Parlacen fija postura ante la salida de Nicaragua
- 05/10/2026 10:16
El ente regional enfatiza que los compromisos internacionales deben honrarse y mantendrá abiertas las vías de comunicación diplomática.
El Parlamento Centroamericano (Parlacen) informó este 4 de octubre desde su sede en Guatemala que analiza los alcances jurídicos y operativos de la postura manifestada por la República de Nicaragua sobre la desvinculación de su Tratado Constitutivo.
A través del comunicado compartido por la red social X, la entidad regional someterá la situación ante sus órganos internos de deliberación y garantizar el estricto cumplimiento del derecho internacional en la región.
Asimismo, el Parlacen sostuvo que: “toda modificación en la composición o participación de los Estados Parte debe procesarse bajo el estricto cumplimiento del derecho internacional, el principio pacta sunt servanda, la buena fe y estabilidad institucional”.
De igual forma, el organismo reafirmó que “preservar la institucionalidad comunitaria es indispensable para proyectar la voz de la región en el escenario global”, por lo cual mantendrá abiertos los canales de diálogo con los países miembros para atender sus inquietudes mediante los procedimientos correspondientes.
La Cancillería de Nicaragua envió una nota a la Junta Directiva del Parlacen y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala el 3 de octubre para formalizar la denuncia del Tratado Constitutivo firmado el 2 de octubre de 1987.
En el documento las autoridades de Managua argumentaron el uso de la soberanía nacional para declarar la separación con efecto inmediato respecto al organismo de integración.
Esta comunicación por parte del gobierno nicaragüense ocurrió de forma posterior a la aprobación el 2 de octubre de una resolución en la Organización de los Estados Americanos (OEA) relativa a las garantías ciudadanas en ese país.
Estas medidas siguen a decisiones previas adoptadas por la administración de Daniel Ortega en relación con su retiro de la OEA en 2023, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2025 y de la Corte Centroamericana de Justicia en marzo de ese mismo año.