El fallo que preocupa a Perú: China podría operar un puerto estratégico sin control

Una imagen de archivo de una vista aérea donde se muestra el “Megapuerto” de Chancay, en el pequeño pueblo de Chancay, a 78 kilómetros al norte de Lima, Perú. Connie France | AFP
  • 10/02/2026 13:00

El fallo, dictado por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, limita las facultades del organismo estatal sobre el terminal portuario.

Una reciente decisión del Poder Judicial de Perú ha generado preocupación en sectores políticos y reguladores, tras declarar fundada una acción de amparo presentada por la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., vinculada a capitales chinos, y ordenar que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) se abstenga de supervisar, fiscalizar, sancionar o regular las operaciones del megapuerto de Chancay.

El fallo, dictado por el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, limita las facultades del organismo estatal sobre el terminal portuario, excepto en casos específicos como la fijación de tarifas, y solo bajo condiciones estrictas establecidas por la sentencia.

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, calificó el fallo como un hecho “sin precedentes” y advirtió que deja a los usuarios desprotegidos frente a posibles irregularidades y ausencia de control estatal efectivo en el puerto.

La entidad anunciaba que presentará un recurso de apelación contra la decisión judicial.

El megapuerto de Chancay, ubicado en el departamento de Lima, es una obra estratégica construida con una inversión millonaria y operada en un 60 % por la empresa estatal china Cosco Shipping Ports y un 40 % por la peruana Volcan, con el objetivo de convertir el país en un hub logístico clave entre Asia y Sudamérica.

El fallo judicial ha reabierto el debate sobre la soberanía portuaria, la regulación estatal y el papel de empresas extranjeras en infraestructuras estratégicas, así como las implicancias para la competitividad del sector marítimo peruano y la seguridad jurídica de inversiones millonarias en el país.