Bolivia vincula protestas con crimen organizado y apunta a Evo Morales

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, aseguró este martes 23 de junio, que las protestas y bloqueos registrados en su país están siendo financiados por estructuras del crimen organizado internacional y acusó al expresidente Evo Morales de impulsar acciones orientadas a desestabilizar al Gobierno.

Aramayo defendió la decisión de decretar un estado de excepción por 90 días y sostuvo que las autoridades bolivianas han identificado diferencias entre las manifestaciones sociales legítimas y aquellas acciones que, según afirmó, buscan afectar el orden democrático.

”Hay que discriminar aquello que es la protesta social asociada a la demanda de acciones que están relacionadas con la desestabilización de la democracia, que están abiertamente financiadas por el crimen organizado”, manifestó.

El canciller señaló que los hechos violentos registrados en Bolivia coinciden con las operaciones ejecutadas por el Estado contra organizaciones criminales internacionales, incluyendo acciones contra el narcotráfico y la captura de personas vinculadas a estas estructuras.

“En el momento en que Bolivia empieza a asestar golpes significativos contra el crimen organizado internacional, entonces se activan estos mecanismos en contra de la democracia”, afirmó.

Durante un intercambio con periodistas, Aramayo también responsabilizó al expresidente Evo Morales de promover acciones para provocar la caída del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

“El propósito del señor Morales es defenestrar un Gobierno constitucional y democráticamente elegido”, sostuvo.

Según el canciller, Morales asumió públicamente el liderazgo de las movilizaciones y planteó la convocatoria de elecciones en un plazo de 20 días, lo que, a juicio de las autoridades bolivianas, constituye un intento de alterar el orden institucional.

Aramayo aseguró además que cuando se intentó habilitar corredores humanitarios para el traslado de medicamentos, alimentos y otros suministros esenciales, grupos vinculados a las protestas respondieron con acciones violentas.

El jefe de la diplomacia boliviana afirmó que existe evidencia de financiamiento externo detrás de las movilizaciones y cuestionó que organizaciones sociales o comunidades indígenas puedan sostener por sí solas operaciones de gran escala.

“Es impensable creer que organizaciones sociales o pueblos indígenas puedan financiar una movilización de este tipo”, expresó. Según indicó, imágenes y reportes muestran el uso de vehículos de alta gama, logística, alimentos y otros recursos que, a su juicio, evidencian la participación de fondos provenientes del crimen organizado internacional.

Aramayo reconoció que el estado de excepción no resolverá por sí solo la situación y sostuvo que Bolivia necesitará cooperación internacional para enfrentar las amenazas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

En ese contexto, agradeció la decisión del presidente José Raúl Mulino de impulsar una misión integrada por cancilleres y ministros de Seguridad para analizar la situación boliviana y promover acciones conjuntas en el ámbito hemisférico.

“Esto demanda una acción colaborativa con los Estados, intercambiando información y mostrando acciones efectivas”, indicó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la apertura de la Asamblea General de la OEA, que reúne en Panamá a representantes de los países miembros para discutir temas relacionados con democracia, seguridad, cooperación regional y gobernabilidad.