De la Espriella endurece controles en las EPS y apunta contra Mario Urán

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó a los interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) abstenerse de sostener reuniones, encuentros o cualquier tipo de comunicación con el empresario Mario Andrés Urán, bajo advertencia de ser separados inmediatamente de sus cargos si incumplen la instrucción.

La decisión, anunciada este jueves 5 de noviembre a través de su cuenta en la red social X, está relacionada con los señalamientos que han rodeado a Urán por su presunta participación en irregularidades en la contratación y el manejo de recursos de entidades de salud intervenidas por el Estado.

“Los recursos de la salud son sagrados. Son para atender a los pacientes, garantizar sus tratamientos y suministrarles oportunamente sus medicamentos, no para enriquecer a intermediarios inescrupulosos”, escribió el mandatario.

De la Espriella también aseguró que durante su Gobierno se acabarán las mafias, los negociados y la corrupción en el sistema sanitario, incluidos los posibles negocios irregulares relacionados con medicamentos.

Sin embargo, el mandatario no detalló en su publicación cuál fue el hecho puntual que motivó la prohibición ni presentó nuevas pruebas contra Urán. Para entender el trasfondo de la orden es necesario revisar las investigaciones y denuncias que han involucrado al empresario.

¿Quién es Mario Urán?

El nombre de Mario Andrés Urán ha estado relacionado con investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos de la salud en Colombia.

Sus antecedentes con entidades intervenidas por el Estado y los señalamientos sobre posibles redes de direccionamiento de contratos estarían detrás de la decisión del presidente De la Espriella de prohibir a los interventores de las EPS mantener cualquier tipo de contacto con el empresario, de acuerdo a Caracol.

Uno de los antecedentes más importantes se remonta a octubre de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud anunció auditorías especiales a cuatro entidades: Coosalud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Asmet Salud y Emssanar.

La investigación surgió después de recibir una denuncia sobre la posible injerencia de Urán en la administración y el manejo de los recursos de estas entidades.

En un comunicado del 30 de octubre de 2024, la Superintendencia informó que había encontrado indicios de una presunta confabulación para direccionar contratos hacia determinadas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), utilizando la posición que Urán desempeñaba como asesor de Coosalud.

Entre los hallazgos preliminares también figuraban la concentración injustificada de pagos en determinados prestadores, la solicitud de autorizaciones a Urán para gestionar giros directos y el supuesto favorecimiento de laboratorios y marcas específicas mediante planes de compra presuntamente direccionados.

Presuntas oficinas paralelas

Otro de los episodios que vuelve a poner a Urán en el centro de la controversia se conoció en agosto de 2026, cuando el entonces superintendente de Salud, Daniel Quintero, denunció presuntas irregularidades relacionadas con contratos por $180,000 millones.

De acuerdo con una investigación publicada por Caracol Radio el 6 de agosto, Urán habría solicitado ese contrato para la empresa Papeles Aurora a través de la EPS SOS.

La denuncia también señalaba la existencia de supuestas “oficinas paralelas de contratación”, estructuras que presuntamente intervenían en las decisiones sobre qué empresas recibían contratos y cómo se utilizaban los recursos destinados a la atención de los pacientes.

Según Quintero, el patrón de posibles irregularidades también habría involucrado a otras sociedades, entre ellas Efeso y Grief Services.

Uno de los señalamientos más delicados apuntaba al presunto uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), destinados a financiar la atención médica de los afiliados, como garantía de créditos bancarios que habrían beneficiado a socios privados.

El entonces superintendente aseguró que los hallazgos fueron remitidos a la Fiscalía para que se investigara la posible responsabilidad de los involucrados.

Los señalamientos contra Urán también llegaron a otros organismos de control. En noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por el presunto manejo irregular de recursos de Coosalud, SOS, Asmet Salud y Emssanar, después de las denuncias presentadas por la Superintendencia de Salud.

Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una indagación preliminar contra Urán y otras personas por posibles hechos de corrupción relacionados con el sistema sanitario, según el diario El Espectador.

Por su parte, Coosalud sostuvo que la contratación de Urán se había realizado legalmente y que la entidad no era responsable de las actuaciones particulares que pudiera haber realizado utilizando indebidamente su correo institucional. La EPS también aseguró que terminó su relación contractual con él tras conocer los señalamientos.