Zonas francas panameñas atraen $203 millones en inversión y proyectan crecer 15 % en 2026

En el complejo ajedrez del comercio global contemporáneo, donde las tensiones geopolíticas y los ajustes arancelarios redefinen las rutas de suministro, Panamá busca convertirse en un protagonista estratégico.

Según reveló Rodrigo Jaén, director general de Zonas Francas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el régimen bajo la Ley 32 atraviesa un momento de expansión sin precedentes. Como ejemplo, citó la reciente certificación que logró Panapark Free Zone como la primera zona franca de Panamá en lograr los estándares internacionales de seguridad BASC (Business Alliance for Secure Commerce). “Esto marca un hito que eleva la competitiva del país, ya que este avance es fundamental para consolidar la confianza del capital extranjero”, dijo.

Las cifras respaldan este optimismo. Solo en 2025, el MICI otorgó 35 nuevas licencias, de las cuales 29 corresponden a empresas y cuatro a nuevas zonas francas. Esta dinámica, dijo, inyectó más de $203 millones a la economía nacional y proyecta la creación de más de 1,400 nuevos empleos directos.

“El volumen de interés ha crecido de forma exponencial: mientras que en años anteriores se procesaban dos o tres solicitudes de licencia al mes, hoy el ministerio maneja un flujo de entre ocho y 10 solicitudes mensuales”, destacó Jaén.

A su juicio “este incremento responde a una estrategia coordinada con ProPanamá para atraer empresas que, debido a los aranceles impuestos por potencias como Estados Unidos o los conflictos en el Medio Oriente, buscan relocalizar sus operaciones en un entorno seguro y geográficamente privilegiado”.

El director de Zonas Francas subrayó que el país está capitalizando las crisis externas para fortalecer su industria local, proyectando un crecimiento de hasta el 15 % para el cierre de 2026 y la generación de miles de empleos en áreas estratégicas como Panamá Este y Colón.

Esta expansión física tiene un respaldo crítico en la seguridad. Sergio Naranjo, coordinador del Programa Global de Control de Carga y Pasajeros (PCCP) por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), destaca que “la colaboración con el sector privado es crucial para mitigar riesgos de comercio ilícito. Panamá, al ser un hub de conexiones transoceánicas y aéreas, es un punto de tránsito sensible para el tráfico de drogas, precursores y comercio fraudulento”.

Naranjo señala que, gracias a programas interagenciales y plataformas como AirCargoComm y ContainerComm, se ha logrado incautar más de 48 toneladas de sustancias ilícitas en puertos panameños, enviando un mensaje de control real a los mercados.

Para los inversionistas, este “blindaje” es sinónimo de rentabilidad. Magda Echeverría, CEO de Panapark Free Zone, explica que su complejo —el más grande del sector privado con 102 hectáreas— ya alberga a más de 60 empresas de potencias como Alemania, España y Estados Unidos.

“Desde Panamá se procesan manufacturas que llegan a más de 150 países. La certificación BASC garantiza que esa carga no sea contaminada, protegiendo la reputación y el capital de las multinacionales”, afirma Echeverría, quien además enfatiza que el modelo panameño busca replicar el éxito de vecinos como Costa Rica, donde las zonas francas ya representan más del 60 % de las exportaciones nacionales.

La CEO subraya que el impacto de una zona franca trasciende la infraestructura; se trata de un ecosistema que potencia la mano de obra calificada, genera transferencia de conocimiento y dinamiza el consumo de bienes y servicios locales. Con más de 1,000 empleos directos generados solo en su complejo, dijo, Panapark demuestra que el régimen es una herramienta poderosa para la formalización del trabajo en áreas como la 24 de Diciembre y Chepo.

Sin embargo, el crecimiento económico sería insostenible sin un marco de seguridad robusto. El coordinador del Programa de Control de Pasajeros y Carga enfatiza que la seguridad es el pilar que sostiene la competitividad logística de Panamá.

Explica que la UNODC trabaja en estrecha colaboración con el sector privado y el gobierno para interceptar el comercio ilícito, que incluye desde el tráfico de sustancias hasta la falsedad documental y el tráfico de flora y fauna.

Naranjo revela que, gracias a programas de control interagencial en puertos y aeropuertos, se han logrado más de 115 casos exitosos de detección con la incautación de más de 48 toneladas de droga. “El uso de plataformas encriptadas como ContainerComm permite un mapeo en tiempo real de las rutas de la criminalidad organizada, permitiendo que Panamá actúe como un faro de seguridad en una región sensible”, subraya.

“Panamá es un hub internacional y un país de tránsito crucial para conexiones directas con Europa, Asia y América”, señala Naranjo. El desafío para el 2026, según el experto, es continuar fortaleciendo la seguridad portuaria y combatir la corrupción interna, una tarea en la que el gobierno actual ha mostrado una “creciente preocupación e iniciativa fuerte”.

Asimismo, el director de Zonas Francas concluye en que “el éxito de una zona franca depende también de que el país garantice la confianza en los procesos de las instituciones y mantenga una infraestructura de servicios a la altura de las exigencias globales”.