CK Hutchison analiza posibles demandas contra Panamá tras la toma del control de los puertos de Balboa y Cristóbal
- 24/02/2026 09:38
CK Hutchison indicó que el Estado de Panamá es responsable por los daños y perjuicios derivados de lo que calificó como acciones confiscatorias.
La empresa china CK Hutchison Holdings Limited anunció que analiza tomar acciones legales nacionales e internacionales contra la República de Panamá tras la toma de control de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, operadas por su filial Panama Ports Company, S.A. (PPC).
El conglomerado, con sede en Hong Kong, informó que este lunes 23 de febrero representantes del Gobierno panameño ingresaron físicamente a ambas terminales y asumieron el control administrativo y operativo sin invitación previa.
Según la compañía, los funcionarios comunicaron a los directivos de PPC que la concesión había dejado de existir y que la empresa debía cesar de inmediato sus operaciones.
CK Hutchison indicó que también se informó a los empleados que serían transferidos fuera de PPC, que no debían mantener comunicación con la empresa y que debían acatar instrucciones gubernamentales, bajo advertencia de posibles acciones penales. Desde entonces, el Estado panameño mantiene el control de las instalaciones, ubicadas en las entradas del Canal.
La empresa señaló que la toma de control se produjo luego de la publicación en la Gaceta Oficial No. 30468 del fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá sobre la Ley N.º 5 del 16 de enero de 1997, anunciado el 29 de enero de 2026, así como de un Decreto Ejecutivo que ordena la “ocupación” de todos los bienes muebles de PPC con la participación de las entidades estatales correspondientes.
Con base en estos hechos, CK Hutchison manifestó que entiende que la concesión para operar las terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal quedó terminada el 23 de febrero de 2026. Añadió que las acciones del Estado imposibilitaron la continuidad de las operaciones, por lo que PPC cesó todas sus actividades ese mismo día.
La compañía sostuvo que considera ilegales la sentencia, el Decreto Ejecutivo, la supuesta terminación de la concesión y la toma de control de las instalaciones.
Además, afirmó que las medidas adoptadas representan riesgos para las operaciones, la salud y la seguridad en las terminales y que ninguna de las acciones fue coordinada ni consultada con PPC.
CK Hutchison indicó que el Estado de Panamá es responsable por los daños y perjuicios derivados de lo que calificó como acciones confiscatorias. Asimismo, señaló que PPC y la casa matriz continuarán consultando con sus asesores legales para evaluar todos los recursos disponibles, incluyendo procedimientos adicionales contra la República de Panamá, sus agentes y terceros vinculados al caso.