‘Regular el etiquetado frontal unilateralmente afectará al comercio’, advierte Juliana Cortez

Los proyectos de Ley 445 y 402 en la Asamblea Nacional buscan implementar un etiquetado nutricional obligatorio en el país. Sin embargo, legislar al margen de los acuerdos regionales pone en riesgo la competitividad de una industria cuyas exportaciones centroamericanas alcanzan los $9,700 millones, de los cuales el 47% se genera entre países vecinos. Frente a esto, la postura de la Asociación Latinoamericana de Industrias de Alimentos y Bebidas (Alaiab) es clara: el único camino eficiente para proteger a los consumidores y a las pymes —que representan el 96% del sector— es la armonización técnica regional a través del marco del Sistema de Integración Económica Centroamericano (Sieca), afirmó su directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, Juliana Cortez Danese, en entrevista con La Estrella de Panamá, en la coyuntura del Foro de la Industria de Alimentos y Bebidas 2026 organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), la semana pasada.

El Sindicato de Industriales de Panamá es uno de nuestros socios y por eso celebramos este tipo de espacios en donde nos podemos articular como industria para poner en la discusión lo que está sucediendo hoy en Panamá. Para la industria es sumamente importante porque tenemos que velar por el desarrollo económico y la competitividad de este sector que es tan importante para el país. En lo particular, desde la Alaiab hablamos de temas, por ejemplo, del etiquetado frontal, que sabemos que Panamá está atravesando esta discusión en este momento. También pudimos traer un poco la experiencia regional en otros países para aprender de esas lecciones aprendidas y hablamos de los impuestos.

Algo que se está pasando por alto es que hace muchos años ya se viene dando un proceso de armonización regional en el marco del Sieca. Entonces, nosotros no tenemos que dejar de lado el camino de la armonización. No consideramos que Panamá tenga que avanzar regulando unilateralmente mientras a nivel regional ya se está discutiendo una propuesta entre sus aliados de Centroamérica. Alrededor del 47% del comercio se da entre los países vecinos; el mercado más importante es Centroamérica misma. No tenemos que descuidar estos aspectos porque, por supuesto que estamos a favor de un etiquetado frontal, pero no hay que perder de vista los aspectos sanitarios, regulatorios y económicos. La verdad nos preocupa un avance a nivel legislativo en Panamá, porque sabemos que el mejor camino es la armonización regulatoria.

Hagamos esta discusión en el marco del Sieca en donde estemos todos sentados en común, porque al fin y al cabo en la práctica no va a ser lo más eficiente regular unilateralmente (el etiquetado frontal) ya que estás afectando al comercio, a tus principales aliados comerciales. Imagínate también desde la perspectiva de una pyme. A ti como pequeño productor, cuando estás haciendo tu planeación, imagínate si tienes cinco tipos de etiquetados distintos; es sumamente engorros y, por supuesto, está la parte de costos. El 96% de la industria de alimentos y bebidas de toda América Latina y el Caribe son pymes. Por lo tanto, no tenemos que perder de vista esa perspectiva tampoco.

¡Exacto¡ Que pueda ser armonizado a nivel regulatorio y sobre la mejor evidencia científica disponible; es decir, modelos que permitan realmente al consumidor tomar decisiones informadas.

A lo largo del tiempo se ha intentado promover a los impuestos como una medida de salud pública. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que esto no es así. Si vamos a los documentos técnicos, los impuestos no son medidas costo-efectivas para reducir la obesidad. La obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles no se van a resolver por un etiquetado o por un impuesto. Por el contrario, tenemos que hablar de un enfoque integral. Se han promovido estos impuestos y se han aplicado en el resto del mundo; sin embargo, toda la experiencia nos muestra que es contraproducente y en todos los casos las tasas de obesidad siguen en alza.

¡Exacto! En el caso de Cook Country, se implementó el impuesto y duró solo cuatro meses. ¿Y qué dijo el gobierno? “Nosotros lo pensamos como una medida para cubrir el déficit presupuestario que teníamos”. Entonces, ¿es una medida de salud pública o es una medida recaudatoria? Tenemos estos distintos ejemplos internacionales concretos que nos permiten evidenciar que no funcionan. En el ámbito de Naciones Unidas ya se ha intentado posicionar a los impuestos y en todos los espacios se acordó que no hay evidencia científica disponible para recomendar ese tipo de medidas.

Sí, por supuesto, porque obviamente como se grava va a tener más costos. Y lo más importante es que no cumple el fin de salud pública para el cual se creó. Entonces, para nosotros es: no nos dejemos engañar, no lo vendamos como una medida de salud pública porque no es así.

Donde más lo vemos, por ejemplo, es el caso de Colombia, que tiene impuesto a los alimentos y a las bebidas, e igualmente en México. Pero sí sabemos que en Centroamérica se han presentado distintas iniciativas que buscan gravar ya sea los alimentos o las bebidas. Por eso es importante tener estos argumentos de primera mano antes de que se empiece a dar esa discusión.

Lo que nos pasa con nuestra región es que tomamos mucha referencia internacional; queremos extrapolar un modelo europeo a nuestra realidad y no es así. Estamos hablando de factores que influyen alrededor de 200: biología, cultura, factores psicológicos y factores demográficos. Un impuesto por sí solo o un etiquetado por sí solo no logra ese cometido.

Sí, puedo compartirte algunos casos que tenemos en el caso de impuestos: en Europa sí, pero mucho de lo que han hecho esos países es que, como vieron que estaban perdiendo empleos y competitividad, lo eliminaron directamente. Y en términos de etiquetado, independientemente de verlo por un lado de ventas para el sector, a mí me parece importante llevarlo para el lado de salud pública, pero así como se está dando la discusión, no va a lograr ese cometido de salud pública para el cual se construyó.

Acá encontramos distintos niveles de madurez. Por supuesto, hay grandes empresas que tienen una agenda mucho más elaborada, pero tenemos muchas pymes también que están trabajando en mayor o menor medida. El 60% de la industria tiene sistemas de evaluación de riesgos climáticos. Estamos viendo la parte de eficiencia de recursos, cómo podemos ser más sostenibles con, por ejemplo, el uso del agua y el uso de empaques. Hay una discusión internacional muy fuerte en donde se quiere construir un tratado global para terminar con la contaminación por plásticos. En eso la industria es superpartícipe porque, por supuesto, nosotros somos usuarios del plástico para poder poner los envases en el mercado, que sean inocuos y seguros.

Panamá concretamente en la discusión global de plásticos ha sido muy vocal y consciente de la problemática de la contaminación. Tiene un marco normativo, por ejemplo, que prohíbe plásticos de un solo uso, como sorbetes y ese tipo de productos. Gran parte de la región tiene una regulación de envases posconsumo; Panamá no tiene una como tal, pero entiendo que va hacia eso con el compromiso de poder posicionar sobre todo a América Latina como una industria responsable con el uso de los recursos.

Consideramos que tenemos que apropiarnos de estas nuevas herramientas. Por supuesto, la inteligencia artificial facilita muchas cosas; lo podemos ver desde el punto de vista de la comunicación entre las empresas en donde se utiliza, por ejemplo, para saber qué necesitan los consumidores, pero también lo vemos desde la parte técnica, por ejemplo, con sensores de inteligencia artificial para detectar si en una planta hay una fuga de agua. Creo que nuestra región necesita las condiciones para que la inteligencia artificial pueda dar sus frutos. Necesitamos también, desde los propios gobiernos, la promoción y quizás financiación en este tipo de tecnología, sobre todo para las pequeñas empresas.

Que desde la Alaiab estamos comprometidos con el desarrollo sostenible del sector. Hace nueve años que venimos representando a la industria de alimentos y bebidas de América Latina y el Caribe. Tenemos mucha experiencia en lo que ha pasado en el resto del mundo en términos de regulaciones, y queremos que Panamá pueda apropiarse de eso para tener un buen marco regulatorio.