este escenario, dijo, contrasta drásticamente con la creciente preocupación ciudadana frente a organizaciones que comparten o utilizan información de forma opaca, exponiendo a los usuarios a daños económicos o legales.

Para el experto, la diferencia entre una empresa comprometida y una que simplemente busca lucrar de forma inmediata radica en si ven la privacidad como un gasto innecesario o como una inversión estratégica en su activo más valioso: su reputación.

Sin embargo, el panorama en Panamá aún enfrenta desafíos estructurales. A pesar de que la Ley 81 de 2019 sentó las bases y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021 la reglamentó, la cultura de privacidad que se esperaba consolidada para este 2026 todavía muestra “signos de inmadurez”.

Lin Barsallo señala que este avance es necesariamente gradual y depende de una alineación crítica entre tres actores: el sector público, el sector privado y el regulador, representado por la Dirección de Protección de Datos Personales de la Antai.

Detalla que esta tríada debe caminar en una misma dirección para que el país logre avances significativos. El sector público, por ejemplo, agrega, ha enfrentado recientemente infiltraciones en instituciones importantes, pero la falta de detalle sobre el alcance de estas brechas y el tipo de datos comprometidos evidencia una brecha en la transparencia que debe cerrarse.

Según el representante de ALAP, desde la perspectiva de la inversión extranjera, la protección de datos es hoy una moneda de cambio.

Sostiene que Panamá, en su aspiración de fortalecer su “Marca País”, debe entender que los inversores internacionales —especialmente aquellos que provienen de jurisdicciones con requerimientos de cumplimiento estrictos como la Unión Europea (UE)— analizan el entorno de privacidad antes de depositar su capital. “Estos inversores buscan seguridad para que sus casas matrices no se vean afectadas por operar en un país donde la protección de datos sea considerada un tema secundario”, mencionó Lin Barsallo, quien mencionó que la legislación panameña tiene una ventaja competitiva de origen al redactar el Decreto 285: se tomaron como referencia parámetros del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, una normativa garantista que rige uno de los bloques económicos más importantes del mundo.

“Esta alineación normativa es una invitación directa para que las empresas europeas inviertan en Panamá con la certeza de que encontrarán un lenguaje legal familiar y robusto”, aseveró Lin Barsallo.

En el ámbito de la innovación, el representante de ALAP es categórico: “no hay fintech ni Inteligencia Artificial (IA) si no hay tratamiento de datos”. Subraya que ambas industrias se nutren de la información, y la protección de datos es el marco sobre el cual operan de manera segura.

“Una herramienta de IA, por muy avanzada que sea, pierde su valor y su ética si se alimenta de una base de datos mal gestionada o recolectada sin las validaciones adecuadas. Por ello, el beneficio de una buena gestión de datos es transversal; no solo previene sanciones, sino que garantiza la calidad de la información matriz que hace funcionar a la tecnología moderna”, recalca.

El camino hacia la consolidación de Panamá como un hub digital y un referente regional en privacidad requiere una inversión real en recurso humano y técnico por parte del Estado.

Lin Barsallo compara la situación local con la de países como Ecuador, que, habiendo desarrollado su ley en tiempos similares, ha logrado una autoridad de control con más personal, tecnología y recursos. “No podemos pretender ser un referente regional con solo dos funcionarios en una dirección tan importante”, advierte.

Añade que “el fortalecimiento de la autoridad reguladora, junto con una labor docente hacia la población para que conozca sus derechos, es la única vía para que Panamá no solo sea un usuario de tecnología, sino un administrador y organizador eficiente de los recursos digitales en la región”.

Para el representante de ALAP, la ventaja competitiva es cuantificable. Explica que el valor reputacional de ofrecer “paz y tranquilidad” al cliente sobre el uso de sus datos es, en muchas ocasiones, superior al impacto de cualquier campaña publicitaria trimestral. “En un mercado saturado de información, la confianza se ha convertido en el producto más escaso y, por ende, en el más rentable”, concluye.