Zona Libre de Colón: punto crítico de Panamá en el Índice de Comercio Ilícito

La Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) publicó el nuevo informe “Evaluación del desempeño de Centroamérica en el Índice de Comercio Ilícito”, ubicando a Panamá como el segundo país con mejor desempeño de la región en la lucha contra este flagelo, con un puntaje de 49.6. A nivel mundial, el país ocupa el puesto 81 entre 158 economías evaluadas.

A pesar de situarse en el segundo lugar regional —solo por detrás de Costa Rica (51.2) y superando a El Salvador (45.8), Belice (43.9), Guatemala (43.1), Honduras (39.3) y Nicaragua (33.3)—, el informe identifica riesgos estructurales críticos asociados directamente a la Zona Libre de Colón, una de las zonas francas más grandes del mundo.

El documento resalta que, si bien este hub desempeña un papel fundamental en la facilitación del comercio legítimo, también es ampliamente explotado para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la redistribución de productos ilícitos.

“Una vulnerabilidad central es la Zona Libre de Colón, que puede facilitar el comercio legítimo, pero sigue siendo una puerta de entrada para la distribución de productos ilícitos en toda la región”, advirtió Jeffrey Hardy, director General de TRACIT, al presentar los hallazgos en un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

La evaluación detalla que la “calificación de riesgo moderadamente alto” que mantiene Panamá se atribuye a sus puntajes relativamente bajos en las seis categorías del Índice, el cual mide la vulnerabilidad al comercio ilícito en relación con la sofisticación económica y el desarrollo institucional.

TRACIT alertó que los limitados mecanismos de supervisión en la Zona Libre de Colón permiten que las redes criminales aprovechen el área para el ocultamiento, el reempaquetado y la reexportación de medicamentos, tabaco y falsificaciones ilícitos.

Al analizar el panorama operativo, Hardy puntualizó las debilidades del sistema actual. “El desempeño de Panamá en el Índice de Comercio Ilícito refleja un sistema en el que unas capacidades aduaneras, regulatorias y de control relativamente sólidas se ven comprometidas por brechas en el monitoreo de la cadena de suministro y por la presencia de redes criminales organizadas”.

Hardy añadió que, aunque se reconocen logros recientes como la salida de Panamá de la lista gris del GAFI y de la lista de la UE de terceros países de alto riesgo, el cumplimiento regulatorio aún no se traduce en efectividad plena debido a que los procesos penales son escasos frente a la magnitud del problema en el país.

Por su parte, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, señaló que la posición geográfica privilegiada y la plataforma logística global de Panamá obligan a ser más rigurosos. Explicó que las estructuras ilícitas que operan en estos entornos crean una competencia desleal contra las empresas formales que pagan impuestos y generan empleo, desprotegiendo a los consumidores, restando recursos clave al Estado y ahuyentando la inversión extranjera.

“Comprar ilícito nunca es una práctica inofensiva”, puntualizó Barría Pino, subrayando que los principales rubros de contrabando siguen siendo el tabaco, los productos electrónicos, las falsificaciones y los artículos deportivos. “Lo vimos, por ejemplo, en las incautaciones que recientemente realizó la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) relacionadas con indumentaria falsificada de la selección nacional”, resaltó.

Frente a estas vulnerabilidades, la Autoridad Nacional de Aduanas ha implementado reformas que le permitieron a Panamá avanzar 13 puntos percentiles en el Índice general y 8 puntos en su pilar aduanero.

La directora de la institución, Soraya Valdivieso, reafirmó su compromiso para frenar el trasiego ilegal dentro de la zona franca. “Como prueba de esta lucha hemos fortalecido el trabajo interinstitucional junto a la Zona Libre de Colón para robustecer los mecanismos en la trazabilidad de los productos derivados del tabaco destinados a la exportación y reexportación, reforzando los mecanismos de control y seguimiento de la mercancía”, afirmó Valdivieso.

Para contrarrestar estas amenazas, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que la ANA ha logrado incautaciones de mercancías ilícitas por más de $42 millones en dos años de gestión —destacándose principalmente el comercio ilegal de cigarrillos— y una recaudación histórica que supera los $1,400 millones.

Moltó enfatizó que, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, el combate en la zona franca cuenta con herramientas de alta tecnología: “Panamá también ha recibido el apoyo del Gobierno de Estados Unidos con la donación de un escáner, valorado en más de $14 millones, que fue instalado en la Zona Libre de Colón. Asimismo, se está modernizando la institución y avanzando en la implementación del sistema de aduana común con Costa Rica”, detalló el ministro.

El informe de TRACIT concluye que, para mejorar la posición del país y mitigar los riesgos detectados es urgente implementar políticas públicas específicas para las zonas francas.

“Las autoridades deben tener acceso y control sobre la zona, además de la capacidad de sancionar a los delincuentes”, dijo Hardy.

“Los consumidores panameños están expuestos a todo tipo de productos falsificados que ingresan al país, principalmente desde China. Esa situación debe detenerse”, sugirió.

El ministro Moltó confirmó que el Ejecutivo evaluará estas sugerencias. “Son recomendaciones muy interesantes que estaremos evaluando para determinar cuáles pueden implementarse en Panamá. Sin duda, representan un aporte importante”, puntualizó el titular del MICI.