Panamá y la (in)tolerancia a la informalidad del comercio popular

El flujo continuo de datos e indicadores sobre las altas tasas de desempleo, insatisfacción laboral, aumento del costo de la canasta familiar, bajos ingresos e informalidad, ha sido la nota característica de Panamá desde al menos la pandemia de 2020-2021. Eventos globales como la guerra en Ucrania (2022) y más recientemente, el cierre del Estrecho de Ormuz, -debido a la guerra entre Irán y Estados Unidos-, han generado recesión económica y más presiones inflacionarias sobre los hogares en Panamá y alrededor del mundo.

Según la más reciente encuesta de Gallup (abril 2026), el 74% de la población percibe una peor situación económica, mientras que el desempleo es preocupación personal para el 38%. El INEC señala que el desempleo afecta al 10.4% de la población (227,302 desocupados), mientras que unas 785 mil personas (47% de la población) se encuentran laborando en la informalidad. Un estudio de la Universidad de Panamá indica que, 71% de los trabajadores gana menos de B/.1,000.00, mientras que el costo de vida promedio estimado en B/.1,075.92. Una encuesta de Konzerta, señala que, el 83% de los trabajadores no ejerce la profesión que soñaba, mientras el 50% se siente frustrado.

Dentro de este flujo de datos, el aspecto más importante no es solo que falte empleo, sino que muchos empleos parecen no garantizar estabilidad económica ni satisfacción profesional. Por eso las noticias conectan cuatro dimensiones: desempleo, informalidad, bajos salarios y frustración laboral. En conjunto, apuntan a un problema de calidad del empleo y suficiencia del ingreso, más que a una simple falta de puestos de trabajo.

En este contexto, y a pesar de que las cifras y la ‘verdad de campo’, -esa que se percibe cuando se sale a la calle y se escucha el comentario del colega de trabajo, de la vendedora en la fonda, del taxista, del vecino-, coinciden en cuanto al diagnóstico respecto al impacto del desempleo y la informalidad en Panamá, la respuesta por parte del Estado parece ir en otra dirección.

Una de las noticias relacionada al empleo que ha caracterizado los últimos meses, ha sido los desalojos de comerciantes informales por parte de las autoridades municipales y del gobierno central en el área metropolitana. Estos desalojos han sido justificados bajo la premisa de la ocupación ilegal del espacio público en parques, aceras y servidumbres viales. En muchos casos estos desalojos se han realizado bajo el uso de la fuerza y violencia.

En una ciudad donde la informalidad es una característica que define la construcción de la ciudad (47% de los barrios), los servicios de transporte (plataformas digitales, buses piratas, mensajería), y efectivamente, la ocupación ilegal del espacio público por el comercio popular, pero también por ‘entes formales’, -tal como lo expuso el caso de la ocupación de la servidumbre del ‘Coco parque’-, o casos más del día a día como los renta autos o restaurantes. ¿Quién y cómo se decide quién debe ser expulsado de ese espacio que parece ser de todos, pero que debido a la falta de la autoridad del Estado ha sido ocupado por algunos?

La necesidad de poner orden, regular e integrar a la ciudad el comercio popular

Con niveles tan altos de desempleo, bajos niveles de escolaridad y baja producción de empleo en el sector privado, lo que les queda a muchos ciudadanos para generar un ingreso y sostener a sus familias, es la calle. Ocupar ‘la calle’ es un ejercicio de subsistencia.

Se hace en el parque del barrio, en las aceras de estaciones de metro y paradas de buses, en los alrededores de escuelas y hospitales, en la Cinta Costera, la Avenida Central y en Amador, y, en general, en lugares concurridos y de alto flujo peatonal. El comercio informal da respuesta a un sector de la población de ingresos bajos, que usualmente no consume en los locales comerciales formales.

El comercio popular se tolera y se ordena cuando sirve como complemento a eventos como desfiles y eventos multitudinarios. En esos momentos se establecen cuotas de personas que pueden ejercer el comercio popular, las zonas donde está permitido y se realizan las inspecciones correspondientes.

Por supuesto que el ordenamiento, control e inspección del comercio popular callejero es necesario y deseable, para evitar males que puedan estar relacionados con la delincuencia, mafias organizadas, contrabando, salud pública, limpieza y ornato, control migratorio, control del trabajo infantil, uso del espacio público, construcción segura, entre otros aspectos.

A pesar de su ubicuidad el comercio informal no aparece como un elemento dentro de la planificación urbana ni del diseño urbano. En los planes de ordenamiento urbano no aparecen referencias al comercio popular o informal, ni disposiciones sobre su gestión en el territorio. Su regulación se da mayormente en base a normativas de carácter nacional, que no están conectadas con el espacio urbano.

A nivel de diseño urbano, como mencionamos con anterioridad, no existen previsiones que contemplen espacios para la operación e integración de espacios para el comercio informal en el desarrollo de infraestructuras como, parques, estaciones de metro, paradas, escuelas u hospitales, a pesar de que es previsible que alrededor de estas infraestructuras las personas busquen ubicarse para realizar esta actividad debido al flujo de peatones que atraen.

Usualmente, cuando en Panamá se habla de los problemas relacionados con el desempleo y la informalidad, lo que predominan son los datos macroeconómicos sin alcanzar a detallar las variaciones de estos datos a niveles más específicos de corregimientos o áreas de la ciudad. Esto parece generar una disociación en las autoridades, quienes por un lado plantean un discurso de libre mercado, impulso al emprendimiento y la generación de empleo, pero que no parecen relacionar al comercio popular o informal, como un mecanismo de emprendimiento que necesita ser acompañado y orientado, no reprimido.

James Robinson, premio Nobel de economía 2024, en su ponencia en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 de CAF, planteó la informalidad no como un problema que debe ‘eliminarse’ mediante formalización o la criminalización. Su argumento fue más matizado: en América Latina existe una brecha entre las instituciones ideales, leyes, regulaciones, modelos de Estado-, y la realidad cotidiana. Esa brecha produce rezagos, pero también genera formas sociales de adaptación, creatividad y resolución práctica de problemas.

Desde la lógica de Robinson, habría que ver el comercio popular como una economía que ‘resuelve’ donde la ciudad formal no alcanza: abastece, conecta, abarata, genera ingresos y activa espacios. La tarea del urbanismo, panameño y latinoamericano en general, sería entonces ordenar, dotar de infraestructura, regular de manera proporcional e integrar esos circuitos a la ciudad formal, sin destruir las redes sociales y económicas que les dan sentido.