La violencia de los grupos armados marca la víspera de las elecciones en Colombia

El panorama electoral en Colombia se ha visto enrarecido en los últimos días por la violencia ejercida por grupos armados y por las denuncias de amenazas contra la seguridad de algunos de los principales candidatos, entre ellos Iván Cepeda y Paloma Valencia.

Asimismo, el coordinador de campaña del candidato de derecha Abelardo de La Espriella fue asesinado a tiros la noche del pasado 15 de mayo junto al exsecretario de Gobierno del municipio, Fabián Cardona, considerado su principal colaborador. La precampaña presidencial, en tanto, estuvo marcada por el asesinato del precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio de 2025.

Uno de los territorios que concentra la atención de las autoridades es el departamento del Guaviare. Según declaraciones recogidas por el diario El Tiempo, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, afirmó que los enfrentamientos entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por alias Iván Mordisco y las de Marcos Calarcá, que han dejado al menos 48 muertos, no pondrían en riesgo la celebración de las elecciones.

El alto mando militar explicó que las cabeceras municipales donde se instalarán los puestos de votación no se encuentran comprometidas por los combates que se registran en esta zona del centro-sur del país.

No obstante, el diario también recogió declaraciones del alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, quien advirtió sobre una posible disminución de la participación electoral debido a que numerosos ciudadanos podrían optar por permanecer en sus hogares ante la situación de inseguridad.

Frente a este escenario, las autoridades evalúan medidas urgentes dentro del Plan Democracia 2026. Para garantizar la seguridad de la jornada electoral, más de 400.000 militares y policías serán desplegados en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el diario El País, la Fuerza Pública colombiana estima que existen más de 27.000 integrantes de grupos armados organizados y al menos 14 zonas de disputa activa entre actores ilegales. Estas cifras, recopiladas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), reflejan la persistencia de la violencia armada en distintas regiones del país.

Muchos de los integrantes reclutados por estas organizaciones ilegales son menores de edad, una realidad que evidencia las secuelas aún presentes del posconflicto, diez años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC.

Por su parte, activistas de derechos humanos como Lina Tabares han advertido sobre la incertidumbre respecto al mensaje que grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pretenden transmitir a las comunidades afectadas por la violencia.

“Lo que no se sabe es si quieren enviar el mensaje de que no se vaya a votar o, por el contrario, incentivar la participación. Lo cierto es que la violencia suele incrementarse en torno a los procesos electorales”, señaló Tabares en declaraciones difundidas por la agencia Associated Press.