EE. UU. envía garantías a Costa Rica y se acerca la extradición de exministro de Seguridad
- 12/03/2026 15:02
Las autoridades estadounidenses se comprometieron a que una eventual condena no supere los 50 años de prisión y a reconocer el tiempo de detención cumplido en Costa Rica.
El Ministerio Público de Costa Rica confirmó que el gobierno de Estados Unidos remitió las promesas formales solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José dentro del proceso de extradición seguido contra el exministro de Seguridad Celso Gamboa Sánchez y su socio, Edwin López Vega.
Ambos fueron acusados por la Fiscalía del Distrito Este de Texas de los delitos de asociación ilícita y distribución internacional de grandes cantidades de cocaína.
De acuerdo con la Fiscalía, dicha documentación a fue remitida al Tribunal Penal de San José, instancia que deberá continuar con el trámite correspondiente dentro del proceso de extradición.
Las promesas constituyen un requisito solicitado por el tribunal que conoció la apelación presentada dentro del procedimiento, mediante el cual el Estado requirente brinda garantías formales respecto al tratamiento jurídico que recibirán las personas requeridas.
En este caso, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a que, de imponerse una condena, esta no excedería el máximo de 50 años de prisión, que corresponde al límite de pena establecido en la legislación costarricense.
Asimismo, ofreció la garantía de que se descontará del eventual cómputo de la pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.
Con la recepción de estos documentos, los mismos deben ser analizados por un tribunal competente, a efecto de que el proceso avance hacia la fase final del trámite, por lo que ambos imputados quedarían en condición de ser extraditados a Estados Unidos, una vez que se completen las diligencias judiciales correspondientes.
El Ministerio Público reiteró que el trámite de extradición se desarrolla conforme a la normativa vigente y bajo la supervisión de las autoridades judiciales competentes.