Ueno Bank y 19 empresas de Grupo Vaszques fueron registradas en Panamá

Una investigación periodística del medio digital independiente paraguayo El Surti reveló cómo los registros comerciales en Panamá permitieron rastrear los vínculos corporativos entre el intervenido Ueno Bank y un entramado de 19 empresas pertenecientes al Grupo Vázquez, un esquema financiero y político que desembocó en la intervención de la entidad bancaria, la imputación de su cúpula directiva y la destitución por juicio político del presidente de Paraguay, Santiago Peña.

De acuerdo con el reportaje de El Surti, realizado a partir de registros oficiales panameños obtenidos en conjunto con el Proyecto de Reportaje sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP), mientras el banco paraguayo intentaba desvincularse formalmente ante los reguladores de varias firmas deudoras para eludir los límites legales de crédito, esas mismas compañías aparecían inscritas en Panamá como cotitulares de las marcas del conglomerado empresarial.

El detonante de la crisis ocurrió el 3 de noviembre de 2026, cuando Paraguay amaneció con la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que desató una fuerte agitación social y financiera que arrastró al entonces mandatario Santiago Peña.

El Congreso paraguayo destituyó a Peña por mal ejercicio de sus funciones —siendo sucedido en el cargo por Pedro Alliana para completar el periodo presidencial hasta agosto de 2028—, debido a que el exgobernante poseía acciones en una empresa del Grupo Vázquez y es investigado por la Fiscalía bajo sospecha de haber favorecido al banco durante su gestión, periodo en el cual la entidad recibió al menos 800 millones de dólares provenientes de instituciones públicas y cajas de jubilación entre 2023 y 2026.

Un día después de la intervención, el 4 de noviembre, el Ministerio Público paraguayo imputó a 27 personas por utilizar el dinero de los ahorristas de Ueno Bank para financiar irregularmente a empresas del propio grupo económico, incluyendo a Miguel Vázquez, principal accionista del holding, siete directivos del banco y 19 representantes de firmas deudoras.

Según la imputación fiscal y la denuncia previa del BCP, la entidad otorgó préstamos desproporcionados sin garantías ni respaldo documental a empresas del ecosistema Ueno, saldando las obligaciones con dinero que circulaba entre las mismas sociedades y recurriendo a la compra simulada de deudas cuando se superaban los topes legales, maniobras por las cuales Vázquez enfrenta cargos por lavado de activos y asociación criminal.

Para ocultar el exceso de financiamiento a partes relacionadas, en octubre de 2025 Ueno Bank solicitó a la Superintendencia de Bancos dejar de considerar como empresas vinculadas a tres de sus principales deudoras —MOWI, Grupo M y Grupo Hendy—, sin aportar documentación justificativa.

Para el senador opositor Rafael Filizzola, uno de los impulsores del juicio político contra Peña, esta maniobra buscaba encubrir los créditos irregulares, una versión respaldada por un análisis posterior de la Superintendencia de Bancos en mayo de 2026 y por la Comisión Nacional de la Competencia en julio del mismo año, que confirmaron que las tres firmas formaban parte de las 30 compañías del Grupo Vázquez.

Sin embargo, la documentación recopilada por El Surti y OCCRP en Panamá demostró que la relación societaria nunca se rompió en el extranjero.

Los registros del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) evidencian que entre el 5 y el 10 de septiembre de 2025 —apenas días antes de que se desembolsaran los cuestionados préstamos— se aprobó el registro de las marcas TUTI y UELA, publicadas en el boletín oficial 420 del 17 de octubre de ese año, el mismo mes en que el banco pidió desvincularse de las deudoras en Asunción.

En dichos documentos panameños figuran como dueñas cotitulares tanto MOWI y Grupo M como otras sociedades del conglomerado, entre ellas Ueno Seguros, Ueno Casa de Bolsa, U-Paraguay —controladora del banco—, ITTI, Vinanzas, Kaitel y Red Digital, operadora de las marcas Wepa y Upay adonde se desviaban los fondos.

La conexión panameña se remonta incluso a enero de 2024 y se consolidó el 27 de junio de 2025, fecha en la que el Grupo Vázquez inscribió en Panamá la marca UENO —destinada a servicios de tecnología financiera, criptoactivos, billeteras electrónicas, banca digital y operaciones bursátiles— junto con RED UTS.

Según detalló El Surti, en todos estos trámites gestionados a través del estudio jurídico panameño Cedeño y Méndez figuran como cotitulares las mismas 19 empresas, las cuales declararon una única dirección física compartida en las Torres del Paseo La Galería, en la avenida Santa Teresa de Asunción, complejo corporativo donde operan las oficinas del Grupo Vázquez y de ITTI, allanadas por la Fiscalía el 5 de noviembre de 2026.

El cruce de información realizado por el medio paraguayo establece que, de las 19 firmas registradas en Panamá, al menos siete han sido allanadas o tienen cuentas bloqueadas, 14 figuran directamente en las imputaciones fiscales o en la denuncia del BCP, y otras dos —Ueno Seguros e Impresión, Distribución y Logística (IDL)— tienen a sus directivos procesados, quedando únicamente tres (Inganta, Red UTS Paraguay y la aplicación MUV) fuera de los expedientes judiciales hasta el momento.

Asimismo, al menos 14 de los 27 imputados ocupan cargos directivos o accionarios en estas cotitulares panameñas, destacando el caso de César Astigarraga, expresidente de Grupo M, director ejecutivo de ITTI y hombre de confianza de Vázquez, quien se entregó a la justicia el 12 de noviembre tras permanecer dos días prófugo.

Sobre ITTI, la ministra de Trabajo paraguaya, Mónica Recalde, reveló a medios paraguayos que alrededor de 7,000 trabajadores directos, tanto en Paraguay como en el extranjero, han resultado afectados por la situación.

De ese total, unos 6,000 están relacionados con el banco y las empresas que operaban en territorio paraguayo, mientras que el resto corresponde a operaciones internacionales.

Recalde explicó que el impacto se extiende a varios países porque algunas compañías vinculadas al grupo empresarial ofrecían servicios tecnológicos y de soporte informático desde Paraguay, pero tenían trabajadores en otros mercados.

Entre los países mencionados por la ministra figuran Panamá, Nicaragua, Argentina y México.

Según detalló, recibió comunicaciones de empleados que prestaban servicios para Itti, una empresa paraguaya de tecnología fundada en 2004, perteneciente al Grupo Vázquez, dedicada al desarrollo de software y soluciones digitales para los sectores financiero y corporativo.

La Estrella de Panamá intentó contactar a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, para conocer si las autoridades panameñas tienen información sobre los empleados afectados y qué medidas podrían adoptar ante esta situación.

Al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta oficial. No obstante, este diario conoció que no han habido denuncias al respecto.

Asimismo, La Decana conoció que los empleados panameños que laboraban para la empresa paraguaya deberían regirse por las normas laborales del país de la empresa contratista, según la información obtenida por este medio.

Los registros panameños expusieron el nexo con el conglomerado de la firma Office Design, una de las seis empresas que recibieron créditos de Ueno bajo un patrón irregular pero cuya vinculación directa inicialmente no constaba en el acta de imputación contra los directivos.

De acuerdo con El Surti, Office Design aparece desde enero de 2024 entre las 19 cotitulares de las marcas del Grupo Vázquez en Panamá con el mismo domicilio en Asunción, dato que coincide con el pedido de prisión preventiva contra Vázquez, donde la Fiscalía advierte que dicha empresa pertenecía a ITTI o al Grupo Vázquez justo antes de recibir los préstamos.

El reportaje subraya además que Office Design experimentó un notable salto en contrataciones estatales durante la administración de Santiago Peña, pasando de una adjudicación de $3.760 en 2014 a un contrato de $104.067 con el Ministerio de Defensa en 2024, formando parte de un grupo de seis empresas ligadas al holding que acumularon adjudicaciones públicas por $46,2 millones entre 2023 y 2026, cuatro de ellas inscritas como propietarias de las marcas del grupo en territorio panameño.