Sector privado aboga por la libre empresa en el debate sobre la regulación de la buhonería

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, manifestó la postura del gremio frente al Proyecto de Ley 460, una iniciativa legislativa que pretende reconocer y regular el trabajo de los buhoneros en el país para facilitar su transición hacia la formalidad.

De Sanctis aclaró a La Estrella de Panamá que la actividad de la buhonería no es un terreno virgen en materia legal, recordando que existe una normativa vigente desde el año 1990 que ya rige este sector.

Para la representante de los ejecutivos, el renovado interés de la Asamblea Nacional por este tema podría obedecer a la llegada de nuevos diputados que buscan otorgar una dinámica distinta a la actividad desde el órgano legislativo, superando el alcance de las resoluciones alcaldicias que históricamente han controlado la materia. Sin embargo, fue enfática al señalar que este análisis debe realizarse con cautela para no entorpecer la naturaleza del comercio informal con procesos burocráticos innecesarios.

“Nosotros somos defensores de la libre empresa y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando empiezas a poner reglas que, en lugar de ayudar a los buhoneros a ejercer su profesión, lo que hacen es empezar a limitarlos”, advirtió la presidenta de Apede.

Según su visión, ya existen controles como el uso de carnés y diversas limitaciones operativas, por lo que el enfoque de cualquier nueva ley debe ser estrictamente el de “impulsar y no limitar” la capacidad de trabajo de estos ciudadanos.

El Proyecto de Ley 460, que actualmente se analiza en la Subcomisión de Asuntos Municipales, propone la creación de un marco jurídico que brinde seguridad a los trabajadores de la economía informal. Entre sus pilares se encuentra la formalización progresiva mediante incentivos, la creación de un censo nacional dme buhoneros para organizar su ubicación en los espacios públicos y la implementación de programas de capacitación que les permitan escalar sus negocios hacia la microempresa.

Pese a las buenas intenciones de la propuesta, la advertencia de Apede subraya un punto crítico: el riesgo de que la intención de “formalizar” se traduzca en una carga administrativa que los trabajadores no puedan sostener.

El debate continúa en la Asamblea, donde se busca equilibrar la necesidad de ordenamiento urbano y protección social con la flexibilidad que requiere el comercio al por menor para sobrevivir en las calles panameñas.