Tensiones en Medio Oriente: Volatilidad del combustible pone a prueba la disciplina fiscal de Panamá

La escalada del conflicto en Medio Oriente y la volatilidad del precio del petróleo está presionando las finanzas globales por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del comercio petrolero mundial. Si bien los países más afectados por el alza de combustibles incluyen a importadores asiáticos como: China, India, Japón, Corea del Sur, Pakistán; economías latinoamericanas como: Panamá, Chile, México y Argentina también sufren el impacto por la inflación energética que amenaza con encarecer alimentos y servicios básicos.

Panamá, como país importador de crudo, enfrenta el impacto directo de la volatilidad en los precios internacionales, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas para hacerle frente a la situación, que ponen a prueba su política fiscal establecida en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, reconoció que la coyuntura internacional ha obligado al Estado a destinar alrededor de $50 millones adicionales para sostener subsidios al transporte público, la electricidad y el gas, una cifra que puede variar semana a semana dependiendo de la volatilidad del crudo.

Chapman fue enfático al señalar que los recursos fiscales del país “no son ilimitados” y que cada medida debe ser pensada con prudencia, evitando improvisaciones. Además no descartó los recortes presupuestarios y de gasto para obtener fondos.

“Nuestras municiones y armamento son financieras, fiscales y se agotan. La pregunta es cuándo las usas, cómo y para qué profundidad”, afirmó, subrayando que el Gobierno ha conformado un equipo técnico que se reúne semanalmente para monitorear la evolución del conflicto y ajustar las decisiones de manera estratégica.

El ministro también advirtió que cualquier iniciativa legislativa que busque ampliar subsidios debe demostrar viabilidad financiera real, ya que prometer beneficios sin sustento pondría en riesgo la credibilidad del país y el cumplimiento de la regla fiscal.

Las presiones del conflicto en Medio Oriente surgen en un momento en que la LRSF establece una reducción del déficit al 3.5% del producto interno bruto (PIB) para 2026, con una trayectoria decreciente hasta alcanzar el 1.5% a partir de 2030.

La coyuntura aumenta la presión sobre la deuda pública, que asciende a $60,059 millones a febrero de 2026, en medio de un presupuesto récord de $34,901 millones. Aunque la recaudación de enero superó la meta por $70.4 millones, persisten tensiones fiscales, lo que ha llevado al país a recomprar deuda y buscar estabilizar sus finanzas tras años de alto endeudamiento.

En febrero de 2026, Chapman aseguró que el Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo del 6.23% del PIB en 2024 al 3.68% en 2025, superando la meta del 4.0% establecida por la Ley.

Esta corrección, aseveró el ministro del MEF, permitió subsanar casi el 40% del desequilibrio fiscal acumulado en un solo año, representando una mejora histórica de $2,069 millones en el balance fiscal.

Como complemento, economistas y financistas consultados por La Estrella de Panamá, coinciden en que los choques externos complican el cumplimiento de la regla fiscal, aunque difieren en las alternativas de respuesta.

Para el financista Allan Corbett, el eventual incumplimiento de la LRSF no afectaría la imagen internacional de Panamá, dado que se trata de un problema global.

En todo caso, Corbett sugirió retrasar proyectos públicos que aún no han iniciado y explorar alianzas público-privadas como mecanismo de reactivación económica.

El economista Patricio Mosquera, por su parte, advirtió que los subsidios generalizados deterioran la calidad del gasto público. A su juicio, “lo recomendable es avanzar hacia medidas temporales y focalizadas, dirigidas a los sectores más vulnerables, para equilibrar el alivio social con la disciplina fiscal que el país necesita para conservar credibilidad”.

El economista Raúl Moreira insistió en que antes de aumentar el déficit o recurrir a mayor endeudamiento, el Gobierno debe mostrar evidencias de racionalización del gasto, entre ellos mayor control en la movilización de vehículos oficiales, reducción de viáticos y ajustes en jornadas laborales. Solo después de esos pasos, dijo, debería evaluarse recurrir al Fondo de Ahorro de Panamá o a nueva deuda.

“Indudablemente Panamá se encuentra en un escenario de posible incumplimiento de la LRSF, pero esto solo debiera suceder una vez que se hayan mostrado evidencias de transparencia en el uso de los recursos”, puntualizó.

El economista Eric Molino planteó la necesidad de crear un fondo de estabilización de precios de combustibles, financiado en épocas de precios bajos para sostener subsidios en épocas de crisis.

Criticó la congelación de tarifas como medida poco sostenible y sugirió replantear subsidios como el del tanque de gas, que muchas veces no llega a los sectores más vulnerables. “El dinero no es infinito, y estamos en déficit. Cada propuesta debe responder a la pregunta: ¿cómo lo vamos a pagar?”, enfatizó Molino.

El experto en energía y combustibles, Rafael Jaén Williamson, recordó que Panamá no puede blindarse del aumento de los precios internacionales porque depende al 100% de la importación de derivados del petróleo. Sin embargo, destacó que el país cuenta con una fórmula de paridad de precios que se ajusta cada dos semanas y un marco regulatorio sólido que garantiza abastecimiento.

Williamson advirtió que lo que sí se debe hacer es regular el consumo interno, ya que a mayor consumo más divisas salen del país. Rechazó la intervención política en el mercado energético y sugirió medidas como ajustes en horarios laborales y campañas de racionalización del uso de combustibles.

Sobre los subsidios, fue claro: “En Panamá los subsidios han sido una mala historia. El tanquecito de gas tiene más de 30 años y no siempre llega a la población vulnerable”.

El especialista alertó que si el conflicto se prolonga, el gobierno podría perder capacidad de maniobra, pues mantener subsidios masivos implicaría destinar cientos de millones de dólares adicionales, lo que obligaría a endeudarse o aumentar impuestos.

El Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, precisó que el fenómeno internacional representa un impacto económico adicional de $5.4 millones que deberá ser distribuido entre todos los consumidores de gasolina y diésel del país en el próximo ajuste tarifario. “Durante los próximos 14 días, el ajuste en los precios representa aproximadamente $5.4 millones adicionales en el costo total del combustible que se consumirá en el país”, explicó.

La entidad recalcó que esta cifra refleja únicamente la diferencia entre dos períodos consecutivos de precios, aplicada al volumen estimado de consumo nacional.

Rodríguez advirtió que Panamá enfrenta un reto estructural debido a una dependencia de importación que roza el 100% en derivados del petróleo, con un consumo anual cercano a 700 millones de galones. “El precio en Panamá responde a los precios internacionales; nuestro compromiso es monitorear que el costo trasladado al cliente sea el correcto, pero no tenemos control sobre las variaciones globales”, concluyó.