Reformas al Código de Recursos Minerales avanza en primer debate: ¿qué cambios se plantean?
- 13/04/2026 17:38
Los diputados hablaron sobre la necesidad de actualizar una normativa considerada obsoleta, pero también evidenció tensiones en torno al sustento técnico
La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional discutió en primer debate el proyecto de ley 579, que busca modificar disposiciones del Código de Recursos Minerales y actualizar la normativa sobre minería no metálica.
La iniciativa, presentada por la diputada Dana Castañeda, plantea incorporar criterios sociales y ambientales como requisitos prioritarios al momento de otorgar nuevas concesiones de canteras, con el fin de proteger comunidades, áreas turísticas y bienes públicos.
En la sesión, se expusieron ejemplos de conflictos recientes, como la oposición comunitaria a la cantera en el Cerro San Cristóbal en Natá y la concesión otorgada en Los Chorros de Olaa, ambos casos que reflejan el impacto social y ambiental de estas actividades.
El proyecto propone modificaciones específicas a varios artículos del Código. En el artículo 1 se establece que las áreas de reserva para concesiones de minerales no metálicos incluirán todas las tierras ubicadas a menos de 250 metros y hasta 2 kilómetros de viviendas y barriadas habitadas, a menos de 1 kilómetro de escuelas, centros médicos, iglesias y centros culturales, dentro de lugares turísticos a 2 kilómetros, y a menos de 2 kilómetros de carreteras, 3 kilómetros de autopistas y 2 kilómetros de poblados.
El artículo 2 señala que estas disposiciones aplicarán tanto a nuevas solicitudes como a prórrogas o renovaciones de concesiones, prohibiendo al Ministerio de Comercio e Industrias otorgar permisos en áreas de reserva.
El artículo 3 establece que todas las solicitudes en trámite que recaigan sobre áreas comprometidas quedarán rechazadas y deberán ser archivadas en un plazo de tres meses. Finalmente, el artículo 4 obliga a las concesiones vigentes a adecuar sus operaciones y establecer zonas de amortiguamiento conforme a las distancias mínimas, con el fin de disminuir el impacto ambiental y social.
Severo Sousa Gómez, nuevo presidente de la Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), comentó a este medio que se encuentran a favor de reformar el código minero siendo que es un decreto ley de 1963; por lo tanto presenta muchas desactualizaciones con las buenas prácticas de hoy día en minería responsable; pero debe ser una reforma integral y no por parches, y en donde participe el sector privado así como el Ministerio de Comercio e Industria (Mici) como responsable directo por el Ejecutivo, gobiernos locales y la parte civil interesada.
La discusión sobre la reforma del Código Minero en Panamá se ha intensificado desde finales de 2023, tras la suspensión de operaciones de Cobre Panamá, y ha vuelto a la Asamblea Nacional en 2026 con propuestas de actualización del marco jurídico.
Aunque el Gobierno inicialmente descartó una reforma inmediata, el tema ha estado en debate público y legislativo desde entonces
Durante el debate, la diputada Alexandra Brenes cuestionó el sustento técnico de las distancias propuestas, recordando que en la primera versión del proyecto se hablaba de poblaciones de más de 100 habitantes y ciudades de 300 habitantes, mientras que ahora se introducen seis parámetros distintos con kilometrajes específicos.
Brenes insistió en que las autoridades competentes deben validar estas cifras para garantizar que la ley tenga fundamento técnico.
La diputada Castañeda respondió que las distancias fueron definidas tras consultas con expertos en minería y voladuras, quienes señalaron que 2 kilómetros son suficientes para evitar rajaduras en viviendas y proteger áreas turísticas, mientras que 3 kilómetros resultan adecuados para autopistas.
Subrayó además la necesidad de coordinación entre el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) para evitar que se otorguen permisos de barriadas en zonas cercanas a concesiones.
El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, intervino para sugerir que el tema se lleve a una mesa técnica, poniendo a disposición el equipo legal y el departamento de recursos minerales del ministerio para revisar las distancias y atender las preocupaciones planteadas.
Moltó reiteró que el MICI está dispuesto a colaborar tanto en el segundo debate como en el análisis técnico previo.
Por su parte, el diputado Julio de la Guardia sugirió enviar el proyecto a una subcomisión, advirtiendo que la inclusión de distancias respecto a iglesias podría generar conflictos, dado que muchas funcionan en viviendas. Señaló además que en comunidades como Agua Blanca, en Penonomé, las canteras han deteriorado las calles sin asumir responsabilidades.
El diputado Jamis Acosta presentó el informe del MICI, que no se opone al proyecto y lo considera viable, destacando que puede pasar al segundo debate y ser modificado allí si es necesario.
El diputado Jhonathan Vega también respaldó la iniciativa, señalando que refleja problemáticas que se viven en el interior del país y que el tema de las distancias puede revisarse en el segundo debate.