¿Tendrá que pagar Panamá $2,200 millones? El arbitraje de WeBuild entra en su etapa final

Tras la presentación de los escritos posteriores a la audiencia en diciembre de 2025, el arbitraje internacional interpuesto por la constructora italiana WeBuild S.p.A. contra la República de Panamá entra en su fase decisiva. El país se encuentra ahora en una cuenta regresiva jurídica a la espera del laudo arbitral que definirá si deberá o no pagar los $2,200 millones reclamados por la empresa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El caso, registrado bajo el expediente CIADI N.º ARB/20/10, se tramita al amparo del Tratado Bilateral de Inversión entre Italia y Panamá, firmado en 2009 y en vigor desde 2010. Tras más de cinco años de procedimiento, el tribunal arbitral ya cuenta con todos los elementos necesarios para deliberar y emitir su decisión.

El 15 de diciembre de 2025, ambas partes presentaron sus escritos posteriores a la audiencia, una etapa clave que suele marcar el cierre de la fase probatoria y argumentativa del proceso. Dos días después, el 17 de diciembre, el tribunal emitió la Orden Procesal No. 23, la última actuación registrada hasta la fecha, centrada en aspectos procedimentales.

Con ello, el expediente queda formalmente listo para la deliberación final del tribunal, integrado por Lucy Reed (Estados Unidos), como presidenta; Stanimir Alexandrov (Bulgaria), designado por la demandante; y Hélène Ruiz Fabri (Francia), designada por el Estado panameño.

A diferencia de los procesos judiciales nacionales, los arbitrajes de inversión ante el CIADI no tienen un plazo fijo para la emisión del laudo. Sin embargo, en la práctica, esta etapa puede extenderse por varios meses, dependiendo de la complejidad técnica y jurídica del caso.

En el arbitraje WeBuild contra Panamá, el tribunal debe pronunciarse tanto sobre objeciones preliminares de jurisdicción como sobre el fondo de la controversia, lo que añade un nivel adicional de análisis. El reclamo de la constructora italiana se basa en presuntas violaciones a los estándares de protección de inversiones previstos en el tratado bilateral, entre ellos el trato justo y equitativo.

El monto reclamado —alrededor de $2,200 millones— convierte este proceso en uno de los arbitrajes de inversión más relevantes que enfrenta actualmente el Estado panameño. Aunque la existencia del arbitraje no implica una condena automática, el caso representa una contingencia jurídica y fiscal significativa mientras no se emita una decisión definitiva.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lidera la defensa del país en este proceso, con el apoyo técnico de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), entidad que, si bien no es parte directa en el arbitraje, estuvo vinculada a los hechos que dieron origen a la controversia, relacionados con la construcción del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá.

La expectativa por el laudo de WeBuild se produce semanas después de que Panamá obtuviera un resultado favorable en el arbitraje iniciado por Sacyr, S.A., también integrante del consorcio constructor del proyecto de ampliación del Canal. En ese caso, el tribunal rechazó las reclamaciones de la empresa española y ordenó el pago de costos al Estado panameño.

No obstante, a diferencia del proceso contra Sacyr —basado en reclamos contractuales—, la demanda de WeBuild se sustenta en un tratado de protección de inversiones, lo que amplía el alcance del análisis del tribunal y eleva la complejidad del litigio.

Con los escritos ya presentados y la audiencia concluida, el arbitraje WeBuild contra Panamá entra en su fase final y silenciosa: la deliberación del tribunal. El próximo hito será la emisión del laudo arbitral, que pondrá fin a un proceso iniciado en 2020 y definirá si el Estado panameño enfrenta o no una de las mayores reclamaciones económicas de su historia reciente en el ámbito del arbitraje internacional de inversión.

Mientras tanto, el caso permanece pendiente en los registros del CIADI, y Panamá aguarda una decisión que será clave no solo en términos financieros, sino también para su posición jurídica y reputación como destino de inversión.