Fracasa intento por castigar con cárcel el nepotismo y las “botellas”
- 15/10/2025 00:00
El anteproyecto de ley fue rechazado en la Comisión de Gobierno pese a que buscaba elevar las sanciones contra funcionarios que reciban salarios sin trabajar o nombren a familiares en cargos públicos. Su proponente lo calificó como un paso necesario para recuperar la confianza ciudadana
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional vivió este martes un debate cargado de tensión política y moral.
En el centro de la discusión: el anteproyecto de ley N° 213, presentado por el diputado Eduardo Gaitán Beitía, que propone castigar con cárcel a los funcionarios que practiquen el nepotismo o las “botellas” en el sector público.
El resultado fue cerrado y controvertido: cinco votos en contra y cuatro a favor. El proyecto fue rechazado en la etapa de prohijamiento, pero dejó al descubierto las grietas ideológicas dentro de la Asamblea sobre cómo enfrentar la corrupción interna.
El diputado proponente defendió con vehemencia que el país necesita sanciones ejemplares para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
Actualmente, el Código Penal castiga las “botellas” —nombramientos sin trabajo efectivo— con días-multa o trabajo comunitario, lo que, a juicio de Gaitán, “resulta una burla frente a la gravedad del daño que se le hace al erario público”.
La reforma busca elevar la sanción a prisión de 1 a 3 años para quienes acepten un nombramiento sin cumplir funciones. Pero la parte más polémica es la adición del artículo 349-A, que tipifica el nepotismo como delito penal.
El texto propuesto establecía penas de uno a cinco años de cárcel para el servidor público que nombre o influya en la contratación de un cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad. Además, el familiar beneficiado también enfrentaría prisión de uno a tres años.
Gaitán defendió la iniciativa alegando que el nepotismo “corroe la institucionalidad del Estado” y que “el peso del apellido no puede estar por encima del mérito”.
“Con este proyecto queremos abonar esperanza a los jóvenes profesionales que se preparan y quedan fuera del Estado por no tener un apellido influyente”, sostuvo.
El diputado, y presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho calificó el proyecto como “innecesario, desproporcionado e injusto”.
Con tono desafiante, lanzó una pregunta que encendió el debate: “¿Qué hacemos con el caso de un ministro de salud que nombra a su hijo doctor en un hospital? ¿Lo vamos a meter preso? Respóndame, diputado”.
Camacho defendió que el problema no es el parentesco, sino la falta de trabajo o de idoneidad profesional: “Para mí el pecado no es si tú eres pariente o no del que nombra. El pecado es que te nombren y no trabajes. O que te nombren de doctor y no seas médico. Que cobres un salario sin hacer nada, ese es el pecado”.
El diputado argumentó además que la iniciativa podría violar el derecho constitucional al trabajo, especialmente en profesiones donde la experiencia estatal es obligatoria, como medicina o educación.
“Me parece innoble e incorrecto decir que una persona, solo por ser familiar de un funcionario público, no puede trabajar donde quiera”, enfatizó.
El diputado Gaitán replicó que el Estado debe ser un ejemplo ético y no un refugio de privilegios familiares: “El derecho al trabajo es universal, pero lo público no es la única opción. Hay empresas privadas, hospitales privados y escuelas privadas. Lo que no se puede es convertir el Estado en una empresa familiar”.