Crisis en Paraguay: el caso Ueno Bank y la trama que hizo caer al presidente Santiago Peña

Casi tres millones de paraguayos quedaron en medio de la incertidumbre tras la intervención pública de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras privadas del país. La medida del Banco Central paralizó sus operaciones y convirtió la preocupación por los ahorros en una crisis nacional con consecuencias económicas y políticas.

La relación empresarial que Santiago Peña mantuvo con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, antes de llegar a la Presidencia de Paraguay y durante parte de su mandato quedó en el centro de la crisis financiera que sacudió al país y terminó por llevarlo a presentar su renuncia ayer jueves 5 de noviembre.

Los cuestionamientos no se limitan a su antigua participación accionaria: también alcanzan decisiones adoptadas durante su Gobierno, nombramientos en organismos reguladores y la exposición de fondos públicos a la entidad bancaria.

Peña fue accionista del Grupo Vázquez, conglomerado empresarial que controlaba Ueno Bank, hasta marzo de 2025, cuando ya llevaba más de un año y medio en la Presidencia, cargo que asumió en agosto de 2023.

Ese vínculo empresarial se convirtió en uno de los principales argumentos de quienes cuestionaron posibles conflictos de intereses entre el poder político y el sector financiero.

La controversia tomó mayor fuerza luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara, el pasado 2 de noviembre, el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal requerido. La decisión suspendió las operaciones de la entidad y dejó a cerca de $2,9 millones de clientes sin acceso inmediato a sus cuentas y depósitos.

La dimensión del caso aumentó al conocerse que el banco administraba alrededor de $850 millones de dólares en fondos públicos. Entre los recursos señalados figuran inversiones y depósitos vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), la represa binacional de Itaipú y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La exposición de esos fondos se convirtió en otro de los puntos centrales de los cuestionamientos contra el Gobierno.

Lazos empresariales

La acusación política presentada contra Peña por parte de un bloque de 35 diputados de la oposición y de la disidencia del Partido Colorado, sostiene que sus relaciones con el grupo propietario de Ueno Bank debieron ser consideradas al momento de tomar decisiones que involucraban al sistema financiero y a los organismos encargados de supervisarlo.

Entre los señalamientos figura la designación de Carlos Carvallo, quien había encabezado Financiera Ueno, como presidente del Banco Central del Paraguay. Su trayectoria previa en una entidad relacionada con el grupo bancario abrió cuestionamientos sobre la independencia del organismo responsable de vigilar el sistema financiero. Carvallo dejó el cargo en medio de la crisis, luego de que Peña solicitara su renuncia.

También se cuestionan supuestas modificaciones regulatorias que, según los denunciantes, habrían favorecido a Ueno Bank, así como operaciones crediticias con empresas vinculadas a sus accionistas que presuntamente habrían superado los límites legales. Estos señalamientos forman parte de la acusación política y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.

Peña, por su parte, ha rechazado las insinuaciones de vínculos indebidos y ha sostenido que las posibles irregularidades deben ser investigadas por las instancias correspondientes.

Aunque ayer por la tarde la sesión que decidiría si llevar al mandatario a un juicio político terminó cayéndose por falta de cuórum, más tarde Peña señaló que colaborará en las investigaciones de lo ocurrido con las instituciones correspondientes para esclarecer la situación.

”Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República (...) Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”, expresó mediante un publicación en su cuenta de X.

Informe sobre operaciones

Otro elemento que adquirió relevancia en el escándalo fue el documento elaborado por Fernando Rivarola, exgerente de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del BCP. El memorando, fechado el 10 de julio de 2026, expuso observaciones sobre operaciones entre Ueno Bank, empresas relacionadas con sus accionistas y la firma Vinanzas S.A.

Rivarola había dejado su puesto en el Banco Central para incorporarse al directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo. En el documento advirtió sobre una posible financiación indirecta en la venta de una cartera de créditos del banco, al señalar que recursos originados en la propia entidad podrían haber sido utilizados, mediante terceros, para financiar la adquisición de activos bancarios.

El informe también llamó la atención sobre la exposición crediticia a empresas vinculadas y otras operaciones que, a juicio del exfuncionario, requerían una revisión más profunda. En el memorando solicitó que los hechos recibieran la mayor atención de las autoridades supervisoras.

El Banco Central reconoció haber recibido el documento, pero sostuvo que no fue considerado un acto formal de supervisión porque Rivarola ya no ocupaba el cargo cuando lo remitió. También indicó que el memorando no fue elevado al Directorio y que las operaciones observadas ya eran objeto de análisis mediante procedimientos internos y un sumario administrativo.

La existencia de alertas y documentos previos sobre las operaciones de Ueno Bank abrió nuevas preguntas sobre la actuación de los organismos reguladores y sobre si las advertencias fueron atendidas oportunamente.

Investigación penal y juicio político

La crisis también derivó en una investigación penal que alcanza a directivos del banco y representantes de empresas que habrían recibido créditos cuestionados. La Fiscalía imputó a 27 personas: ocho relacionadas directamente con la administración, dirección o fiscalización de Ueno Bank y otras 19 vinculadas con compañías cuyas operaciones forman parte de las pesquisas.

Entre los directivos señalados figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y antiguo CEO y vicepresidente primero de Ueno Bank; Juan Manuel Gustale Cardoni, exdirectivo de la entidad; y otros integrantes de su estructura administrativa y de fiscalización.

Las imputaciones no equivalen a una condena. Las autoridades deberán determinar si las operaciones investigadas constituyeron delitos y establecer las responsabilidades individuales.

En el ámbito político, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos el libelo acusatorio para someter a Peña a juicio político. La iniciativa incluyó señalamientos por presunto mal desempeño de funciones, conflictos de intereses, posible injerencia en organismos estatales y exposición de recursos públicos a los riesgos financieros de Ueno Bank.

La crisis también provocó una fractura dentro del oficialismo. Basilio Núñez, dirigente del Partido Colorado y presidente del Congreso, reclamó la salida del mandatario y respaldó el proceso político en su contra. La pérdida de apoyo dentro de su propio partido aumentó la presión sobre Peña.

En paralelo, legisladores anunciaron acciones ante la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el patrimonio del mandatario, entre ellos enriquecimiento ilícito. Peña no figura entre los 27 imputados por las operaciones de Ueno Bank y, hasta el momento, los señalamientos políticos no constituyen una declaración de responsabilidad penal en su contra.

Renuncia en medio de la crisis

Ante la presión política y las protestas de ahorristas que reclamaban recuperar sus depósitos, Peña anunció ayer jueves su renuncia a la Presidencia de Paraguay. En un mensaje público, afirmó que tomaba la decisión pensando en la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas.

La dimisión, sin embargo, no cerró el proceso político. La Cámara de Diputados aprobó la acusación de juicio político y rechazó la renuncia, por lo que la decisión quedó en manos del Senado, que debe pronunciarse sobre ambos asuntos. El vicepresidente Pedro Alliana es el llamado a sucederlo si la salida del mandatario se concreta.

La crisis de Ueno Bank pasó así de ser un problema de solvencia bancaria a convertirse en una controversia sobre la relación entre los negocios y el poder político en Paraguay. El antiguo vínculo de Peña con el grupo propietario, su permanencia como accionista hasta marzo de 2025 y las decisiones tomadas durante su administración quedaron bajo escrutinio en un caso que también compromete la confianza de millones de depositantes y la credibilidad de los organismos de supervisión financiera.

Al cierre de esta edición, el Congreso anunció este jueves, poco después del incidente por falta de cuórum, que convocará a un nuevo debate para continuar con el juicio político contra Peña.