Caso Cornell 7: Reabren investigación y aumentan las indagaciones sobre la respuesta de la universidad

El caso conocido como los “Cornell 7” vuelve a ser investigado luego de que una estudiante denunciara haber sido víctima de una agresión sexual en una fraternidad de la Universidad de Cornell en octubre de 2024. La acusación ha generado indignación y nuevos cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades universitarias y policiales.

La estudiante presentó una demanda civil en septiembre de 2026 en la que acusa a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas en la casa de la organización. Los señalados han negado las acusaciones a través de sus abogados y, hasta el momento, no han sido formalmente acusados de un delito.

El caso había sido cerrado inicialmente sin cargos criminales.

Sin embargo, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que la investigación será reabierta y que el caso podría ser presentado ante un gran jurado para determinar si existen elementos suficientes para formular cargos.

La decisión se produjo después de que nuevos documentos y testimonios pusieran nuevamente bajo escrutinio la investigación original. La estudiante había declarado ante la policía que algunos encuentros sexuales “se sintieron como coerción”, según documentos obtenidos por ABC News.

Uno de los elementos que más indignación ha provocado son los mensajes intercambiados en el grupo de Snapchat de la fraternidad la noche de los hechos denunciados.

Según documentos incluidos en la demanda y material obtenido por CBS News, uno de los integrantes escribió un mensaje preguntando si la mujer seguía disponible para tener relaciones sexuales, a lo que otro respondió afirmativamente.

Para los abogados de la denunciante, estos mensajes son relevantes para entender el contexto de lo ocurrido y la conducta del grupo.

Sin embargo, abogados de algunos de los acusados sostienen que los mensajes, aunque inapropiados, no demuestran por sí mismos que se haya cometido una agresión sexual.

El abogado de la denunciante también afirmó que solo dos de los siete estudiantes fueron expulsados y que otros recibieron sanciones menores, entre ellas talleres y la elaboración de ensayos.

La acusación de que algunos estudiantes pudieron cumplir un ensayo como parte de su sanción provocó fuertes críticas, aunque Cornell ha rechazado que los ensayos fueran el castigo único para alguno de los implicados y sostiene que se impusieron sanciones que incluyeron expulsiones y suspensiones.

La universidad “no puede” revelar públicamente los castigos individuales debido a las leyes de privacidad estudiantil.

El caso también ha provocado críticas hacia Cornell por la manera en que respondió a las acusaciones.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, solicitó una revisión independiente de la actuación de la universidad, mientras que la fiscal general del estado, Letitia James, inició una revisión sobre el manejo del caso por parte de Cornell. La universidad posteriormente aceptó avanzar con una investigación independiente.

Cornell ha señalado que realizó una investigación bajo el Título IX y que tomó medidas disciplinarias contra estudiantes involucrados.

La fraternidad Chi Phi relacionada con el caso fue suspendida de la universidad.