Gobierno de Colombia da por terminados diálogos de paz con el ELN y otros grupos armados
- 11/09/2026 11:00
Entre los procesos que quedan terminados están las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes.
El Gobierno de Colombia anunció este viernes 11 de septiembre el fin de todos los procesos de diálogo, espacios sociojurídicos y mecanismos de ubicación heredados de la administración anterior que, según la Presidencia, no demostraron avances concretos en materia de paz, desarme o sometimiento a la justicia.
La decisión, de acuerdo con un comunicado divulgado en Bogotá, se adopta en cumplimiento de instrucciones impartidas por el presidente Abelardo De La Espriella desde el pasado 7 de agosto.
Entre los procesos que quedan terminados están las mesas de negociación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, así como con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
También concluyen los espacios sociojurídicos de conversación con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y con estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
La Presidencia informó además que se levanta la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
El Gobierno colombiano señaló que durante el cuatrienio anterior se destinaron más de 7.000 millones de pesos (2.2. millones de dólares) exclusivamente al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores.
La cifra, según la Presidencia, no incluye los gastos relacionados con esquemas de seguridad, viáticos, zonas de ubicación y otros recursos sufragados por el Estado.
El Ejecutivo sostuvo que no mantendrá escenarios institucionales que, según su posición, sean utilizados para prolongar actividades delictivas, obtener beneficios procesales o evadir la justicia.
La Presidencia afirmó que las personas o estructuras que manifiesten una voluntad real de abandonar las armas deberán someterse a la justicia.
En contraste, advirtió que quienes continúen cometiendo actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.