Polémica en Colombia: Gobierno permitirá ingreso policial a universidades públicas ante disturbios

El Gobierno de Colombia anunció nuevas medidas para enfrentar hechos de violencia dentro de las universidades públicas. El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Policía podrá ingresar a los campus cuando se presenten actos de vandalismo, terrorismo o situaciones que representen una amenaza para el orden público.

La decisión contempla la creación de un protocolo nacional que establecerá los criterios para diferenciar las protestas pacíficas de aquellas acciones que, según las autoridades, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

De la Espriella defendió la medida al señalar que la autonomía universitaria no impide la actuación del Estado frente a hechos que puedan poner en riesgo a estudiantes, ciudadanos o miembros de la fuerza pública.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que los campus no pueden ser considerados territorios ajenos a la Constitución, las leyes o la autoridad estatal.

El presidente aseguró que su Gobierno mantendrá la protección al derecho a la protesta pacífica, siempre que esta se desarrolle dentro del marco constitucional y legal. Al mismo tiempo, marcó distancia con acciones como la destrucción de infraestructura, los ataques contra civiles o policías y lo que calificó como terrorismo urbano.

Como parte de la nueva estrategia, la Policía será considerada la “primera autoridad operativa” para atender este tipo de situaciones. Las fuerzas de seguridad podrán intervenir cuando existan indicios de que desde las universidades se están preparando actos vandálicos o terroristas.

“No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia”, manifestó De la Espriella.

El mandatario también advirtió que quienes utilicen las instalaciones universitarias para preparar ataques, almacenar elementos destinados a actos violentos o agredir a otras personas deberán responder ante las autoridades.

De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es garantizar que los centros educativos continúen siendo espacios para el estudio, el debate y la libre expresión, mientras se establecen límites frente a acciones que puedan constituir delitos o alterar gravemente el orden público.