Amnistía en Venezuela: qué propone Delcy Rodríguez, el cierre del Helicoide y por qué crece el escepticismo

Delcy Rodríguez anunció este viernes 30 de enero la presentación de una Ley de Amnistía General que, según explicó, busca “favorecer la convivencia en Venezuela” tras años de confrontación política.

El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia, ante magistrados y autoridades del Estado, y será remitido con carácter urgente a la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.

Aunque el texto definitivo de la ley aún no ha sido presentado, la propuesta apunta a beneficiar a cientos de presos y perseguidos políticos, con la posibilidad no solo de excarcelaciones, sino también de la eliminación de causas penales asociadas a delitos de carácter político cometidos desde 1999 hasta la actualidad.

De acuerdo con lo adelantado por el Ejecutivo, la amnistía no incluiría delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones a los derechos humanos, y se plantea como un mecanismo de reconciliación nacional y pacificación.

En el mismo acto, Rodríguez anunció además el cierre del Helicoide, la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Caracas, señalada durante años por organizaciones nacionales e internacionales como uno de los principales centros de detención y tortura del país.

Según la presidenta interina, ese complejo será transformado en un centro de servicios sociales y comunitarios, con fines de atención ciudadana.

Durante su discurso, Rodríguez hizo referencia a una experiencia personal al señalar que su padre estuvo preso y murió como consecuencia de torturas, afirmando que Venezuela necesita “más justicia y más tutela jurídica”.

Críticas, expectativas y opiniones a favor de la Ley de Amnistía

El anuncio, sin embargo, ha sido recibido con una mezcla de expectativa, cautela y escepticismo. La organización Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, valoró positivamente la iniciativa, pero advirtió que la amnistía solo será efectiva si cumple condiciones claras.

En un comunicado, la ONG subrayó la necesidad de que la ley cuente con la participación activa de la sociedad civil y de las víctimas, respete la Constitución —que prohíbe amnistiar crímenes de lesa humanidad—, garantice la no repetición de violaciones a los derechos humanos y se aplique conforme a estándares nacionales e internacionales.

Foro Penal recordó además que más de 700 presos políticos permanecen aún privados de libertad y pidió que las excarcelaciones continúen mientras se discute la ley.

Desde el ámbito periodístico, la reacción ha sido más crítica. La periodista Carla Angulo interpretó el anuncio como un reconocimiento implícito de que Venezuela ha vivido un período sostenido de violencia política desde 1999, pero advirtió que, en el contexto actual, “hay que esperar los hechos, no las palabras”.

Angulo cuestionó la autoría real de las decisiones anunciadas y sostuvo que el cierre del Helicoide no sería una iniciativa propia del gobierno interino, sino el resultado de presiones externas, particularmente desde Estados Unidos.

En esa línea, afirmó que el foco no debería limitarse a ese centro de detención, recordando que existen decenas de centros de tortura en todo el país, incluidos espacios clandestinos que no forman parte del discurso oficial.

Así, mientras familiares de presos políticos observan el anuncio con esperanza y sectores sociales hablan de una oportunidad histórica para avanzar hacia la reconciliación, otros actores insisten en que la clave estará en la rapidez con la que actúe la Asamblea Nacional, en el contenido real de la ley y, sobre todo, en su aplicación efectiva.