Costa Rica regularizará a miles de migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández , durante su ceremonia de investidura, en el Estadio Nacional de San José (Costa Rica), el pasado 8 de mayo. EFE
  • 02/06/2026 18:28

El Gobierno de Costa Rica anunció la creación de una categoría migratoria especial que permitirá regularizar a miles de solicitantes de refugio procedentes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia, otorgándoles residencia legal y permiso de trabajo

Costa Rica emprenderá un proceso de regularización para miles de solicitantes de refugio procedentes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia, quienes actualmente se encuentran en un limbo legal respecto a su estatus migratorio dentro del país centroamericano.

El Gobierno de la presidenta Laura Fernández anunció esta semana la creación de una “categoría especial” con la que busca otorgar un estatus migratorio definido a aproximadamente 10.480 solicitantes de refugio, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería al diario español El País. No obstante, al inicio de 2026 unas 318.000 personas permanecían a la espera de una resolución sobre su situación migratoria.

Por su parte, el Servicio Jesuita para Migrantes indicó que solo durante 2025 se registraron alrededor de 29.000 nuevos solicitantes de refugio provenientes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Colombia.

Se prevé que la medida beneficie a quienes solicitaron refugio después de junio de 2014 y antes del 7 de mayo de 2026. Incluso podrán acogerse a ella personas cuyas solicitudes hayan sido rechazadas previamente.

Asimismo, las autoridades prevén abrir el proceso de inscripción a partir de septiembre, otorgando a los interesados un plazo de un año para solicitar esta nueva categoría migratoria. El mecanismo concederá dos años de residencia legal prorrogable en Costa Rica, además del derecho a trabajar de forma regular en el país.

Las autoridades migratorias costarricenses admitieron a El País que hasta 300.000 personas podrían beneficiarse de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Fernández.

La medida supone un giro respecto a la política migratoria aplicada por la administración anterior de Rodrigo Chaves (2022-2026), que endureció los requisitos para solicitar asilo al modificar el estatus de los peticionarios, pasando de la categoría de “refugiado” a la de “solicitante de refugio”.

Entre otras disposiciones, el Gobierno de Chaves estableció que las solicitudes de protección internacional debían presentarse de forma presencial y dentro de un plazo máximo de 30 días tras el ingreso al país.

En febrero de 2023, Chaves lamentó la falta de apoyo financiero por parte de países como Estados Unidos y de organismos internacionales como las Naciones Unidas para atender el creciente flujo de ciudadanos nicaragüenses que huían de la persecución política atribuida al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.