Elecciones en Perú: balotaje entre Fujimori y López Aliaga en medio de crisis política

|La Estrella de Panamá
  • 14/04/2026 00:00

La primera vuelta presidencial en Perú deja un escenario polarizado y marcado por fallas logísticas, denuncias legales y una fuerte incertidumbre sobre el rumbo político del país.

Perú se adentra en una nueva etapa electoral marcada por la tensión, la incertidumbre y una profunda crisis de representación política, luego de una primera vuelta presidencial que no solo definió a los principales contendientes, sino que también dejó en evidencia las debilidades estructurales del sistema electoral y del propio Estado.

Los resultados preliminares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con cerca del 60 % de las actas procesadas, posicionan a Keiko Fujimori en el primer lugar con aproximadamente 16,9 % de los votos. Le sigue Rafael López Aliaga con cerca de 13,9 %, en una contienda que, aunque perfila un balotaje entre ambos, aún mantiene cierto margen de incertidumbre debido a los votos pendientes, principalmente provenientes de zonas rurales.

En ese escenario, otros candidatos como Roberto Sánchez, Jorge Nieto y Ricardo Belmont permanecen en la disputa por el segundo lugar, reflejando un panorama electoral altamente fragmentado y competitivo.

Sin embargo, más allá de los números, la jornada electoral estuvo marcada por una serie de irregularidades que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Retrasos en la distribución del material electoral impidieron la instalación de múltiples mesas de votación, especialmente en Lima, afectando a más de 50.000 electores que no pudieron ejercer su derecho al voto el domingo.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron extender la votación hasta el lunes en los centros afectados, una medida extraordinaria que evidenció fallas logísticas significativas y provocó críticas generalizadas. Largas filas, desorganización y malestar ciudadano fueron parte del escenario que acompañó esta atípica jornada.

Las consecuencias no se hicieron esperar. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra altos funcionarios de la ONPE y representantes de la empresa encargada del transporte del material electoral, por presuntos delitos que incluyen la obstrucción del proceso y la omisión de funciones.

Asimismo, se han iniciado investigaciones paralelas por parte de otros organismos de control, mientras que un funcionario electoral fue detenido, lo que ha intensificado la presión sobre las autoridades responsables del proceso. La empresa señalada, por su parte, ha rechazado las acusaciones, atribuyendo los retrasos a factores externos.

En el plano político, el escenario que se configura apunta a una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, lo que marcaría un hecho poco común en la historia reciente del país. Keiko Fujimori, quien busca la presidencia por cuarta vez, mantiene una base electoral sólida y un discurso centrado en el orden, la seguridad y la reactivación económica.

Su candidatura sigue siendo una de las más polarizantes del escenario político peruano. Mientras sus seguidores destacan su experiencia y la herencia política del fujimorismo, sus detractores cuestionan los antecedentes del gobierno de su padre y los procesos judiciales que la propia líder ha enfrentado en los últimos años.

Por su parte, Rafael López Aliaga ha emergido como una figura clave en este proceso electoral, consolidando un discurso de línea dura frente a la inseguridad y la crisis institucional. El exalcalde de Lima ha planteado medidas contundentes, como la construcción de cárceles en zonas aisladas y la expulsión de migrantes en situación irregular, propuestas que han generado respaldo en sectores conservadores, pero también críticas por su carácter controversial.

El posible enfrentamiento entre ambos candidatos reflejaría un giro hacia posiciones más conservadoras dentro del espectro político peruano, en un contexto regional donde también se observan tendencias similares.

No obstante, el trasfondo de esta elección va mucho más allá de la competencia entre candidaturas. Perú enfrenta una de las crisis políticas más prolongadas de su historia reciente. En la última década, el país ha tenido ocho presidentes, en medio de constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo, destituciones, renuncias y protestas sociales.

Uno de los principales desafíos es la seguridad. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento significativo en los índices de criminalidad, con homicidios que se han duplicado y extorsiones que se han multiplicado, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de la población.

La economía, aunque ha mostrado resiliencia en comparación con otros países de la región, también enfrenta presiones derivadas de la incertidumbre política, la desaceleración global y la falta de consensos internos para impulsar reformas estructurales.

En este contexto, el próximo presidente deberá enfrentar un escenario complejo, en el que será necesario equilibrar medidas de seguridad con políticas que promuevan la inversión, el crecimiento económico y la cohesión social.

Mientras tanto, el proceso electoral continúa bajo la mirada atenta de la ciudadanía y de la comunidad internacional. Aunque las misiones de observación han descartado indicios de fraude, sí han señalado la necesidad de fortalecer la organización electoral para evitar que se repitan los problemas registrados en esta primera vuelta.

El conteo de votos sigue avanzando, incluyendo las actas del extranjero y aquellas correspondientes a las mesas que fueron habilitadas de manera excepcional. Se espera que en los próximos días se confirme oficialmente la composición del balotaje.

La segunda vuelta, prevista para junio, será determinante no solo para definir al próximo presidente, sino también para marcar el rumbo político de Perú en los próximos años.